Contradicciones bancarias

Cumpliendo fielmente con la hoja de ruta impuesta por el Memorando de Entendimiento, en la última semana de noviembre de 2012, se producía la aprobación por parte de la Comisión Europea de los planes de reestructuración y resolución correspondientes a las entidades participadas mayoritariamente por el FROB, también conocidas como Grupo 1 , con una cifra agregada de necesidades de capital de 37.000 millones para las cuatro entidades integrantes de dicho grupo. A ello seguirá, previsiblemente el próximo día 20 de diciembre, la aprobación de los planes correspondientes a las entidades del Grupo 2 (necesitadas de capital, e incapaces de conseguirlo en el mercado), y, finalmente, la transferencia de activos de ambos grupos a la Sociedad de Gestión de Activos (Sareb), a la que el FROB aportará unos 2.500 millones de recursos propios. La suma de esos tres componentes (Grupo 1, Grupo 2 y recursos propios de la Sareb aportados por el FROB) determinarán el volumen de disposiciones a realizar con cargo a los 100.000 millones de cifra máxima prevista para el programa de asistencia financiera al sistema bancario acordado en junio.

El aval europeo al proceso de estimación de las necesidades de capital otorga credibilidad

El hecho de que la cifra final (en torno a los 42.000 millones) sea sustancialmente inferior a la inicialmente solicitada y, sobre todo, el incuestionable aval europeo a cómo se ha llevado todo el proceso de estimación, sin duda otorgan credibilidad al mismo, y así lo han interpretado los mercados, con una clara mejoría en la percepción del riesgo España.

Más allá de las cifras, y de su distribución entre entidades, lo más relevante de la aprobación por parte de la Comisión Europea son, sin duda, las condiciones impuestas a las entidades que se van a beneficiar de las aportaciones de capital. Era de esperar que esas condiciones fueran especialmente duras, tratando de enviar una señal inequívoca a la opinión pública europea de que su dinero no fluye gratuitamente, sino que lleva un componente de castigo ejemplarizante, así como de prevención de que crisis similares no ocurran en el futuro. Y, junto con esos mensajes, tratar de evitar distorsiones en la competencia de mercado, como consecuencia del capital público inyectado en un grupo de entidades.

Pero siendo totalmente comprensibles esos argumentos, no es menos cierto que el sistema bancario español debe cumplir su principal función, facilitar el flujo financiero a la economía, lo cual es especialmente dramático en una economía como la española, tan necesitada de financiación, y tan sesgada hacia el sistema bancario como casi único canal financiero, al no disponer de otros mecanismos de financiación directa como ocurre en otros países.

Por ello, sorprenden algunas de las condiciones impuestas a las entidades para la aprobación de sus planes de reestructuración, y en las que no es difícil encontrar ciertas contradicciones con los objetivos básicos que dichas condicionalidades pretenden alcanzar.

Los límites al ámbito geográfico y al modelo de negocio podrían acabar generando problemas

La primera de ellas se refiere a las restricciones sobre el crédito, tanto cuantitativas (que el saldo de créditos no supere al de depósitos en 2017) como cualitativas (abandono de la actividad de promoción inmobiliaria y de "otras actividades de riesgo"). Es cierto que los problemas del sistema bancario se originaron en el excesivo apalancamiento del crédito respecto a los depósitos y en su excesivo sesgo hacia el sector inmobiliario. Sin embargo, en un entorno, en el que parece poco probable que los depósitos vayan a crecer durante los próximos años, todo el ajuste tendrá que producirse mediante reducción de la masa crediticia. Según nuestras estimaciones, una restricción del calibre de la impuesta va a suponer un recorte del crédito superior al 30% en las tres entidades del Grupo 1 (excluido el Banco de Valencia), escenario difícilmente compatible con el despertar del flujo crediticio para actividades productivas que nuestro país necesita. Bien es cierto que podría pensarse en el efecto sustitución que realizarían otras entidades no sometidas a estas restricciones, pero si se tienen en cuenta el importante peso de las entidades Grupo 1 y la evolución del crédito en el conjunto del sistema durante los últimos años, no parece que este efecto vaya a ser suficiente.

Por otra parte, se imponen las condiciones de centrarse en el negocio minorista -abandonando los negocios mayoristas y participaciones empresariales- y limitar el ámbito geográfico de actuación a los territorios naturales, en aquellas entidades (Nova Galicia y Catalunya Banc) de ámbito regional. No es ese el caso de Bankia, cuyo carácter de ámbito nacional haría poco relevante el requisito de vuelta a los orígenes . Es cierto que en dichas entidades, como en muchas otras, los problemas de riesgo de crédito y de desequilibrio financiero se originaron en sus redes de expansión, pero la exigencia de limitar con exceso el ámbito y la tipología de negocio podría generar problemas en términos de diversificación de riesgos y rentabilidad a medio plazo.

En cualquier caso, la digestión del proceso va a ser larga. Mucho más de lo que requeriría la economía española para volver a una senda de crecimiento generador de empleo. Ante ello, es perentoria la articulación de mecanismos alternativos de financiación que permitan a los agentes económicos acceder a recursos con los que poder financiar su actividad y decisiones de inversión.

* Ángel Berges y Alfonso García Mora son socios de Afi y profesores de Afi-Escuela de Finanzas Aplicadas.