La última reforma de pensiones reducirá el gasto en 570 millones al año

La Real Academia todavía no lo recoge, pero parece claro que la crisis ha convertido la palabra reforma en sinónimo de recorte. Una muestra: la última modificación de la jubilación anticipada y parcial. La Seguridad Social calcula que las medidas aprobadas en ambas vías de retiro hace hoy dos semanas reducirán el gasto anual en unos 570,8 millones, según la memoria económica que acompaña el decreto ley al que ha tenido acceso este diario.

La reforma de la jubilación anticipada y parcial se tradujo en un endurecimiento del acceso a estas vías de retiro con un objetivo: retrasar la edad real de jubilación, ahora en 63,9 años. Para hacerlo aumentó el número de años cotizados que se exigen para retirarse antes de la edad legal (este año 65 años y un mes, como norma general), retrasó la edad mínima requerida y, en el caso del retiro anticipado, mayores coeficientes de reducción (para las pensiones de quien retira antes). No obstante, se establecieron periodos transitorios para que las medidas previstas se apliquen plenamente. De ahí que esos 570,8 millones de ahorro sean solo el comienzo.

La reforma de la jubilación anticipada y parcial endurece el acceso al retiro con un objetivo: retrasar la edad real de jubilación

Cuando la reforma esté totalmente en vigor (2027), el ahorro total cada año ascenderá a 4.857,7 millones. Esta reducción del gasto de la Seguridad Social llegará, entre otras cosas, porque también menguará anualmente el número de potenciales jubilados anticipada o parcialmente en 20.752 personas. A todos estos números hay que ponerles una cautela: la próxima reforma de pensiones, que el Gobierno quiere aprobar cuanto antes, hará que probablemente los cálculos hechos para el largo plazo se queden cortos.

“El Gobierno no ha demostrado la necesidad de esta medida”, critica sobre la jubilación anticipada Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, “y eso es porque no supone ningún coste para el sistema. Por eso no facilita el dato”.

También Valeriano Gómez, del PSOE, recurre a este argumento. Explica que, cuando un trabajador se retira anticipadamente, se le aplican una serie de coeficientes de reducción sobre la teórica pensión que tendría que percibir si se hubiera retirado a la edad legal. Esta rebaja hace el retiro anticipado que no suponga un coste adicional para el sistema durante todo el periodo que cobra la pensión. “La jubilación anticipada, en la mayoría de casos, no es voluntaria ni llega como consecuencia de un ERE [la opción menos honerosa para el trabajador]. Los más perjudicados con estas medidas son quienes tienen las carreras más largas de cotización”, concluye.

El argumento del Ejecutivo para justificar la medida es que el 52% de los cotizantes al régimen general se retiran antes de la edad legal y que la pensión media de las nuevas jubilaciones es de 1.322 euros mensuales, superior a los 1.193 del conjunto del sistema. Claro que esto se explica por las largas carreras de cotización de quienes se jubilan anticipadamente, más de 60% de ellos ha cotizado durante más de 38,5 años, y porque pagan cotizaciones más altas.

Junto al endurecimiento de la jubilación parcial y anticipada, la última reforma de pensiones contempla otra medida que busca reducir el gasto en pensiones: la posibilidad de combinar el cobro de la pensión hasta el 50% con el trabajo. Según el documento que la Seguridad Social remitió al Congreso el pasado martes, esto medio plazo ahorrará al sistema entre 1.033,8 y 2.184,3 millones, en función de si se acogen a esta medida entre el 10% y el 50% de jubilados que podrán hacerlo.

En el mismo texto legal, y también con el objetivo de retrasar la edad efectiva de jubilación, había cambios para entorpecer o desincentivar los despidos de los mayores de 50 años, las llamadas prejubilaciones. El Gobierno dio un nuevo giro a la llamada Enmienda Telefónica, que obliga a las empresas en beneficios a pagar el seguro de desempleo y la cotización correspondiente de los prejubilados. Según los cálculos de Empleo, con las nuevas medidas recaudará unos 390 millones al año —40 más de los que preveía con la vieja fórmula, la que desarrolló hace poco más de un año con la reforma laboral.