España pierde 20.000 millones en los presupuestos de la UE hasta 2020

Presupuesto es una palabra poco fiable en Bruselas. Solo a partir de un cierto volumen —por supuesto muy superior al actual 1% del PIB, y bajando— podría aspirar Europa a desempeñar un papel estabilizador ante una crisis como lo actual, que divide como nunca el continente entre ricos y pobres. No es el caso: los países que llevan las riendas de la UE no quieren elevar ese pírrico porcentaje, 20 veces menor que el de Estados Unidos, por ejemplo. Han decretado recortes en los presupuestos 2014-2020. Zanjado ese debate casi antes de empezar, en la cumbre de la semana próxima se anuncia una de esas batallas épicas por el reparto del dinero. Y ahí hay malas noticias para España, que por primera vez pasa de ser receptor de fondos a contribuyente neto, y eso en medio de la peor crisis del último medio siglo. Madrid teme perder 20.000 millones de euros en ayudas hasta 2020, básicamente en fondos de cohesión (un invento del expresidente Felipe González para que el Norte financie inversiones en el Sur) y en agricultura, tradicionalmente la política estrella en Bruselas, que sigue acaparando el 40% de los recursos públicos pese a suponer apenas el 4% del PIB.

En los proyectos conocidos hasta esta misma semana España había logrado amortiguar el golpe. Pero finalmente puede verse perjudicada si sigue adelante la propuesta del presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, según aseguraron fuentes diplomáticas conocedoras de las negociaciones. Van Rompuy presentó el miércoles una propuesta que recorta en 80.000 millones la de la Comisión y está en línea con los deseos de Berlín. Más que la cifra, preocupa que los criterios de asignación son muy lesivos para España: por encima de todas, sufren la política de cohesión (un recorte de un tercio de los 35.000 millones recibidos en el periodo anterior) y la agrícola (un 17% menos de los casi 50.000 millones asignados a España en los últimos siete años).

Eso suma unos 20.000 millones menos de 2014 a 2020. Es decir, casi 3.000 millones por año: más o menos lo que cuesta revalorizar las pensiones anualmente.

España será, por primera vez, contribuyente neto

Las posibilidades de llegar a un acuerdo en la cumbre son “microscópicas”, según fuentes europeas. El veto de Londres se da prácticamente por sentado: persigue un tajo mucho más profundo. También París, que ha recibido un severo castigo por el retroceso en agricultura, anuncia una oposición frontal. Justo en el otro lado, el denominado grupo cohesión, que lidera Polonia, aglutina a varios países que rechazan cualquier tipo de recorte, al igual que el Parlamento Europeo. Los líderes se preparan para una cumbre larguísima: han reservado habitaciones hasta el domingo, a la espera de que las conversaciones, que empiezan el jueves, sean tan agónicas como acostumbran. Ese calvario tiene algo de paripé: la liturgia de las negociaciones prácticamente exige un fracaso en una primera cumbre para que todo el mundo salve la cara en casa.

Eso no quita para que todas las alarmas hayan saltado en Madrid. España se agarra a un puñado de condicionales para tratar de conseguir mejoras. Le conviene un retraso para que las cifras definitivas se calculen con datos más recientes, que reflejen en mayor medida la intensidad de la crisis en España. En caso contrario, Madrid pelea para introducir cláusulas de revisión a lo largo del periodo. Además, España presiona para que se incluya un fondo destinado a países que han acometido grandes ajustes y que por esa razón están metidos en el cenagal de la crisis: Grecia, Irlanda y Portugal, más España y Chipre, deberían ser los acreedores de esa bolsa, incluida en las propuestas que circulan por Bruselas. Finalmente, Madrid puede obtener una compensación para suavizar el impacto de las regiones que ya no reciben fondos de cohesión porque han conseguido mayores niveles de renta (Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía), aunque ahí no ha jugado sus bazas negociadoras de la mejor manera: el presidente Mariano Rajoy no asistió esta semana a una reunión con el grupo cohesión, liderado por Polonia. Envió al secretario de Estado de Asuntos Europeos, Íñigo Méndez de Vigo, pese a que en el cónclave había 12 primeros ministros. Tras esa declaración de intenciones, fuentes europeas esperan poca ayuda por ese lado.

El más que probable fracaso en la cumbre no saldrá gratis. Aunque la recesión que sacude Europa obliga a mirar con lupa cada céntimo, tanto Bruselas como las capitales coinciden en que el riesgo de no alcanzar un acuerdo puede contaminar otras áreas. El principal argumento del Consejo para animar a los países a acercar posturas es sencillo: nada relevante va a cambiar en los próximos meses y, por tanto, conviene dar una imagen de unidad que Europa ha perdido desde hace tiempo. El problema es que los Estados se agrupan en dos bloques muy diferenciados: los que piden aún más recortes (Alemania, Reino Unido, Holanda y Dinamarca, entre otros) y los que consideran excesivos los tijeretazos aplicados en cohesión o agricultura (Francia, Italia, España, Portugal...).

En medio de esa guerra de guerrillas, en Bruselas sigue sin hablarse de lo esencial. Nadie se plantea si hay que seguir dedicando el 40% del presupuesto a la agricultura, cuyos mayores beneficiarios son las casas de Alba y los Windsor. Nadie piensa en eliminar extravagancias como el cheque británico. Nadie, en suma, parece interesado en un presupuesto verdaderamente “federal”, que ayude a solucionar los errores de diseño de la Unión.