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CAM, manejo político y empresarial

La comisión de investigación revela la manipulación de los órganos de gobierno y una apuesta suicida por el ladrillo en la caja alicantina

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, junto a Modesto Crespo, expresidente de la CAM, en 2009
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, junto a Modesto Crespo, expresidente de la CAM, en 2009

¿Negligencia o delito? ¿Hasta qué punto la situación que llevó a la intervención de Caja Mediterráneo (CAM) en julio de 2011 fue resultado del exceso y la imprudencia o consistió en un saqueo en toda regla? Son interrogantes a los que trata de responder el juez Javier Gómez Bermúdez, de la Audiencia Nacional, que el 6 de marzo ordenó un registro de los domicilios en Alicante del que fuera director general, Roberto López Abad, y del ex director general adjunto de inversiones inmobiliarias, Daniel Gil Mallebrera. Gómez Bermúdez está tomando declaración a 30 consejeros y directivos de la entidad entre los años 2006 y 2011 sobre los créditos millonarios concedidos al expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés. Esos mismos consejeros y directivos han desfilado por la comisión de investigación constituida en mayo de 2012 en las Cortes Valencianas, que ha celebrado ya 22 sesiones y por la que han pasado más de 60 comparecientes.

¿Qué busca aclarar esa comisión parlamentaria? Cada partido lo ve de una manera, pero el objetivo oficial es delimitar responsabilidades sobre unos hechos que el Banco de España y el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) han dejado bastante definidos en los pliegos de cargo contra los gestores de la entidad. Ha quedado claro en el desarrollo de la comisión que el Consejo de Administración era manejado sin gran resistencia por los directivos de la entidad financiera. De ahí que el papel de López Abad, que se negó a responder preguntas de los parlamentarios, resulte central.

López Abad y Gil Mallebrera, que también se negó a responder a los diputados para no perjudicar su defensa, habrían utilizado la sociedad Valfensal para detraer fondos de la CAM, algo que Gómez Bermúdez investiga junto a otras irregularidades tras aceptar la denuncia que presentó en su día el FROB. Se trata de una sociedad con una participación del 30% de la caja alicantina y del 70% del grupo de Benidorm Mar Confort a través de la cual se fueron decenas de millones de euros de la entidad en sospechosas operaciones de compra de hoteles y de proyectos turísticos en México y la República Dominicana.

Valfensal es un ejemplo de la estrategia inversora que llevó al desastre a la CAM. Consistía en ir más allá de la concesión de créditos y crear sociedades participadas, a menudo, basadas en el valor especulativo de unos terrenos potencialmente urbanizables. “Era un negocio débil”, explicó uno de los comparecientes, Javier García del Río, exresponsable de bienes inmobiliarios de la CAM (hoy director de negocios inmobiliarios del Banco Sabadell, que compró la caja), porque sus expectativas estaban basadas en la burbuja inmobiliaria.

Enrique Ortiz, principal imputado del caso Brugal, o Ros Casares, como nombres propios, o Nyesa o Polaris World como empresas o proyectos urbanísticos concretos, son referencias que se han barajado una y otra vez en la comisión sin conseguir explicaciones. La práctica totalidad de los consejeros de la CAM que han desfilado por las Cortes Valencianas han coincidido en señalar que se fiaban de los criterios de los técnicos y directivos. Algunos dijeron haber puesto objeciones, que no se reflejan en las actas de las reuniones. También negaron muchos de ellos haber escuchado el requerimiento del Banco de España que en diciembre de 2010 advirtió sobre la grave situación de la caja, afectada de una elevada morosidad, una excesiva concentración en el sector inmobiliario y fuertes desequilibrios financieros. El actual consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno de Murcia, Juan Bernal, que fue consejero de la CAM de febrero de 2010 a mayo de 2011, dijo con contundencia que las actas de esa sesión y de los consejos en los que supuestamente se aprobaron la remuneración de 300.000 euros anuales al presidente de la caja, Modesto Crespo, por presidir una participada y las jubilaciones millonarias de los directivos “no reflejan la realidad”.

El secretario de actas del Consejo, Juan Martínez-Abarca, defendió su veracidad, aunque introdujo una precisión crucial. Se basó para redactarlas en preactas elaboradas por el equipo de la caja y, aplicando el Código de Comercio, no incluyó las intervenciones de quienes no solicitaron expresamente que constaran. Martínez-Abarca justificó que constara que se había leído íntegramente el alarmante requerimiento del Banco de España porque la entonces directora general, María Dolores Amorós (que relevó a López Abad), “estuvo más de media hora dando explicaciones” con diapositivas.

En todo caso, los integrantes del Consejo de Administración fueron bastante dóciles con las explicaciones de la dirección. Ninguno de los propuestos por el PP lo reconoció explícitamente, cosa que sí hicieron los propuestos en su día por los socialistas. Remedios Ramón, una consejera en representación de la Generalitat a propuesta del PSPV-PSOE, fue la más explícita al describir el mecanismo para seleccionar a los representantes de los impositores en el Consejo. Aunque teóricamente elegidos por sorteo ante notario, la dirección de la CAM “desincentivaba” a los seleccionados hasta llegar a quien les interesaba. Ramón dio otro dato llamativo, al explicar que, como miembro de la comisión de control, se abstuvo de aprobar el proceso electoral de renovación de órganos de gobierno del año 2007.

Se presentaron dos listas impulsadas desde el PP en aquel proceso, una apoyada por los seguidores de Eduardo Zaplana y otra por los afines al entonces nuevo presidente valenciano, Francisco Camps, enfrentados en un pulso político. El conflicto se resolvió aceptando la retirada de ambas y la presentación de una nueva lista, fuera de plazo y sin cumplir los requisitos. Martínez-Abarca, que era el letrado responsable de los servicios jurídicos de la CAM en esa época, lo justificó por “economía procesal”, dado que no había “terceros damnificados”.