La reforma de la PAC puede esperar

Si no hay marco financiero para el periodo 2014-2020 y si no se conocen exactamente los recursos disponibles para su aplicación, no habrá reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Al menos, para su entrada en vigor en 2014, como estaba previsto.

Los debates de los últimos meses en el seno de los consejos de los ministros de Agricultura de la Unión Europea y en la comisión correspondiente del Parlamento, para la elaboración de la propuesta final sobre la reforma agraria, no han producido los avances necesarios en la mayor parte de los aspectos clave, por lo que se puede decir que la reforma está verde. Un año de negociaciones a todos los niveles, desde consejos de ministros a reuniones de Estados miembros, ante la Comisión y con múltiples encuentros bilaterales entre países para buscar posiciones conjuntas, no han sido suficientes para cerrar una propuesta.

Las negociaciones para la reforma de la PAC han estado marcadas por la crisis económica y la necesidad de ajustar los gastos. Bruselas propuso inicialmente en 2011 un presupuesto para el periodo 2014 a 2020 de 281.800 millones de euros, para pagos directos y medidas de mercado, y otros 89.900 millones para desarrollo rural, junto a 15.200 millones para diferentes fondos donde destacaban 4.500 millones para innovación e investigación, 3.500 millones para hacer frente a las crisis y otros 2.500 millones para compensar los problemas que se puedan derivar de los procesos de la globalización de la economía. Esas cifras significaban mantener las ayudas a los mismos niveles de 2011 para todo el periodo 2014- 2020, lo que suponía una pérdida real del 12%. En el marco de las ayudas comunitarias de la PAC, esta política no supone ninguna novedad ya que, históricamente, las ayudas de la PAC se fijan en un momento determinado y se mantienen siempre congeladas, al margen de la evolución de la inflación.

España quiere que la transición se lleve a cabo sin traumas

En el caso de la reforma de la PAC, tras el fracaso de la cumbre de los jefes de Estado sobre el debate de las perspectivas financieras el pasado mes de noviembre, se mantienen los interrogantes sobre el volumen de fondos a asignar con posiciones enfrentadas entre los propios Estados miembros. Desde los países del norte se aboga por ajustar más a la baja la propuesta de la Comisión, mientras los países del sur —España, Francia e Italia— apuestan por mantener como mínimo los fondos ofertados inicialmente. A estas divisiones se suma la postura de la Presidencia del Consejo, comandada por Herman Van Rompuy, para aplicar recortes adicionales de casi 20.000 millones.

En la próxima cumbre de febrero se espera que haya un acuerdo sobre las perspectivas financieras y la asignación de fondos para la aplicación de la reforma de la PAC. A partir de ahí se iniciará el debate final sobre el contenido de la misma entre los ministros de Agricultura, en el Parlamento y la Comisión, por lo que se ve inviable la elaboración de los correspondientes reglamentos para su aplicación en 2014.

Para la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, hay muchos aspectos importantes de la reforma que aún no se han decidido. De ahí que la Comisión estudie la aplicación de un proceso de transición en 2014, donde se mantendrían las líneas maestras de la actual PAC.

En conjunto, García Tejerina entiende que podría aplicarse la reforma en cuestiones como el desarrollo rural, pero no en lo que afecta a los pagos directos que seguirían como ahora. En su opinión, se han producido avances en cuestiones de desarrollo rural, donde España reclama que las regiones en transición como Castilla-La Mancha, Andalucía o Murcia tengan una cofinanciación del 75%. Agricultura es partidaria de no meter los seguros agrarios en la financiación del desarrollo rural.

Los avances más importantes se han logrado en la definición de la reglamentación horizontal para simplificar la condicionalidad, las penalizaciones, el sistema integrado de control y gestión, y para que los pagos anticipados se puedan hacer siempre a partir del 16 de octubre y no desde diciembre.

Un año de negociaciones ha sido insuficiente para cerrar una propuesta

En cuanto al reglamento único, para la secretaría general se han dado escasos avances y se mantienen los interrogantes sobre el futuro de las cuotas en la leche y el azúcar, para los que se ha clarificado la política sobre los derechos de plantación que serán sustituidos por autorizaciones estatales. España defiende el mantenimiento de cuotas y mejoras en los mecanismos para regular los mercados.

Finalmente, en relación con la reglamentación sobre los pagos directos, los avances han sido muy escasos. Entre los aspectos más importantes queda por definir cómo sería el proceso de convergencia en la equiparación de las ayudas entre los países miembros. No se han producido acuerdos en materia de política verde, para la aplicación regional de la PAC, la aplicación del capping, es decir, la modulación de las ayudas o los criterios para limitar la superficie elegible en cada país a la hora de asignar derechos de pago básicos. Sí habría acuerdo para la transferencia de fondos de pagos directos a desarrollo rural hasta un 15%.

La reforma de la PAC supone un cambio del actual sistema de pagos por derechos históricos, a otro de pagos base asignando derechos por superficie. En esta fase final de las negociaciones, España defiende el mantenimiento de la propuesta financiera inicial de la Comisión. Para Agricultura es fundamental que España pueda limitar a 21 millones el volumen de hectáreas donde asignar los derechos de pago. García Tejerina apuesta por la transición de un modelo a otro sin traumas, con una estabilidad en las ayudas directas que no ponga en peligro la actividad agraria en determinadas producciones y los territorios. En esa línea, defiende que el proceso de convergencia de pagos por hectárea en un mismo país se pueda hacer de forma más limitada que la propuesta comunitaria y en un plazo más amplio, más allá de 2019.

De acuerdo con este planteamiento, Agricultura quiere que, en el pago base que se aplique por hectárea con la reforma, el 90% corresponda a los actuales derechos históricos y no el 40% que pretende Bruselas. España considera fundamental tener flexibilidad para aplicar esa política. Finalmente, en cuanto a la política verde, España defiende que la misma no suponga el 30% de los pagos que se asignen a cada país, sino un máximo del 15%; que no se exija el destino del 7% de las tierras de una explotación para interés ecológico; que no se obligue a tener hasta tres cultivos y que estas exigencias se apliquen solo para explotaciones con más de veinte hectáreas y no de tres.