El alza de la presión fiscal mantiene la inflación en el 2,9% al cierre de 2012

Los precios y la economía acabaron 2012 reñidos. Mientras la inflación sigue en niveles elevados, la actividad está por los suelos. Solo el impacto de las sucesivas subidas de impuestos promovidas por el Gobierno explican este divorcio, que volvió a certificar ayer el Instituto Nacional de Estadística : el avance de diciembre mantiene la tasa anual del IPC en el 2,9%, pese a que todos los indicadores de la demanda dan señales negativas.

La debilidad de la demanda ancló la inflación en torno al 2% anual hasta junio pasado, pero entonces, justo cuando el precio del petróleo marcaba los mínimos del año (el barril de brent por debajo de 90 dólares), los precios del consumo empezaron a subir, de la mano de decisiones del Gobierno: primero, fue el aumento del coste de los medicamentos para los ciudadanos; en septiembre, entró en vigor la subida del IVA (el tipo general, del 18% al 21%), lo que empujó el IPC al 3,5% anual. Y en octubre apenas bajó al incorporarse el efecto del incremento de las tasas universitarias.

Al aumento de la presión fiscal le acompañó durante buena parte del verano una escalada en los precios de los carburantes. Eso motivó el enfado del Gobierno, que culpó a las petroleras de mantener márgenes comerciales superiores a los de otros países europeos. La presión surtió efecto en noviembre, justo cuando más convenía al Ejecutivo —el dato de ese mes es el que se usa para actualizar las pensiones al desvío de la inflación—. Finalmente, el Gobierno decidió no revalorizar las pensiones, pero la inflación cedió hasta el 2,9% anual, gracias al descenso de gasolinas y gasóleos.

El precio de los carburantes se mantuvo estable en la primera mitad de diciembre, aunque el INE no dio ayer ninguna pista sobre qué incidió en la evolución del IPC el mes pasado, algo que aclarará cuando publique la estimación definitiva, en un par de semanas.

El dato de diciembre es el que se suele emplear en los convenios laborales para establecer la desviación del IPC sobre las subidas salariales pactadas y aplicar, en caso de existir, las cláusulas de garantía para compensar las pérdidas de poder adquisitivo. Los sindicatos suelen lamentar que esas cláusulas apenas cubren a unos cuatro millones de trabajadores, mientras que el Banco de España o la Comisión Europea abogan por su desaparición.

Este año, sin embargo, la eficacia de esas cláusulas está limitada por el pacto de moderación salarial que firmaron los agentes sociales. Sindicatos y patronal recomendaron a empresas y trabajadores que usaran como referencia el IPC de la zona euro, en caso de que el IPC español superará la referencia habitual del 2% y fuera mayor que el promedio europeo. Es el caso: el IPC de los Diecisiete se quedó en el 2,2% en noviembre y todo apunta a que rondará el 2% a final de año, por lo que la desviación sería mínima. Si empresas y trabajadores siguieron la recomendación de los agentes sociales, la activación de cláusulas de garantía salarial será mucho menor esta vez.

El pacto de moderación, que aconseja incrementos salariales cercanos al 0,5%, se firmó antes de que el Gobierno acometiera las subidas de impuestos que han empujado al IPC al 3%. Y recogía que la Administración “debía realizar el máximo esfuerzo de contención” en los precios de su competencia. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, consideró ayer que el acuerdo ha quedado desvirtuado. Y reclamó que la pérdida de poder adquisitivo —las subidas salariales pactadas apenas superan el 1%— “se corrija de inmediato”.

Los expertos creen que la debilidad de la demanda acabará por encauzar la inflación a lo largo de 2013, siempre que no haya más sorpresas fiscales. En todo caso, no será a bote pronto: aumentos en las tarifas de la luz, del transporte público o de tasas aeroportuarias empinan la cuesta de enero.