_
_
_
_

CC OO exige que la no revalorización de las pensiones llegue al Constitucional

El sindicato cree ilegal la decisión del Gobierno y reclama a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que la recurra ante el máximo tribunal

Manuel V. Gómez
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en una rueda de prensa
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en una rueda de prensaUly Martín

Los sindicatos están enfadados por la decisión que tomó el Consejo de Ministros el viernes: no actualizar las pensiones y, en consecuencia, que los más de 8,3 millones de pensionistas pierdan poder adquisitivo. Ya el mismo día amenazaron con movilizaciones para protestar por la medida. Al mismo tiempo, CC OO puso a trabajar a sus servicios jurídicos. Dos días después la organización liderada por Ignacio Fernández Toxo ha concluido que la decisión es inconstitucional. Así que en los próximos días van a acudir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que recurra al Tribunal Constitucional el decreto publicado el sábado en el BOE, explica su responsable de Seguridad Social, Carlos Bravo.

Los juristas de CC OO defienden que no revisar las pensiones en 2012 de acuerdo con el IPC de noviembre es quitar a los pensionistas un derecho que han acumulado desde enero. Por tanto, según explican, se viola el principio de irretroactividad “de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”, como dice el artículo 9.3 de la Constitución.

Explica Bravo que esta situación no es igual a la del año pasado, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió congelar las pensiones. Lo que hizo el anterior Ejecutivo fue suspender el punto de la Ley General de Seguridad Social que garantiza cada ejercicio la revalorización de las pensiones según el IPC previsto en los presupuestos ya en enero de 2011, así que los pensionistas no comenzaron a generar el derecho desde comienzos del año. En consecuencia la suspensión del punto siguiente (lo que hizo el Gobierno el viernes) no suponía problema constitucional, según el argumento sindical.

Rajoy no puede restringir derechos con retroactividad Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CC OO

En el escrito que está preparando CC OO, también aparecerá uno de los razonamientos que empleó la Defensora del Pueblo cuando rechazó la petición de los sindicatos de llevar al máximo tribunal el decreto de recortes de julio. Entonces, pese a la negativa, recomendó al Gobierno que a la hora de eliminar la paga extra de los funcionarios en este mes de diciembre, tuviera en cuenta el momento en que se devengaba, ya que eso le podía ocasionar problemas jurídicos.

“La potestad legislativa del Gobierno no alcanza para establecer normas con carácter retroactivo que produzcan resultados restrictivos o limitativos de los derechos”, explica Bravo, “esta decisión del Gobierno es contraria a la Constitución”.

A diferencia de los partidos políticos, los sindicatos no pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional para recurrir una norma cuando consideran que no se ajusta a derecho, tienen que pedirle a la Defensora del Pueblo, la exdiputada popular Soledad Becerril, que lo haga. No obstante, la Defensora tiene potestad para decidir si finalmente lo hace o no.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_