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El Banco de España abre el proceso para ver si inhabilita a Alfredo Sáenz

El supervisor esperará a las alegaciones que envíe el ejecutivo antes de tomar una decisión.

La nueva norma europea que permite a los penados dirigir bancos puede interferir en la decisión.

El Banco de España ha informado hace unos minutos de que "ha decidido, y así lo ha comunicado a las partes interesadas, iniciar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, los trámites necesarios" para cumplir con la normativa legal para decidir si inhabilita a Alfredo Sáenz Abad, vicepresidente y consejero delegado del Santander. Este paso es consecuencia de la sentencia del 20 de febrero pasado, cuando el Supremo anuló la parte del indulto de Sáenz en la expresamente se pretendía borrar los antecedentes penales del ejecutivo. Sáenz fue condenado a tres meses de arresto por un delito de acusación falsa cuando presidía Banesto. 

El hecho de que el Banco de España haya comunicado públicamente su decisión de abrir el proceso no había ocurrido en ocasiones anteriores y es una prueba de la expectación que existe alrededor de este caso. Ahora se ha abierto el proceso de audiencia pública para escuchar a las partes. Fuentes del Santander explicaron que enviaran inmediatamente las alegaciones de la defensa de Sáenz.

Este ejecutivo solicitará al organismo dirigido por Luis Linde la suspensión del trámite de inhabilitación hasta que se resuelva el incidente de nulidad sobre la sentencia del Supremo que tiene presentada. También alegará que la normativa europea, aprobaba por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y que está a punto de entrar en vigor en España, "permitiría a Sáenz ejercer su cargo con las condiciones actuales sin ningún problema". Esta norma, que no impide que los penados puedan dirigir entidades financieras, está en el Consejo de Estado y el Gobierno tiene previsto aprobarla durante marzo. Únicamente no ha entrado en vigor en Italia, Francia y España.

La actitud del Banco de España demuestra que quiere transmitir que está muy activo en este espinoso asunto, por el que Izquierda Unida ya ha puesto una denuncia al gobernador anterior, Miguel Fernández Ordóñez.