De nuevos ricos a nuevos pobres

La semana que viene se celebra en el Parlamento el debate sobre el estado de la nación. Pocas veces ha habido una situación tan excepcional que lo justifique, con multitud de problemas centrales al mismo tiempo. La primera misión del presidente de Gobierno debería ser explicar a los ciudadanos de una vez por qué hemos pasado de nuevos ricos a ser nuevos pobres en el corto periodo de un lustro, que es menos de una generación. Ello no es solo ni principalmente responsabilidad del PP (aunque al gobierno de este partido le corresponde la brutal aceleración de las tendencias más negativas en el último año), sino que la raíz se hunde en la acción de los ejecutivos de Rodríguez Zapatero, sobre todo a partir del mes de mayo del año 2010.

Que la ciudadanía entienda la situación económica es la condición sine qua non para que pueda convocársela a un pacto de regeneración, o como quiera llamársele, en los próximos tiempos: un pacto que tiene que durar más de una legislatura (pues la crisis es profunda y será todavía muy larga) para que lo consensuado tenga continuidad gobierne quien gobierne, y un pacto que deberá atravesar transversalmente los diferentes tramos de la Administración Pública (central, autonómica, local). Si los alemanes y los franceses fueron capaces de ponerse de acuerdo en el germen de la UE tan solo unos años después de enfrentarse en el campo de batalla, no debiera parecer tan descabellado que los caciques de la clase política española liderasen tal pacto en esta coyuntura.

Draghi, en el Parlamento español: a puerta cerrada, sin luz y taquígrafos. Solo para élites

Se trata de analizar qué factores han influido para pasar de jugar en la Premier League y tratar de cazar en renta per cápita a países como Italia o Francia, como se dijo con tanta frivolidad, a disputar con Grecia el campeonato mundial de desempleo (y de paro juvenil), casi sin solución de continuidad: de nuevos ricos a nuevos pobres, con la convicción empírica de que lo seguiremos siendo más y por bastante tiempo. Y al mismo tiempo, no perder la proporción de los problemas para no caer en la melancolía ni en la exageración. O como escribe Muñoz Molina (Todo lo que era sólido, Seix Barral), ser “parientes pobres o de medio pelo en un club de gente muy rica, pero ni siquiera los más pobres entre los parientes pobres del club. Mucho menos pobres que una vasta mayoría de la humanidad; mucho menos que nuestros abuelos o nuestros padres”.

Este es el marco económico de un estado de la nación, que por muy acongojante que sea no puede dejar de lado las otras dificultades que atraviesa el país: las directamente políticas (entre ellas la corrupción rampante y la desconfianza de la ciudadanía en sus representantes) y las institucionales (el modelo territorial del Estado y el hecho de que muchas de las bases de las que nos habíamos dotado en la transición para convivir, se han quedado viejas o simplemente no funcionan). Y todo ello en un contexto europeo que, al revés de otras coyunturas, no solo no ayuda, sino que incrementa la desafección: porque todo lo que llega de Europa son ajustes y sacrificios (véanse las ridículas Perspectivas Financieras Plurianuales aprobadas en el Consejo Europeo del pasado viernes, que consagran la austeridad hasta final de la actual década, y que remiten a un presupuesto europeo 20 veces inferior al de países federales como EE UU) y porque todas las reformas institucionales que están en marcha en Bruselas se centran en limitar el margen de maniobra de los Gobiernos y en ceder soberanía a no se sabe bien quién. Ni siquiera el Europarlamento, la institución europea elegida de manera más democrática (y que lo será de nuevo el año que viene), se libra de estas propensiones, aunque ahora tiene una ocasión idónea para reivindicarse vetando estos presupuestos tan restrictivos.

En esta situación llega mañana al Congreso Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Se explicará delante de los diputados a puerta cerrada, sin luz y taquígrafos. Otro síntoma de este oscurantismo que induce a tantos a la sospecha respecto a la capacidad de la ciudadanía de conquistar un mayor grado de control de la política económica. Que es parte de lo que define la democracia.