Guindos limita el peso político en las cajas

“El modelo de cajas de ahorros tendrá límites severos”. Bruselas ha recibido ya la propuesta del Gobierno español sobre la reforma de las cajas de ahorros, a la que ha tenido acceso este diario, que incluye la preparación de un anteproyecto de ley que deberá ser aprobado en junio del año próximo con un objetivo claro: imponer duros límites, entre los que se incluye el veto a políticos, sindicalistas y miembros de la patronal en las cajas. Además, limitará el número de representantes nombrados por las Administraciones en las fundaciones —y en las cajas que sigan siendo cajas— a un máximo del 25% del total, frente al 40% actual.

Tanto en las entidades de ahorros como en las “fundaciones bancarias” —la nueva figura creada para tratar de permitir que las cajas puedan controlar bancos a pesar de las estrictas condiciones de Bruselas—, el ejercicio de consejero o patrono será incompatible con el de todo cargo político y con cualquier cargo ejecutivo en un partido, asociación empresarial o sindicato, según el proyecto que maneja el Gobierno. Esa incompatibilidad se extenderá durante los dos años siguientes al cese de los altos cargos.

El régimen de incompatibilidades y la pérdida de peso de los políticos en los órganos de gobierno no figuraba explícitamente en las condiciones ligadas al rescate, pero sí impregna toda la filosofía  del pliego de exigencias ligado a las ayudas a la banca, y era una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en su informe sobre las cajas de junio de este año.

La ley vetará a políticos, patronal y sindicatos en las cajas y fundaciones

En la documentación enviada a Bruselas se constata el desafío del Ejecutivo, que pretende permitir que las fundaciones bancarias de las cajas controlen los bancos en casos como el de La Caixa, Kutxa, Unicaja o IberCaja. Las condiciones del rescate bancario —el llamado memorando de entendimiento vinculado a las ayudas— impiden explícitamente esa posibilidad.

El rescate a la banca imponía a España la necesidad de “clarificar” el papel de las cajas como accionistas en los bancos a los que traspasaron su negocio para “reducir su participación hasta niveles que no sean de control”. El documento remitido a Bruselas trata de circunvalar esa condición para permitir que La Caixa, Kutxa, Ibercaja y compañía, a través de “fundaciones bancarias”, conserven participaciones de control en bancos. Eso sí, con duras limitaciones: básicamente, “reducir la influencia política” con una dura regulación sobre la capacidad y los requisitos de incompatibilidad, y sobre todo un estricto control del Banco de España sobre las políticas de inversiones y las obligaciones de transparencia. Hasta el punto de que el supervisor podrá obligar a las citadas fundaciones a reducir las participaciones por debajo del nivel de control.

Una de cal y otra de arena: “El objetivo es lograr un mayor control de este tipo de accionistas de los bancos [las fundaciones en las que se convertirán las cajas], fomentando la pérdida del control de los bancos”, asegura el documento, apenas tres escuetas pero jugosas páginas con membrete de Economía y Competitividad. El ministerio de Luis de Guindos trata así de conseguir un complicado equilibrio, que pasa por cumplir con las condiciones y a la vez permitir un traje a medida para algunas de las grandes entidades del sector, que se resisten a perder el control de los bancos que han creado a pesar de los pesares. Fuentes de Bruselas reiteraron este miércoles que la condicionalidad vinculada al rescate es inequívoca, y que las exigencias dejan claro que las cajas no puedan controlar bancos. El conflicto está servido.

Las fundaciones con control de bancos estarán más vigiladas

Los plazos serán ajustados. El anteproyecto de ley, que deberá pasar por el Parlamento “en torno a mayo-junio de 2013”, obliga a la grandes cajas a transformarse “en el plazo de un año” en fundaciones bancarias. Esas fundaciones serán imprescindibles en todos los casos en los que las cajas controlen “el 10% o más” de los bancos o puedan nombrar o destituir a miembros del consejo de administración. Las fundaciones que controlen bancos, algo que Economía define como “participaciones superiores al 50% o con control efectivo”, estarán sujetas a obligaciones adicionales: “Control de sus políticas de inversión, obligaciones de mayor transparencia, y control por parte del Banco de España de su idoneidad como accionistas de los bancos”, un término lo suficientemente ambiguo como para que cada cual entienda lo que le parezca conveniente. La retórica de Economía persigue un complicado encaje de bolillos: “A ninguna caja se le permitirá controlar bancos ya que tendrán que transformarse en fundaciones. Y se han creado incentivos para que las fundaciones bancarias reduzcan sus participaciones”, según la nota remitida a la Comisión el pasado viernes y que el Gobierno no ha querido hacer pública.

Los “incentivos” que cita Economía funcionan como una suerte de palos en las ruedas de estas entidades. El Gobierno reitera en diversas ocasiones a lo largo del documento que las fundaciones que dominen el accionariado de bancos estarán sujetas a “fuertes controles”. Para empezar, deberán enviar anualmente un plan de financiación al Banco de España en el que se especifique cómo acometerán “las posibles necesidades de capital de los bancos” que controlen. “Si el Banco de España no acepta los planes, podrá exigir a la fundación que adopte medidas, incluyendo una reducción de su participación”, en algunos casos hasta dejarlas “por debajo de los niveles de control”.

El Gobierno busca en todo momento diferenciar entre las entidades que han destruido la credibilidad del sector de las que no han necesitado ayudas públicas. Las cajas que puedan seguir siendo cajas (una inmensa minoría), solo podrán operar en su comunidad autónoma o en las provincias vecinas; además, su volumen de negocio se verá sometido a estrictos límites, para evitar que en ningún caso pueda haber cajas “sistémicas” (en la jerga impenetrable del sector, las que pueden arrastrar al conjunto de la banca). La participación de las Administraciones Públicas en sus órganos de gobierno se reducirá también del actual máximo del 40% al 25%, y se exigirá la presencia de al menos un tercio de consejeros independientes, según la nota enviada por el Ejecutivo a Bruselas.