De la cola del paro a la cola del banco

El déficit público es, en esencia, la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos. Lo que se ha de pagar, independientemente de cómo se compute. Está bien expresado que el déficit público español en 2012 fue del 10,2% del PIB (según cálculos provisionales de la Comisión Europea), del cual más de tres puntos corresponden a las inyecciones de dinero público de ayudas a la banca, que ya se han perdido. Y está mal dicho, como hizo Rajoy en el debate sobre el estado de la nación, que el déficit público de 2012 sea inferior al 7%, pues no contabiliza las ayudas perdidas a la banca que hay que pagar con cargo a los impuestos. Que son una socialización de pérdidas.

Este porcentaje del 10% de déficit público, décima arriba o abajo, ha de mirarse con dos perspectivas. La más importante, hacia el futuro. España está a más de siete puntos de cumplir con el 3% de déficit público máximo que exigía el Tratado de Maastricht para pertenecer al club del euro, y que le demanda Bruselas en la actualidad. Aunque las pérdidas de la banca no sean recurrentes (quedan por contabilizar unos 20.000 millones de euros más que también irían al déficit en el futuro en el caso de que se perdiesen) el esfuerzo que han de hacer los ciudadanos sigue siendo brutal. Reducir siete puntos de PIB del déficit supondrá enormes sacrificios incluso si Bruselas concede dos años más para conseguirlo, hasta el año 2016 (la secuencia rota era de un 6,3% de déficit en 2012, 4,5% en 2013 y 3% en 2014). Y directamente imposible si no hay moratoria y hay que llegar al 3% en 2014; so pena de convertir a la española es una sociedad tercermundista, febrilmente empobrecida.

A España le quedan siete puntos de esfuerzo fiscal añadido para cumplir con Bruselas

La otra perspectiva es observando el pasado inmediato: el año 2012 empezó con un déficit público del 9,3%, según las cifras revisadas por el Gobierno nada más llegar a la Moncloa, y ha terminado con el 10,2% según la Comisión Europea. Casi un punto más de desequilibrio después de las impresionantes subidas de impuestos (renta, sociedades, valor añadido,…), retraso de devoluciones (IVA, sociedades,…), no reconocimiento de gastos en comunidades y Ayuntamientos y, sobre todo, de los enormes recortes en educación, sanidad, dependencia, salarios públicos, etcétera. Este gigantesco esfuerzo en consolidación fiscal se lo ha comido el fondo aportado a la banca para su reflotamiento y que se da por perdido. Por cierto, el consenso de los analistas entendía hasta ahora que el porcentaje que la banca iba a añadir al déficit oscilaría entre 1,2 y 1,7 puntos, no los tres que han aparecido. También habrá que conocer con pulcritud la desagregación de estos datos.

Cuentan Emilio Ontiveros e Ignacio Escolar en su libro El rescate (Aguilar) que durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado se formaron dos grandes colas, que aparecen en todos los documentales de la época: la cola de la beneficencia para todos aquellos que se habían quedado sin empleo y querían comer (no existía el seguro de paro ni el Estado del bienestar), y la cola delante de los bancos para recuperar los ahorros (no había fondo de garantía de depósitos) y evitar el pánico. Ocho décadas después las autoridades han optado por suprimir una de ellas, la de los bancos, asegurando la supervivencia del sector al precio que sea: los ciudadanos están más o menos seguros de que recuperarán su dinero depositado en las entidades financieras (excepto en los casos de escándalo y abuso, como las preferentes). Pero han incrementado la otra cola, la del desempleo, que se ha surtido de gente de todos los sectores productivos. En el mismo año en que las ayudas a la banca a fondo perdido han sumado los 30.000 millones de euros al déficit público (el 3% del PIB) el paro ha pasado de los 5,2 millones de personas (el 22,85% de la población activa) a casi seis millones, el 26,02%. Y la Comisión Europea, en las mismas previsiones que avisaban de un déficit del 10,2%, destaca que en 2013 el desempleo aumentará en España en otras 500.000 personas. Un reparto de la crisis muy regresivo.