CSI-F pide al Gobierno que “tome nota” de Portugal y devuelva la extra

Los sindicatos españoles celebraron ayer el fallo del Tribunal Constitucional de Portugal contra la supresión de la paga extra a los funcionarios y otras medidas del plan de ajuste aprobadas por el Gobierno conservador de Passos Coelho para cumplir las exigencias del rescate financiero.

El sindicato español en la función pública, CSI-F, pidió ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome nota” y devuelva la paga de Navidad. El Ejecutivo español presentó el verano pasado una batería de medidas para luchar contra el déficit público. Este plan de choque incluía la suspensión de la nómina extra de diciembre para los empleados públicos.

La Plataforma sindical y de asociaciones de empleados públicos (integrada por CSI-F, CC OO, UGT y otras 33 asociaciones) interpusieron el pasado enero diferentes recursos por la vía del contencioso-administrativo para reclamar la devolución de la paga extra.

Pero la esperanza de los sindicatos españoles está en otro recurso interpuesto por los trabajadores de la empresa pública tabaquera Cetarsa. El personal laboral de esta sociedad planteó ante la Audiencia Nacional sus dudas sobre la retroactividad de la medida. El tribunal español considera que existen razones suficientes para aceptar el recurso porque considera que las pagas extraordinarias forman parte del salario del trabajador y la suspensión de una de estas nóminas podría atentar contra el principio de “irretroactividad de los derechos individuales”. Por eso, la Audiencia ha elevado al Constitucional la supresión de la paga extra para el personal laboral.

La decisión que adopte el Constitucional afectará a todo el personal laboral al servicio de la administración y al de las empresas públicas, unos 875.000 empleados. Pero también influirá en los funcionarios públicos, aunque sus recursos se diriman por la vía contencioso administrativa. El sindicatos de funcionarios, CSI-F, considera que la decisión del Gobierno “vulnera el principio de igualdad a la hora de afrontar los sacrificios de las medidas adoptadas para la salida de la crisis”.

Tras la decisión del Constitucional portugués, el sindicato de funcionarios espera ahora en que “los tribunales españoles también den la razón a los empleados públicos en las diferentes reclamaciones presentadas”.