Los gastos financieros de las comunidades suben un 37% en 2012

Los diferentes instrumentos de apoyo financiero que el Gobierno puso en 2012 a disposición de las comunidades autónomas para aliviar sus problemas de liquidez aumentaron la deuda regional y disparó los gastos financieros. Las administraciones regionales elevaron los costes por intereses un 37% durante el año pasado hasta alcanzar los 6.298 millones, según el último informe de ejecución presupuestaria mensual de las comunidades autónomas divulgado por el Ministerio de Hacienda.

La conversión de deuda comercial en deuda financiera por el plan de pago a proveedores —unos 17.000 millones— y la financiación de otros gastos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -12.500 millones- incrementó la deuda autonómica hasta alcanzar los 185.048 millones de euros el año pasado, lo que supone el 17,6% del PIB.

El documento, que presenta los datos presupuestarios sin ajustes en Contabilidad Nacional, revela que las autonomías elevaron los gastos corrientes en bienes y servicios un 28,69% hasta los 28.000 millones, pese a tener que acometer duras medidas de recortes para alcanzar el objetivo de déficit previsto en 2012, en el 1,5% del PIB. Al final del ejercicio las comunidades registraron un desfase presupuestario del 1,73% del PIB.

Una buena parte del aumento de los gastos corrientes (10.335 millones) corresponde a facturas contabilizadas en la cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto), que recoge facturas no pagadas y no aplicadas en el presupuesto pero cuyo gasto si está recogido.

El aumento de los gastos corrientes revela que los Gobiernos regionales realizaron gran parte del ajuste mediante un descenso de las inversiones (las rebajaron un 13,47% hasta los 6.662 millones de euros), rebaja de las subvenciones y de las transferencias corrientes (un 7,91% menos). Pero sobre todo mediante una reducción de los costes de personal (cayeron un 8,4%, lo que supone 4.836.471 millones menos que en 2011). La mitad de este descenso corresponde a la supresión de la paga extra de Navidad aprobada por el Gobierno de Rajoy. La otra mitad, aproximadamente, se debe a la supresión de hasta 218.000 puestos de trabajo de empleados interinos y personal laboral en las comunidades.

No obstante, la distribución por comunidades cambia el panorama. Por ejemplo, Castilla y León fue la autonomía que más aumentó los gastos corrientes, un 143%. Por contra, Castilla-La Mancha fue la que más los redujo un 45,87%. La Administración gobernada por María Dolores de Cospedal fue también la que más redujo el déficit público el año pasado, del 7,87% del PIB al 1,53%. Precisamente este territorio fue, también, el que más recorto el gasto en personal durante el año pasado, un 16,02% menos.

Un vistazo a la liquidación de los ingresos muestran un descenso del 4,37% en la recaudación de casi todos los impuestos de carácter autonómico. Las administraciones territoriales aún padecen el ajuste en el sector inmobiliario. Apenas se construye obra nueva. Lo que se refleja en una disminución del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) del 12% respecto al ejercicio precedente. Para tratar de paliar ese efecto, los Ejecutivos autonómicos eliminaron bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y aprobaron nuevas tasas, lo que provocó un alza del 3,82% en los ingresos por sucesiones.

En mayo del año pasado las comunidades autónomas presentaron planes de equilibrio financiero ante el ministerio de Hacienda con los que se comprometieron a un ajuste de unos 18.000 millones. Las comunidades habían previsto aumentar los ingresos un 0,7% mediante la subida de tasas y la venta de activos. También contemplaron recortar los gastos un 0,04%. Pero la realidad y la profundidad de la recesión provocó un cambio en las previsiones: Las comunidades recaudaron menos (un 1,35%) por la evolución del ITP y AJD y la paralización en la venta de algunos activos porque el mercado no ofrecía un precio adecuado. Para compensarlo ampliaron rebajaron los gastos un 0,3% en vez del 0,04% previsto.

El caso de Murcia y la Comunidad Valenciana es representativo: esperaban potenciar sus ingresos un 6% y un 10% respectivamente. Pero, finalmente, cayeron un 1,59% y un 0,07%. Esto las ha convertido en las regiones que registraron más déficit público en 2012 (3,02% y 3,45%).