Competencia multa a un cártel de ocho empresas de espuma de poliuretano

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha anunciado multas que oscilan entre los 668.000 y los 4,5 millones de euros a ocho empresas fabricantes de espuma de poliuretano por formar un cártel con el fin de repartirse el mercado. La espuma de poliuretano se utiliza para rellenar colchones y cojines, así como material para fabricar calzado. El total de las sanciones asciende a 26,1 millones de euros, de las que se pagarán efectivamente 13,7 millones. Competencia reconoce que hay al menos otras 11 empresas involucradas, pero no han sido sancionadas. La CNC también ha multado con 250.000 euros a Asepur, la patronal de fabricantes de espuma, como "colaborador necesario".

Según la CNC, el cártel existía "al menos desde 1992", y las empresas "eran conscientes de la ilegalidad de la conducta o trataban de ocultar el cártel bajo apariencia de legalidad". Para ello, contrataron a dos consultoras externas (Análisis e Investigación y Coopers & Lybrand, hoy PWC) que, con la excusa de auditorías para "reducir la emisión de compuestos contaminantes en el proceso de producción", diseñaron y controlaron un esquema, con el título aparentemente inocuo de "Acuerdo Sectorial sobre el Plan de Actuación Medioambiental”, en que cada empresa tenía una cuota de producción que no se podía superar.

Cerca del año 2000, la entrada de empresas portuguesas en el mercado español puso en jaque ese sistema, por lo que el cártel se centró, por un lado, en concertar los aumentos del precio de la espuma, y por el otro en invitar a las compañías lusas a formar parte del cártel. Según la CNC, en aquél entonces las consultoras salieron de escena y las decisiones pasaron a tomarse directamente por las empresas, en el marco de la patronal Asepur. Por otra parte, al menos dos compañías lusas entraron a formar parte del convenio.

En 2010, la belga Recticel, matriz de la española Recticel Ibérica, pidió a Competencia que le eximiese de la posible multa a cambio de probar con datos la existencia del cártel, lo que se conoce como un procedimiento de clemencia. Meses más tarde, la portuguesa Flex 2000 también solicitó clemencia a la CNC. En su decisión, Competencia ha autorizado a Recticel a no pagar su multa de 9,3 millones de euros, mientras que Flex 2000 ha obtenido un descuento del 40% en su sanción, por lo que abonará 4,5 millones de euros.

Aparte de Recticel, otras diez empresas no serán sancionadas, o bien porque ya "no están activas en el mercado", o bien porque el delito ha prescrito, por lo que no pueden incluirse en el procedimiento. También ha caducado el tiempo para procesar a las consultoras externas que diseñaron originalmente el cártel.