Un juez autoriza el embargo de los bienes de la petrolera Chevron en Ecuador

Un juez ecuatoriano ha ordenado embargar los bienes de la petrolera estadounidense Chevron en el país, en el marco de una multimillonaria condena por daños medioambientales.

El juez Wilfrido Erazo, de la Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos, emitió el lunes la orden de embargo contra los bienes de Chevron y sus subsidiarias, según Efe Pablo Fajardo, abogado de los perjudicados por el daño ambiental imputado a la petrolera.

De su lado, James Craig, asesor de Comunicación de Chevron para América Latina y África, volvió a criticar a la Corte de Sucumbíos y a los abogados de los demandantes y calificó a la providencia del juez Erazo como "ilegal".

La Corte de Sucumbíos es la que en febrero de 2011 condenó a Chevron a pagar más de 19.000 millones de dólares, como indemnización por los graves daños ambientales causados durante el periodo en que extrajo crudo de la Amazonía ecuatoriana, entre 1964 y 1990.

La orden del juez Erazo señala que la ejecución de la condena será "imponible sobre la totalidad del patrimonio de Chevron" hasta que se cubra el monto de la sentencia y en virtud que la compañía se declaró "rebelde" a cumplir con esa obligación.

El embargo incluye los más de 96 millones de dólares de la multa impuesta por un tribunal del Centro Internacional de Arbitraje Relativa a Inversiones (Ciadi) contra el Gobierno de Ecuador, ante una demanda presentada por Chevron por otro asunto.

La medida judicial también abarca la línea de carburantes que se expenden en el mercado y que está relacionada con la petrolera estadounidense o subsidiarias, como Chevron, Texaco, Ursa, Havoline, Doro, Geotex, Meropa, Motex, Multigear, Regal, Taro, Texatherm y Thuban.

Fajardo explicó que la decisión del juez Erazo supone que "cualquier beneficio económico que tenga Chevron por venta de productos" en Ecuador "sea embargado inmediatamente" y depositado en una cuenta de la Corte de Sucumbíos, con el fin de abonar al monto de la condena impuesta a la petrolera.

Estas acciones se suman a otras que la defensa de los afectados amazónicos han emprendido en el exterior. De momento, los abogados de los afectados han iniciado acciones en Canadá y Brasil.

Fajardo, además, recordó que la semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una petición de Chevron para intentar bloquear la condena emitida por las cortes ecuatorianas.

Con ello, dijo el abogado ecuatoriano, no hay "impedimento legal alguno que obstaculice cobrar" la deuda "en cualquier parte del mundo, incluso en Estados Unidos".

De su lado, el portavoz de Chevron dijo que la orden del juez Erazo "no es de extrañar, puesto que los demandantes han demostrado que pueden obtener cualquier providencia que quieren de la Corte" de Sucumbíos.

"Ya ha sucedido que los mismos abogados de los demandantes han estado involucrados en la redacción secreta de órdenes anteriores de la corte", dijo Craig, aunque no precisó en qué ocasiones.

La acción del juez Erazo constituye, para Craig, "una nueva violación al derecho internacional de parte del Ecuador", por lo que Chevron "pretende combatir esta acción ilegal" a través "de todo recurso legal disponible, tanto dentro como fuera" del país andino.

Además, precisó que Chevron "no posee activos" en Ecuador, donde apenas "existen activos mínimos de sus empresas filiales", aunque aceptó la posibilidad de que se embargue la multa impuesta por el Ciadi al Gobierno de Quito.

Esa deuda es "fruto del laudo arbitral" en un tribunal del exterior, por lo que "no hay nada que pueda evitar que el Gobierno del Ecuador entregue dinero a los abogados de los demandantes", según el portavoz.

Sin embargo, remarcó que esa opción "no satisfará las obligaciones del país bajo lo establecido por el laudo arbitral", por lo que la eventual decisión de Ecuador de entregar esos fondos a la Corte de Sucumbíos constituiría, según Craig, "una violación adicional del derecho internacional".

Chevron, que reniega de la justicia ecuatoriana y que se ha rehusado a aceptar la sentencia, sostiene que se perpetró un supuesto "fraude" y que la condena en su contra forma parte de un complot de los abogados de los demandantes.