Patronal y sindicatos pactan una histórica reforma laboral en Francia

Hay reformas laborales y reformas laborales. La que acordaron la patronal y los sindicatos franceses el viernes tras tres meses de negociación parece, en el espíritu y en la letra, opuesta a la aprobada por el Partido Popular en el Parlamento español. François Hollande había pedido a los agentes sociales franceses un “compromiso histórico”, y aunque las expectativas han quedado algo rebajadas porque dos de los cinco sindicatos, la CGT y FO, no se han sumado al pacto —aduciendo que aumentará la precariedad—, la reforma sellada por tres centrales y tres asociaciones empresariales es la primera bombona de oxígeno que recibe en ocho meses un presidente francés cada vez peor en las encuestas y empeñado en sortear la crisis con más diálogo social y recetas socialdemócratas.

El acuerdo, que modifica gran parte del Código de Trabajo (el Estatuto de los Trabajadores francés), se titula, de forma algo pomposa, ‘Nuevo modelo económico y social al servicio de la competitividad de las empresas y de la seguridad del empleo’ y es una síntesis muy francesa de la flexiseguridad, ese palabro nórdico: en vez de desregular el mercado laboral, la reforma lo regula más todavía.

El pacto ha adquirido aura de hazaña. No hay que olvidar que Francia es un país donde patronos y obreros se siguen odiando y donde en 1984 una insurrección de las bases sindicales impidió a los líderes firmar un pacto para flexibilizar el mercado laboral.

Ambas partes celebran un pacto centrado en la ‘flexiseguridad”

Las dos partes, el Gobierno y los analistas han coincidido en señalar que es un pacto equilibrado. Su dogma es crear empleo e impedir que se siga destruyendo. La patronal MEDEF ha dicho que la reforma “situará a Francia en los niveles más altos de Europa en cuanto a concertación social y mercado de trabajo”. Hollande, que ahora debe convencer a sus parlamentarios de las bondades de la reforma, se ha felicitado por el “éxito del diálogo”. Y Laurent Berger, líder del sindicato CFDT, lo ha catalogado de “ambicioso”.

Las empresas obtienen con más rapidez seguridad jurídica en los procesos de despidos, y más libertad de acción en la gestión de sus crisis. Desde ahora, podrán —deberán— pactar con los sindicatos las medidas para garantizar el empleo, pero sin despidos; durante un máximo de dos años, las compañías en “graves dificultades” podrán reducir salarios y jornadas a cambio de mantener el empleo.

Al otro lado de la mesa, los asalariados y parados ganan nuevos derechos. Los sindicatos tendrán voz, aunque no voto, en los consejos de administración de las firmas de más de 5.000 trabajadores. Los asalariados recibirán más ayudas para gastos médicos y dispondrán de una cuenta personal y vitalicia para su formación; los desempleados conservarán sus derechos adquiridos si vuelven al mercado laboral.

El punto de mayor fricción, que amenazó con echar abajo las negociaciones, es que las empresas pagarán impuestos por algunos contratos precarios que antes estaban exentos. El Gobierno amenazó con legislar por su cuenta esa medida y eso acabó por convencer a los empresarios el mismo viernes. Ahora, solo falta que el Ejecutivo socialista cumpla su promesa de convertir en ley el texto firmado por los agentes sociales. No lo tendrá fácil, porque, a pesar de su mayoría absoluta en la Asamblea, no la tiene en el Senado, y la izquierda de la izquierda (comunistas y Frente de Izquierdas) ya ha anunciado que se opondrá.