Gobierno y PSOE pactan una salida para los afectados por las preferentes

Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han llegado a un inusual acuerdo para dar salida a todos los afectados por las preferentes, producto bancario de alto riesgo que fue comercializado por varias cajas de ahorros y que han dejado a miles de clientes sin sus ahorros.

El acuerdo supone crear una comisión que presidirá Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que tendrá como número dos a un responsable del Banco de España. También contará con la Secretaría General de Sanidad y Consumo y la del Tesoro y Política Financiera, las consejerías autonómicas afectadas y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Esa comisión de seguimiento elaborará un perfil de cliente que pueda acudir a un arbitraje para recuperar el cien por cien de su inversión. Es decir, establecerá las condiciones que deben concurrir para que, en la práctica, se anulen las condiciones que impedían que miles de personas que se consideraban engañadas por esos bancos recuperen la inversión. Esas condiciones tendrán que ver con la forma en la que se captó al cliente, por ejemplo, si pudo leer las condiciones, si está a nombre de menores o personas con minusvalía y también las condiciones económicas de los afectados.

En principio, la comisión revisará las preferentes comercializadas por CatalunyaBanc, Novagalicia y Bankia, pero sus recomendaciones afectarán a todas las entidades que se prevea que sean nacionalizadas o hayan recibido apoyo público, que vendieron este producto y que tengan clientes en esas condiciones.

La comisión de seguimiento tendrá control parlamentario, al que remitirá informes mensuales sobre su actividad y también hará llegar al Gobierno recomendaciones para evitar que se comercialicen estos productos.

Según el socialista Valeriano Gómez, se cumple su exigencia de que no haya quita para las personas estafadas y que exista una supervisión pública del proceso de arbitraje.

El año pasado se aprobó una reforma legal con restricciones a la comercialización de estos productos, de tal forma que se exige un tramo para inversores profesionales mínimo del 50% y una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 euros en el de las cotizadas. También se refuerzan los poderes al respecto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se exige a los clientes minoristas no idóneos que escriban de su puño y letra que han sido advertidos de que el producto no les resulta conveniente. En la práctica se evita el acceso de ese tipo de clientes a estos productos de alto riesgo.

Para dar salida a los miles de afectados, durante el segundo semestre de 2012 se pusieron en marcha sendos procedimientos de arbitraje público para ofrecer una solución más ágil y menos onerosa que la jurisdiccional a los afectados por una comercialización incorrecta de estos productos. Ese arbitraje estaba en manos de las respectivas consejerías autonómicas con competencias en consumo, y fueron impulsados por las entidades, que contaron con el asesoramiento de expertos independientes para el filtrado de las solicitudes, basado en criterios objetivos.

Ahora será la comisión que presida Elvira Rodríguez la que se encargue de ese arbitraje para todas las entidades afectadas, con respaldo parlamentario de los dos principales partidos.

Según el PSOE, el pacto no entra en contradicción con el Memorando de Entendimiento (MoU) del rescate bancario que exigía una quita en la inversión que recuperaran los afectados, porque “se trata de una comercialización engañosa” por lo que “no tiene sentido imponer a sus víctimas penalizaciones”.

El acuerdo entre los dos principales partidos se produce después de multitud de desencuentros en distintas negociaciones como por ejemplo, la del pacto local o la de la ley antidesahucios que, finalmente, el Gobierno ha sacado adelante en solitario. También se cierra en un contexto de propuestas de pacto como el referido a la lucha contra la corrupción o el formulado por Alfredo Pérez Rubalcaba para hacer frente al paro.