La delgada línea roja del BCE

El Gobierno de Irlanda sorprendió al mercado al anunciar la liquidación de la Corporación Irlandesa de Resolución Bancaria, entidad que agrupaba al Anglo Irish Bank y al Irish Nationwide Building Society, como parte de un acuerdo para reducir el coste del rescate financiero de 2010. El plan afecta a un tipo de pagarés que se creó para proporcionar financiación al Anglo Irish Bank y ha hecho saltar algunas alarmas por la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) haya ido más allá del mandato que le otorgan los Tratados.

La historia se remonta a la crisis bancaria de 2007 y 2010, cuando el Estado irlandés tuvo que acudir al rescate del sistema financiero por el equivalente al 40% de su PIB. Solo el agujero que la burbuja inmobiliaria dejó en las cuentas del Anglo Irish Bank (AIB) era de tal magnitud que absorbió la mitad de esas ayudas. Cuando AIB se quedó sin capacidad de acudir al BCE para obtener financiación, porque el colateral a entregar en el BCE no tenía suficiente calidad, el Gobierno irlandés decidió crear un tipo de pagaré o bono para recapitalizar la entidad, pero sin desembolsar dinero efectivo real —las denominadas promissory notes—. La medida se tomó con el beneplácito del BCE y servía como colateral para obtener fondos del mecanismo de asistencia de liquidez excepcional (ELA, por sus siglas en inglés) puesto en marcha por el banco central de Irlanda.

“Es entonces cuando el BCE cruza una línea roja porque el problema del Anglo Irish no es un problema de liquidez sino de solvencia en un proceso de resolución bancario”, explica Antonio García Pascual, economista jefe para los países periféricos de Europa de Barclays en Londres. Lo excepcional de esa decisión tiene una explicación. Irlanda quería hacer una quita a los acreedores del banco y a los depositantes que excedieran el límite de 100.000 euros que garantizaba el fondo de garantía irlandés y tanto el BCE como la Reserva Federal consideraron entonces que la medida podría dañar tanto al sector financiero europeo como al de Estados Unidos, en un momento en el que los bancos todavía estaban sumergidos en plena crisis.

Los tratados prohíben que los bancos centrales compren deuda pública

Esos pagarés ascendían a un monto inicial de 31.000 millones, a un coste anual del 8,5%, lo que obligaba al Gobierno de Dublín a provisionar cada año 3.100 millones de euros para pagar los vencimientos, el equivalente —decía el Gobierno irlandés— a las medidas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo en los presupuestos. El equipo que preside Enda Kenny había hecho de este acuerdo una de sus prioridades en las elecciones que le dieron la victoria en 2011.

El acuerdo anunciado el pasado 6 de febrero sustituye lo que resta de los antiguos pagarés, 25.000 millones de euros, por unos nuevos bonos del Gobierno con un vencimiento medio de 16 años, frente a los ocho años de los pagarés. Según los cálculos de Goldman Sachs, el canje reducirá la necesidad de financiación del país en 20.000 millones en los próximos 10 años, lo que representa aproximadamente el 12% del PIB. De acuerdo con el Gobierno irlandés, el impacto del acuerdo sobre el déficit de 2013 será pequeño, dados los costes derivados de la liquidación de la Corporación de Resolución Bancaria, pero en 2014 y 2015 el déficit será unas seis décimas inferior a lo previsto, si no surge ninguna otra complicación.

El pasado viernes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, elogiaba el acuerdo. “Los recientes pasos para sustituir los pagarés son bienvenidos, ya que reducen significativamente las necesidades de financiación de Irlanda en la próxima década”, decía en Dublín.

Sin embargo, en Fráncfort la conclusión no está tan clara. “El banco central de Irlanda será el que, en última instancia, pague los intereses de los nuevos bonos al resto del Eurosistema [al que pertenecen todos los bancos centrales de los países del euro] al tipo de interés fijado, mientras que el pago de los intereses por parte del Gobierno irlandés serán recaudados como ingreso por el banco central irlandés y podrían ser usados para financiar posteriormente al Gobierno. Esta aproximación demuestra los crecientes y problemáticos vínculos entre la política monetaria y la fiscal en el seno de la Unión Monetaria”, denunciaba el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann. Una elegante manera de mostrar su discrepancia, dado a lo que nos tiene habituados el Bundesbank.

El acuerdo bordea la frontera de la financiación monetaria

“Creo que el acuerdo sobre los pagarés es un caso de financiación monetaria”, sentencia sin dudarlo Thibault Mercier, analista de BNP Paribas en París. “El tratado prohíbe la compra directa de deuda pública por parte de los bancos centrales del Eurosistema. Aquí el banco central de Irlanda ha terminado con 25.000 millones en bonos del Gobierno. Se ha hecho de forma indirecta, es cierto. Pero el resultado es el mismo”, subraya.

Marco Valli, analista de Unicredit, admite que el acuerdo “bordea la frontera” de la financiación monetaria aunque insiste en que todos los acuerdos se ajustan a la legalidad. “El problema es que la financiación de emergencia que se canjea con este acuerdo debía ser temporal y ahora los nuevos bonos can a terminar de pagarse dentro de cuarenta años”, explica por correo electrónico.

El Gobierno irlandés niega que el acuerdo viole ninguno de los artículos del tratado y, según declaró su ministro de Finanzas en el Parlamento, “los nuevos bonos pasarán a formar parte de la cartera del banco central de Irlanda y serán vendidos tan pronto como sea posible, en función de las condiciones de estabilidad financiera. Esta estrategia cumplirá con la prohibición del Tratado sobre financiación monetaria”.

Lo que sí demuestra el acuerdo son lo delgadas que son las líneas rojas del BCE y los profundos cambios que esta crisis está propiciando en las instituciones europeas.