“Aprobamos las cuentas de Bankia rápido para quitárnoslas de encima”
El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, cree que los consejeros no tenían que revisar los números de la entidad si el auditor ya les había dado el visto bueno
El vicepresidente primero de CEOE, Arturo Fernández Álvarez, que hoy declaró como imputado en el caso Bankia, dijo que los exconsejeros que, como él, aprobaron las cuentas reformuladas del grupo que arrojaban pérdidas millonarias, lo hicieron para quitarse "esto de encima de la forma más rápida posible". Fernández ha afirmado además al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en relación con los primeros balances que se aprobaron en marzo y que reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros, que "si Deloitte dice que están bien las cuentas, no voy a leerlas", han informado fuentes jurídicas.
Fernández, que ha comparecido durante algo de menos de una hora como imputado en la causa que instruye el juez Fernando Andreu para investigar la fusión y salida a Bolsa de la entidad, ha explicado que en los consejos de administración no se analizaron en profundidad las cuentas y que cuando tuvieron que rehacerlas el tema se abordó de "una forma muy escueta". "Queríamos quitárnoslo de encima de la forma más rápida posible", ha reconocido.
Las cuentas reflejaron un beneficio de 309 millones de euros frente a las pérdidas de 2.979 millones de mayo
En la misma línea que los otros exconsejeros que ya han sido interrogados, el también presidente de la patronal madrileña (CEIM) ha insistido en que no se le informó de que el auditor, Deloitte, hubiera planteado discrepancias sobre las cuentas de 2011 cuando hubo que aprobarlas, en marzo de 2012.
Las actas de los consejos de administración del Grupo BFA-Bankia del sumario abierto en la Audiencia Nacional para investigar si hubo estafa en la gestión de esa entidad ya revelaron el aparente desconocimiento que tenía la inmensa mayoría de los consejeros de los agujeros que sufría el banco. Los miembros del Consejo de Administración de Bankia acusaron al auditor, Deloitte, de no haberles informado de posibles objeciones. Este replicó que ya había lanzado una advertencia en octubre de 2011 a la Comisión de Auditoría.
Beneficios que eran enormes pérdidas
Las cuentas, aprobadas bajo la presidencia de Rodrigo Rato, reflejaron un beneficio de 309 millones de euros frente a las pérdidas de 2.979 millones de mayo, cuando también se anunció la necesidad de pedir una ayuda pública de 19.000 millones, ya con Juan Ignacio de Goirigolzarri al frente del grupo.
Según Fernández, que ha alegado que él era consejero de Bankia para defender los intereses de los empresarios madrileños, la reunión en la que se votaron las cuentas reformuladas fue muy escueta, "del tipo vamos a quitarnos esto de encima de la forma más rápida posible", han asegurado las fuentes consultadas.
Tras revelar que entre su mujer y él adquirieron 30.000 euros en acciones, el empresario ha señalado que ella le pregunta ahora si le va a devolver el dinero. Esta afirmación, según las citadas fuentes, ha provocado una carcajada de los abogados que asistían a la declaración.
A su salida de la Audiencia Nacional un grupo de afectados por las participaciones preferentes ha increpado al presidente de los empresarios madrileños con gritos de "chorizo", lo que le ha obligado a abandonar el lugar de forma apresurada en un vehículo de alta gama.
Mientras, el que fuera presidente del Comité de Auditoría, Alberto Ibáñez, ha reconocido haber tenido contacto directo con los auditores y ha explicado que, un día antes de que se aprobaran las cuentas de marzo, Deloitte sólo mencionó algunos temas pendientes de discusión como los créditos fiscales.
Deloitte, en el punto de mira
Ibáñez, que compró 20.000 euros en acciones en la salida a bolsa, ha incidido en que la firma no hizo ninguna advertencia ni puso énfasis en esos temas pendientes, aunque ha justificado el hecho de que no hubiera presentado su informe en el Consejo en el que se votó las cuentas de marzo por la complejidad de la integración de las siete cajas que componen la entidad.
No obstante, ha criticado la pasividad de la auditora, que fue retrasando su informe hasta que el Banco de España no aprobó el plan de recapitalización de la entidad.
Por su parte, el exsecretario de Estado de Comercio y adjunto a la presidencia de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, también ha arremetido contra la auditora, a la que ha achacado que ocultara sus discrepancias con los balances del grupo. El que fuera 'mano derecha' de Rodrigo Rato en Bankia también se ha referido al informe en el que el FMI había señalado, sin citarla expresamente, que el banco era "vulnerable" y consideraba "crítico" que para preservar la estabilidad financiera de España los bancos con escasa capitalización, "sobre todo el mayor de ellos, adopten medidas prontas y decisivas para reforzar sus balances y mejorar su gobernanza".
Unas medidas que, ha dicho, no le supuso ninguna preocupación porque creía que ya estaban contenidas en el plan presentado al Banco de España y entendía que debían implementarse lo más rápido posible. Por último, la cuarta imputada que ha declarado hoy, Carmen Cavero, que fue miembro del Comité de Auditoría, ha coincidido con el anterior en que las cuentas reformuladas de mayo se conocieron el mismo día de su aprobación.
Recta final de declaraciones sobre Bankia
Hasta el momento han comparecido ante el juez un total de 26 exconsejeros del BFA y Bankia en el marco de este procedimiento, que se instruye después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 admitiera a trámite una querella de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y otra del colectivo 15MpaRato.
Las declaraciones judiciales de los imputados se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que tendrá que declarar el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
A los 33 exconsejeros imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
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