España bloquea por sorpresa la candidatura de Mersch para el BCE

La sustitución de José Manuel González-Páramo en el consejo del Banco Central Europeo (BCE) se está convirtiendo en un calvario. Primero fue el Parlamento Europeo, que rechazó al consejero in péctore, Yves Mersch, en protesta por la ausencia de mujeres en la terna para cubrir la plaza. Fue un varapalo político, pero sin consecuencias directas, ya que el voto de Estrasburgo no era vinculante. Pero este lunes fue España la que asestó un golpe más duro a su candidatura al anunciar por sorpresa que bloquea el nombramiento del luxemburgués. Los 27 líderes de la Unión Europea deberán ahora decidir en la cumbre del próximo 22 y 23 de noviembre si continúan con la candidatura de Mersch o inician de nuevo el proceso de búsqueda de nuevos candidatos.

Fuentes diplomáticas explican que el no de España se debe a la frustración de haber perdido un asiento en el máximo órgano del BCE, donde se toman decisiones vitales para la economía de los 17 miembros del euro. “Hasta ahora se había respetado el pacto de caballeros según el cual los cuatro grandes países de la eurozona [Alemania, Francia, Italia y España] siempre tendrían un miembro en el consejo”, aseguran estas fuentes.

Pero si España quiere impedir que Mersch ocupe el asiento de González-Páramo lo tiene muy difícil. Porque para bloquear el nombramiento, que el Consejo tiene que aprobar por mayoría cualificada, deberá lograr el apoyo de tres de los grandes países. Alemania ha sido una de las grandes defensoras del luxemburgués, considerado un adalid de la ortodoxia, que serviría de contrapeso frente a un presidente y un vicepresidente —Mario Draghi y Vítor Constâncio— de países sureños y, por lo tanto, vistos con recelos en el Norte de Europa. España ha podido bloquear el nombramiento porque el procedimiento escrito —el proceso usado ayer para su nombramiento— requiere la unanimidad, pero en la cumbre de líderes ya no tendrá poder de veto, así que su capacidad de maniobra es muy estrecha.

El Gobierno prefiere no aclarar si ya tiene un candidato o candidata para el BCE, pero todo apunta a que podría proponer a Belén Romana, directora general del Tesoro en el último Gobierno de José María Aznar (1996-2004) y colaboradora del ministro de Economía, Luis de Guindos.

España ya había propuesto a Romana para otro puesto vacante, la presidencia del fondo de rescate permanente o Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), cargo que finalmente recayó en el alemán Klaus Regling. Guindos se negó a responder si ya tiene en la cabeza el nombre de la candidata alternativa. “No le voy a decir ni que sí ni que no sino todo lo contrario”, aseguró este lunes en México. El ministro de Economía subrayó que tiene “la voluntad clara de nombrar un candidato español, que sigue con sus posibilidades abiertas”, informa Luis Prados.

El ministro de Economía se limitó a confirmar que el Gobierno español “rechaza” la designación de Mersch. “El Gobierno español valora la votación del Parlamento Europeo, por considerarla importante pese a no ser vinculante, y aguarda a la decisión final que se tome en el próximo Consejo Europeo”. Pese a agarrarse al argumento de la Eurocámara sobre la falta de mujeres en la cúpula del BCE, España ha aprovechado la ocasión para presentar una batalla que daba por perdida. También podría tratar de utilizar su rechazo a Mersch como baza negociadora para presionar a su favor en decisiones tan importantes como las condiciones para un nuevo rescate o para el presupuesto multianual que la UE debe pactar en la cumbre de finales de noviembre.

Los ministros de Economía de la UE eligieron a Mersch el pasado julio, desechando el nombre que había presentado España, Antonio Sáinz de Vicuña, director de los servicios jurídicos del BCE. Por primera vez desde su fundación en 1999, el comité ejecutivo del Eurobanco se quedaba sin un representante de uno de los cuatro grandes países. El Gobierno de Mariano Rajoy ni siquiera logró el premio de consolación de colocar a Romana al frente del MEDE. España trata ahora, cuando ha encontrado un resquicio legal, de subsanar esta pérdida de peso en las instituciones europeas.