¿Puede la economía española confiar en la I+D para salir de la crisis?

De un tiempo a esta parte, la I+D+i aparece con inusitada frecuencia en escritos que tratan de economía, sociedad e, incluso, de investigación. La crisis ha hecho que la compleja actividad que define estas siglas se considere imprescindible en el nuevo modelo económico que todos necesitamos. Muchos opinamos que una causa más de nuestra situación actual es no haber reconocido, cuando estábamos en la abundancia, la importancia de la I+D+i, y que esto dificultará todavía más nuestra recuperación económica.

Si realmente ya creemos que la I+D+i es necesaria, debemos distinguir cada una de las diferentes acciones que están incluidas en estas siglas, con su papel y la responsabilidad que les corresponde en este difícil proceso de recuperación económica. Esta distinción es imprescindible si queremos que los recortes, que se nos presentan como inevitables, no destruyan las capacidades ya adquiridas, que son necesarias para salir de la crisis y que lo serán más cuando esta acabe. Así, deberá distinguirse entre las acciones que servirán para acelerar la salida de la crisis y las que servirán para sostener la competitividad española en el futuro orden económico mundial. Estos son los criterios que deberían guiar las decisiones de asignación de recursos públicos y las estrategias empresariales.

Para empezar, hay que advertir que las siglas I+D+i son un invento español que pocos entienden fuera de nuestras fronteras. La OCDE, que ha sido desde siempre el organismo que ha generado la terminología para hablar de la creación y uso del conocimiento con fines económicos, solo distingue entre I+D, entendida como las acciones que generan conocimiento, y la Innovación, que se refiere exclusivamente a todas las que realizan las empresas, tanto para generar conocimiento como para utilizarlo en la mejora de su oferta.

La I+D, por tanto, es la actividad, tanto pública como privada, que genera conocimiento. Conocimiento de muy diversa naturaleza: desde el que nos ayudará a entender mejor el mundo en que vivimos, hasta el que nos resolverá, cuando sea adecuadamente usado, necesidades perentorias. Conocimiento que será tanto de utilidad inmediata como de virtual utilización cuando se haya avanzado en otros muchos conocimientos, quizá todavía no identificados. Pero en todo caso, conocimientos que, como bien demuestra la historia, son los que hacen progresar a la humanidad.

La I+D tiene, no por capricho, dos letras que pretenden identificar dos grupos de acciones con fronteras cada vez más borrosas. La I, de Investigación, sería para las que solo pretenden avanzar en el conocimiento, sea este o no inmediatamente utilizable. La D, de Desarrollo, se reservaría para la generación de conocimiento que da utilidad al que genera la I. Es la actividad que contribuye a la viabilidad técnica y comercial de cualquier idea, generando el conocimiento necesario para materializar demostradores o prototipos. Como norma general, pero en absoluto determinante, puede pensarse que la I sería una ocupación predominante en la actividad pública y la D en la privada.

Los estímulos más adecuados son la fiscalidad y la compra pública de tecnología

La Innovación, en el sentido que le da la OCDE, es la actividad empresarial que genera conocimiento, usa el que está disponible y crea nuevos o mejorados productos y servicios que tienen éxito en el mercado. Porque sin este éxito no hay Innovación. La empresa hace I+D, seguramente mucha más D que I, y otras cosas más para que el conocimiento —generado por o para ella y el adquirido de cualquier otra fuente— llegue a integrarse en una oferta exitosa.

En España, por razones cuestionables, hemos introducido la i, que en rigor estaría compuesta por una variedad de acciones que, en la terminología de la OCDE, son las que deben realizar las empresas para innovar, si se excluye la I+D generada internamente o contratada en el exterior. Siguiendo las definiciones de este Organismo, la i englobaría, por una parte, la compra de tecnología incorporada a bienes de equipo, productos semielaborados, patentes, licencias, know-how, etcétera. Y, por otra, todas las acciones de preparación para la producción de los nuevos productos y servicios, como ingeniería, diseño, formación, preseries, etcétera, además de otras más específicas que preparan la futura comercialización, como son los muestrarios de ciertas industrias.

El gran contenido semántico de las siglas I+D+i obliga a tratarlas con cierta precaución cuando se las utiliza en un contexto económico como, por ejemplo, para evaluar su posible responsabilidad en él. Si fuera posible hacer uso solamente de i, sería la más atractiva, pero esto llevaría a una enorme dependencia, que hace a una economía difícilmente sostenible. En cierta medida, la débil posición en el mercado de muchas de nuestras empresas está causada por haber adquirido tecnología sin haber alcanzado la capacidad tanto de poder evaluarla previamente como de aprovecharla plenamente. Una capacidad que se adquiere solamente implicándose en I+D, bien sea haciéndola o contratándola. Por otra parte, es muy delicado hacer política pública para fomentar la i, porque fácilmente se puede perturbar el mercado, favoreciendo a empresas no necesariamente eficientes.

La importancia de la I+D, tanto pública como privada, para el desarrollo económico de los países está más que demostrada, y la literatura económica justifica la intervención de los Gobiernos en ella. Existen en todo el mundo políticas de estímulo, tanto más desarrolladas cuanto más avanzado sea el país. También existen políticas de fomento de la innovación, sometidas a ciertas precauciones por su proximidad al mercado, pero la crisis está relajando las restricciones. Unas restricciones a las que EE UU nunca ha sido tan adicto como los países europeos.

En la I+D se incluyen muchas acciones cuya relevancia para la situación económica actual de España es muy diversa. Estimular la capacidad de innovación de las empresas, a través de su I+D, puede tener efectos en plazos relativamente cortos, y esta inmediatez en sus resultados es un criterio de política recomendable en este momento de gran escasez de recursos. Pensando en la sostenibilidad de nuestra economía, la I de Investigación es fundamental, por lo que aun ante la precariedad económica actual es obligado dar preferencia a cultivar el talento existente, aunque haya que dejar para más adelante las políticas de estímulo al nuevo, siempre teniendo en cuenta que el talento no aparece donde el político quiere, y que la generación de ciencia siempre es eficaz aunque puede ser también poco eficiente.

Sin duda, ahora es un momento difícil para políticas activas de estímulo. Pero en cuestión de generación y uso del conocimiento, todos los países avanzados lo hacen. EE UU aumenta este año en un 5% los fondos federales dedicados a I+D civil; Alemania, en un 6%, y Francia, en un 2%. En el nuestro hay posibilidad de elegir instrumentos, más allá de las subvenciones directas, y objetivos que permitirán que, una vez reconocida su importancia, la I+D+i nos ayude a salir de la crisis y sea un seguro respaldo de nuestro bienestar cuando acabe. Los instrumentos más adecuados son la fiscalidad y la compra pública de tecnología innovadora. Con la fiscalidad se aumenta la propensión a innovar de las empresas, porque son ellas las que deciden dónde, cómo y cuándo hacerlo. Con la compra pública de tecnología innovadora se consigue no solo fomentar la innovación, sino también obtener mejores servicios públicos. Y los objetivos no pueden ser otros que preservar de la crisis el núcleo del pequeño sistema de innovación que logramos crear en la época de bonanza. Su creación pasó prácticamente inadvertida a la opinión pública, seguramente porque su pequeño tamaño no merecía mayor atención. Pero debemos recordar que, por ejemplo, el gasto en I+D de las empresas españolas creció, en moneda corriente, entre 1994 y 2006, un 430%, con incrementos anuales que en alguna ocasión superaron el 20%. El número total de investigadores creció en un 240% y, de ellos, los empresariales en un 360%. Y que las patentes, las publicaciones y las exportaciones de bienes de equipo crecieron en este mismo periodo por encima del 260%.

Con todo, nuestro sistema cuenta con unas 12.000 empresas con actividad de I+D consolidada. Y también con más de un millar de grupos de investigación en el sistema público, que ha demostrado su capacidad de intervenir en la innovación y de hacer que nuestro país sea reconocido como destacado generador de ciencia. Es todavía poco, muy poco, pero si lo perdemos, y ya lo estamos perdiendo, también perderemos lo que hemos aprendido, y la base sobre la que podríamos construir la competitividad futura de nuestra economía.

Juan Mulet Meliá es director general de la Fundación Cotec.