La fiscalía pide más ayuda al Banco de España ante los casos de corrupción

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no está dispuesto a enterrar los asuntos espinosos con el riesgo de que, tiempo después, reaparezcan convertidos en problemas que puedan implicar a mucha gente. Por eso, según confirmaron fuentes oficiales, a comienzos de la semana pasada mantuvo una reunión con Luis Linde, gobernador del Banco de España, para aclarar cuestiones importantes que han colocado a la institución en primera línea de fuego.

Torres-Dulce y Linde se conocen personalmente y tienen un trato afable. Sin embargo, esta amistad no impidió al fiscal general del Estado mantener un tono exigente en el encuentro.

El primero de los temas fue reclamar más colaboración y diligencia en todos los documentos que reclama la Fiscalía a la institución. Sobre todo los que hacen referencia a los casos de corrupción en algunas de las antiguas cajas de ahorros. La institución presidida por Torres-Dulce analiza si existen responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de algunas cajas nacionalizadas y si la percepción de indemnizaciones desorbitadas pudiera estar incurso en algún tipo delictivo.

Estas cuestiones se basan en información que solo el supervisor controla, lo que le convierte en una fuente clave para que la Fiscalía pueda avanzar en estas cuestiones. Torres-Dulce también reclamó a Linde más colaboración en los temas relativos a los productos financieros, sobre todo las participaciones preferentes.

El fiscal quiere saber por qué el Banco de España no denunció si había indicios de delito

El segundo de los temas abordados en la cita fue especialmente delicado. Se trató de las acusaciones realizadas por la Asociación de Inspectores sobre la actuación de la cúpula del Banco de España. En un informe entregado a los máximos dirigentes, la asociación, que representa a más del 80% de los funcionarios, se afirmaba: “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”.

Esta cuestión preocupa a la Fiscalía por el efecto evidente que tiene en la opinión pública, pero no ha recibido ninguna denuncia de los inspectores para actuar de oficio. Torres-Dulce quiere saber en qué se basan los inspectores para realizar esta afirmación tan grave.

Fuentes de los inspectores consultadas por este periódico, aclararon que con esa frase se referían a casos concretos, como cuando una entidad realiza sistemáticamente préstamos a una empresa ruinosa. “Para nosotros eso solo es morosidad, pero puede haber alguien beneficiándose de ello por detrás y no existen procedimientos para la comunicación jerárquica de estos indicios de delito”, aseguraron fuentes oficiales de los inspectores.

En la cita también se solicitó más información sobre las participaciones preferentes

La asociación pidió “formación en materia penal a los inspectores”, un tema que también afecta a la Fiscalía si se decidiera a seguir adelante. La cuestión de fondo que quiere despejar la Fiscalía es la siguiente: si los inspectores vieron indicios de delito, ¿por qué no los denunciaron?

Prueba de la preocupación de la Fiscalía General del Estado es que al día siguiente de que se publicara el informe de los inspectores, Torres-Dulce aseguró que pediría información al Banco de España sobre el asunto. Y añadió que si de los informes del Banco de España se dedujera una actividad delictiva, “se actuaría en consecuencia”, aunque recalcó que las prácticas que reflejan los inspectores pueden ser solo “conductas reprobables, pero sin incidencia en el Código Penal”.

Por otro lado, hace unos días Izquierda Plural reclamó en el Congreso de los Diputados la presencia de Linde para aclarar las acusaciones de los inspectores. El PP se opuso y el PSOE pidió que fueran los propios inspectores los que primero explicaran el informe.

El PP se ha opuesto a que Linde comparezca en el Congreso para aclarar las críticas de los inspectores

Días después de las polémicas acusaciones sobre la actitud del Banco de España, se conocieron detalles del saqueo de la CAM, cuyo presidente, Modesto Crespo, multiplicó por 30 las dietas regulares que cobraba. También pesan las acusaciones de estafa, apropiación indebida y administración desleal sobre los exgestores del Banco de Valencia, Domingo Parra, Aurelio Izquierdo y Eugenio Calabuig. La semana pasada el propio Banco de España abrió un expediente sancionador a la entidad valenciana convencido de que existen claros “indicios de delito” en la gestión de la entidad.

La sociedad reclama una actuación diligente contra estos casos de corrupción en entidades rescatadas con dinero de los contribuyentes. No es la primera vez que Torres-Dulce exige colaboración y eficacia al supervisor. El 19 de mayo pasado, todavía con Miguel Fernández Ordóñez al frente de la institución, afirmó: “Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido”, dijo Torres-Dulce. Insistió en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita “con mayor presteza”.

“No se trata de falta de colaboración”, según dijo entonces el fiscal general, que reclamó celeridad para poder ejercer “un mayor ritmo investigador”. El principal representante del Ministerio Público ha explicado que comprende que las peticiones se refieren a documentaciones complejas y que el Banco de España tiene numerosas funciones, pero ha insistido en que le gustaría una “mayor rapidez en las respuestas a determinados tipos de procesos”.