El sector de las renovables acusa al Gobierno de echarles del mercado

Una "estafa", una "vergüenza", un "desastre". Las patronales de las energías renovables, que reúnen, según sus datos, a un 70% del sector, no se han quedado cortas en adjetivos para oponerse a la quinta reforma del sector energético en un año, aprobada por el Gobierno el pasado viernes. Una vez más, por decreto ley, y una vez más, afirman, con el propósito de acabar con las energías renovables. "Es la guinda del pastel", ha lamentado José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). "Esta reforma nos ha eliminado del mercado". En una rueda de prensa conjunta con los presidentes de las otras patronales del sector, Villarig ha afirmado que las empresas de energías renovables "no se quedarán de brazos cruzados" y ha anunciado que tomarán medidas legales contra el Gobierno, tanto dentro como fuera de España.

Según Villarig, la última reforma es un paso más en la agonía de un sector sometido a una estrategia de "acoso y derribo" por los sucesivos Ministerios de Industria, tanto el del socialista Miguel Sebastián como el de su sucesor, José Manuel Soria. "Primero nos limitaron las horas de producción; luego la moratoria en las primas a las nuevas centrales; y después el impuesto a la producción del 7%", ha recordado. El presidente de APPA ha indicado que el nuevo decreto vuelve a golpear a las renovables al hacer que las tarifas del sistema (transporte, distribución, primas...), que hasta ahora estaban ligadas a la inflación, pasen a regirse según un índice creado "casi ex profeso".

El nuevo sistema actualiza las tarifas conforme el IPC "subyacente a impuestos constantes", es decir, sin contar las subidas de los combustibles, de los alimentos frescos y de los propios impuestos del Gobierno. Villarig opina que este índice hace que el ajuste tarifario sea "cercano a cero", haciendo imposible a los inversores en renovables recuperar costes a largo plazo. El IPC de octubre, que hasta el nuevo decreto se tomaba como base, fue del 3,5% interanual, por lo que la subida de la tarifa para 2013 debía ser del 3%. El cambio de referencia hace que las tarifas caigan este año con respecto al anterior un 0,03%. Según afirmó Soria durante la presentación del decreto ley, esta medida permitirá un ahorro de 337 millones de euros.

Los inversores creen que el nuevo decreto les impide recuperar lo aplicado a largo plazo

Entre esta medida y la imposibilidad por parte de los productores de recibir las primas si venden la electricidad en el mercado libre (lo que les obliga a cobrar según la tarifa regulada, inferior al precio de mercado), Villarig ha afirmado que la reforma "es el último eslabón de una cadena" que "acaba con todos los planteamientos de rentabilidad que teníamos al entrar en el mercado de las renovables". "¿Donde está la seguridad jurídica en España?", se ha preguntado. "Hablamos de Bolivia y Argentina, pero nosotros sentimos vergüenza cuando explicamos esta situación a nuestros socios en el exterior".

A esto, ha afirmado Villarig, se le suma la campaña de "desprestigio" al que el propio Soria está sometiendo a las renovables. "El ministro difama al sector", ha dicho, "al confundir a propósito el régimen especial [que incluye la cogeneración, es decir, la producción de electricidad por las propias industrias consumidoras] con las energías renovables" y al hacer hincapié en el coste de las primas, cuando, ha insistido, las renovables "contribuyen a abaratar" el mercado y son "un pilar básico del desarrollo" de España. El presidente de APPA ha afirmado que mientras países como Alemania están invirtiendo grandes sumas en energías renovables, España está "renunciando al liderazgo tecnológico" en el sector, mientras destina 40.000 millones de euros en comprar combustibles fósiles. "Alguien ha comprado todos los argumentos de UNESA [la patronal que reúne a las grandes empresas eléctricas] y se están aplicando".

El objetivo de Industria es reducir a toda costa el déficit de tarifa, la diferencia entre el coste real de producción de la electricidad y la parte de ese coste que el consumidor paga en la factura. El Ministerio cree, y así lo ha hecho saber en numerosas ocasiones, que gran parte del déficit es achacable a las primas que recibe la producción de energías renovables. Estas primas se establecieron con el fin de que España cumpliese con los requisitos del protocolo de Kioto, pero desencadenaron un boom al que se apuntaron "cientos de miles de pequeños ahorradores, que ahora están en la ruina", según apunta Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, la asociación que reúne a estos inversores. Pero el presidente de la patronal de la industria termosolar, Luis Crespo, niega que haya una burbuja en el sector: "El crecimiento de la energía solar está totalmente planificado".

La patronal de las renovables ha insistido en que no se quedará quieta. En España, la ofensiva es doble: por una parte, esperarán a que el Ministerio estudie las reclamaciones presentadas por las empresas - aunque, afirman, están ya seguros del rechazo - para llevarlas al Tribunal Supremo, mientras que el recurso a la Audiencia Nacional está pendiente de que lleguen las liquidaciones definitivas de la Comisión Nacional de la Energía, un proceso que suele tardar dos años. A nivel europeo, la patronal afirma contar con el apoyo del comisario europeo de Energía, Günter Oettinger, que en 2010 envío una carta al entonces ministro Sebastián, en la que pedía que la reducción del déficit de tarifa no se hiciera a costa del desarrollo en energías renovables. Pero la mayor esperanza a corto plazo del sector está en el arbitraje internacional que han solicitado los inversores extranjeros, que, según Martínez-Aroca, se espera esté resuelto en verano.