Incentivar la economía y el empleo

En este momento de la crisis, no hay informe económico de instituciones nacionales o internacionales que no se refiera a la necesidad de compatibilizar la austeridad fiscal con los incentivos al crecimiento para salir de la situación actual. El Fondo Monetario Internacional es uno de los más beligerantes en esta necesidad frente a la Comisión Europea, que a pesar de sus declaraciones en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, da prioridad a la consolidación fiscal dificultando cualquier política de los Estados miembros que dé impulso al crecimiento y que signifique aplicar recursos del sector público que puedan desviar a los países de lo que se considera el principal compromiso, es decir, alcanzar en los plazos acordados la estabilidad de las finanzas públicas.

En las discusiones actuales para el Presupuesto plurianual de la UE (2014-2020), la propuesta de la Comisión Europea es conseguir un Presupuesto para la integración y el crecimiento. Las palabras suenan bien, pero cuando se discuten las cifras para las ayudas a los sectores productivos, se habla de recortes en la agricultura, la pesca y las dotaciones de fondos a las regiones menos favorecidas. Las discusiones continuarán hasta que se consiga un acuerdo en los intereses encontrados entre los países contribuyentes y los beneficiarios del presupuesto europeo.

Los ciudadanos españoles se impacientan y quisieran tener resultados en el corto plazo

Respecto a España, se habla mucho de la necesidad de cambiar el modelo productivo que funcionó en la fase expansiva y que tantos problemas ha provocado en la fase actual de crisis. El Gobierno ya no habla de pactos para el crecimiento y el empleo, sino que el programa, que necesariamente tiene que presentar en Bruselas, es un “programa de estabilidad y competitividad” en el que refleja sus objetivos para cumplir con la estabilidad presupuestaria marcada por la UE y a la vez introducir las reformas estructurales necesarias para incrementar la competitividad y productividad. Todo ello enmarcado en unos resultados a medio plazo.

Pero los ciudadanos españoles, afectados en su gran mayoría por la larga e intensa crisis y por los recortes presupuestarios aplicados en pos de la estabilidad, se impacientan y quisieran tener resultados en el corto plazo. Las empresas medianas y pequeñas se ven cada vez más asfixiadas al no disponer de la financiación necesaria para poder subsistir, acuciadas por los retrasos y la falta de pagos de sus clientes públicos y privados. Solo aquellas que han tenido capacidad y decisión en su internacionalización, generalmente de un tamaño mediano/grande, están teniendo resultados aceptables, aunque muchas de ellas también están realizando recortes de personal para ajustar sus costes de producción y pocas de ellas generan empleo.

Con este panorama es difícil incentivar la producción y conseguir un nuevo modelo productivo que, como ya comenté en otro artículo, disminuya necesariamente el peso de la construcción hasta niveles adecuados y aumente la importancia de sectores con un componente mayor de tecnología y valor añadido. Comencemos con el sector de la agricultura, ganadería y pesca. Su peso en el PIB se ha visto muy reducido en la última década. Desde significar un 3,8% del PIB en el año 2000 se ha reducido hasta un 2,3% en los últimos datos disponibles. Sin embargo, existe constancia de los avances conseguidos en la productividad y calidad de la producción de frutas y verduras, así como en los procesos manufactureros y comercialización de productos alimenticios: aceite, vino, embutidos... Productos en los que la marca España comienza a ganar una buena reputación en el exterior.

También el peso de la industria ha disminuido en los últimos años, desde un peso del 18,8% del PIB en el año 2000 hasta un 14,8% en los últimos datos. Uno de los motivos ha sido la crisis sufrida por todas las industrias auxiliares de la construcción y el automóvil: acero, materiales de construcción y cerámica, muebles, sanitarios, aparatos eléctricos y electrónicos... Sin embargo, parte de estas industrias se puede ver beneficiada por los indicios de recuperación de la industria del automóvil. Tanto los incentivos introducidos por el Gobierno con la aprobación del Plan PIVE como los esfuerzos realizados por la propia industria automovilística con el Plan 3 Millones, anunciado por ANFAC, van a conseguir una moderación de la caída de las ventas en el año 2012 y un impulso de la producción de vehículos, que ahora está en torno a los dos millones, hacia el objetivo propuesto. Acuerdos como el conseguido en Renault confirman que en España es posible tener fábricas productivas y competitivas con el exterior con el consiguiente aumento de las exportaciones. Los efectos directos e inducidos en la producción y el empleo de las industrias auxiliares son una esperanza en un futuro inmediato.

No hay que inventar un nuevo sistema productivo, pero sí hay que poner las bases para que las empresas puedan desarrollar su actividad

Dentro de la industria existen actividades de menor peso, pero que están mostrando también la capacidad de elaborar productos de alta tecnología y gran competitividad con el exterior. Así, el liderazgo mundial en la producción de equipos en las energías renovables, pero no solo la energía eólica, se demuestra con el volumen de concursos ganados por las empresas españolas en zonas geográficas fuera de la UE: África, Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Es una pena que los avances conseguidos en I+D+I en el periodo expansivo se pierdan al reducir la financiación pública de estas actividades con la consiguiente fuga de investigadores muy cualificados.

Durante el periodo expansivo, el crecimiento del sector de la construcción fue excesivo, alcanzó un máximo en 2006 (12.6% del PIB) y se ha reducido, tras el pinchazo de la burbuja, por debajo del 10%. La disponibilidad de dinero barato junto al aumento de la demanda especulativa y el afán de los españoles por tener una o más viviendas propias llevó a un crecimiento de la burbuja insoportable. Ahora es importante absorber los excedentes actuales y poder reconducir el sector de la construcción a niveles adecuados a las necesidades de la población española y a la demanda turística potencial. Por eso extraña la mala acogida que ha tenido la iniciativa del Gobierno para incentivar la demanda extranjera dando facilidades de residencia a los posibles inversores. Básicamente se trata de viviendas en las zonas costeras de muy difícil venta en los momentos actuales, con caídas de los precios considerables que suponen oportunidades de inversión. El aumento de la demanda extranjera aliviaría no solo a las instituciones financieras y empresas propietarias, sino también a aquellas familias que necesitan desprenderse de una segunda vivienda que no pueden costear en los momentos actuales. La entrada de inversión extranjera favorecería también el equilibrio de la balanza de capital española.

Por último, hay que tener en cuenta la gran importancia de los servicios en la producción española. Entre ellos el turismo, que considerado en su conjunto alcanzó un peso en 2010 del 10,2% del PIB. El Gobierno deberá cuidar que todos los sectores relacionados con él no se vean perjudicados con trabas y normativas contra su actividad. Los servicios públicos de enseñanza y sanidad deberían ser cuidadosamente tratados por las normativas estatales por su incidencia en los ciudadanos y en el futuro de nuestra fuerza de trabajo. La transferencia realizada de los mismos a las Comunidades Autónomas permite diferencias a veces excesivas entre los ciudadanos de los diferentes territorios.

En conclusión, no hay que inventar un nuevo sistema productivo, pero sí hay que poner las bases para que las empresas puedan desarrollar su actividad, facilitando los trámites, evitando exigencias excesivas y consiguiendo que fluya la financiación. Terminar con la restructuración bancaria y avanzar en la reforma de las Administraciones Públicas son condiciones necesarias, pero no suficientes. El Gobierno debe plantear soluciones imaginativas para poder impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).