La supervisión financiera pone en riesgo la independencia

La crisis puede poner bajo cuestión otro de los paradigmas de los bancos centrales, que parecía casi sacrosanto: su independencia. La caja de Pandora la abrió el nuevo primer ministro de Japón, Shinzo Abe, al presionar a la autoridad monetaria para elevar el objetivo de inflación de la entidad —del 1% al 2%— tras años de fracaso en su lucha contra la deflación, lo que ha provocado la dimisión adelantada del gobernador. El movimiento fue denunciado, una vez más, por el gobernador del Bundesbank, Jens Weidmann, por creer que el objetivo último del mismo era propiciar un yen más débil, lo que amenazaría la independencia del banco central de Japón.

Lo cierto es que existen distintos modelos de bancos centrales y no todos comparten mandato. En Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y, ahora, Japón es el Gobierno el que fija el objetivo de precios y el banco central el que decide cómo conseguirlo, sin que ello necesariamente cuestione la independencia de la autoridad monetaria. También existe el precedente establecido por Hungría, a quien el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió un programa de asistencia por entender que determinados cambios legales mermaban la independencia del banco central.

Pero la verdadera amenaza a la independencia no parece venir por ahí, sino más bien de las nuevas competencias asumidas por las autoridades monetarias. Aunque la estabilidad financiera formaba parte del mandato, antes de la crisis quedaba relegado a un segundo plano en favor de la estabilidad de precios. En un papel de trabajo publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero, el organismo denunciaba que “la reciente crisis ha demostrado que la estabilidad de precios no garantiza la estabilidad macroeconómica” y que para ello, la política debe incluir la estabilidad financiera como un objetivo adicional de los bancos centrales.

Los bancos se hacen responsables de la estabilidad financiera y de precios

Algunos países, como Reino Unido, habían desgajado las labores de supervisión financiera del banco central, con los resultados de sobra conocidos, y ahora la tendencia predominante es volver al modelo de un supervisor único. “Antes de la crisis financiera, la división entre política monetaria y prudencial estaba clara. La política monetaria defendía la estabilidad de precios, mientras que el sistema de supervisión aseguraba que las instituciones financieras estuvieran bien gestionadas y fueran financieramente sólidas”, subraya Christian Weistroffer, de Deutsche Bank Research, en un reciente informe. “Lo que faltaba en ese régimen precrisis era una visión global del sistema financiero, con el propósito y el mandato de garantizar el sistema en su conjunto”, apunta.

Eso es lo que se pretende atajar con la llamada supervisión macroprudencial, una aproximación a la supervisión financiera que pretende, por un lado, prevenir el riesgo sistémico mediante reglas sobre el crédito y los precios de los activos y, por otro, aumentar la resistencia del sector financiero a los choques sistémicos. Algo relativamente fácil de defender sobre el papel, pero difícil de aplicar en la práctica.

Para empezar, las herramientas de las que se puede servir este tipo de supervisión no están nada claras. “Todo lo macroprudencial tiene mucho que decir de cara al futuro y puede ayudar mucho en el análisis de riesgos y en regular mejor al sector”, admite Antonio García Pascual, economista jefe para países periféricos europeos de Barclays Research en Londres. “El problema es que no se sabe bien cuáles son las herramientas financieras que constituyen la supervisión macroprudencial y no hay ningún banco central que haya marcado una hoja de ruta a seguir”, sostiene. El informe de Deutsche Bank apuesta por no limitar el debate sobre estas herramientas a fijar unos requisitos de liquidez y capital de los bancos que se consideren prudentes sino a indagar qué políticas pueden ser las más efectivas.

El FMI reconoce que la experiencia y el conocimiento en la efectividad de las políticas macroprudenciales “son todavía limitados”, pero cree que permitirán mejorar la coordinación política al unir las dos competencias en una sola institución. “Pero concentrar múltiples, y a veces enfrentados, objetivos en una institución puede enfangar su mandato, complicar la contabilidad y reducir la credibilidad” de la misma. Y para un banco central la credibilidad es su principal activo.

“Es fácil garantizar la independencia de la política monetaria, pero es más difícil defenderla para la supervisión prudencial, si se piensa que detrás de un fondo de garantía de depósitos hay una garantía pública detrás de los bancos. Yo estoy en contra de utilizar para ello el dinero de los contribuyentes”, sostiene Santiago Fernández de Lis, economista jefe de sistemas financieros y regulación de BBVA Research.

Los cortafuegos son imprescindibles para preservar su credibilidad

De hecho, uno de los temores es que la tarea de supervisión financiera pueda llegar a contaminar la política monetaria y que los bancos centrales puedan fijar los tipos de interés en función de las necesidades del sistema financiero, descuidando la estabilidad de precios. Es más, hoy “todos los bancos centrales ya son sensibles al objetivo de estabilidad financiera. Seguramente, si no fuera así no tendríamos los tipos de interés tan bajos como están ahora”, apunta Fernández de Lis.

El riesgo reputacional en estas circunstancias es evidente. “Hay que establecer salvaguardas muy estrictas entre los consejos que deciden sobre la política monetaria y los que deciden sobre la supervisión. Lo que se plantea en uno no se discute en el otro, para que la política monetaria no se vea condicionada por el sistema financiero”, asegura José Manuel González Páramo, exconsejero del BCE y profesor de Economía del IESE.

Christian Weistroffer, de Deutsche Bank Research, admite que las políticas macroprudenciales pueden exigir en ocasiones medidas políticamente controvertidas, en especial en lo que se refiere a la supervisión de bancos concretos, participantes de mercado y otros grupos de interés. “Por ejemplo, animar al sistema a ejecutar determinadas reservas en una situación de crisis puede resultar más difícil de lo previsto en la actualidad”, apunta. Tampoco resulta descabellado imaginar las presiones que deberá soportar un banco central el día que decida intervenir una entidad o, directamente, liquidarla. “La injerencia política se volverá más aguda, pero es un problema que ya existe”, recalca García Pascual.