Hacia un nuevo mapa bancario

El pasado viernes se conocieron, finalmente, las necesidades de capital del sistema bancario español resultantes de las pruebas de esfuerzo efectuadas en el marco del proceso de recapitalización y reestructuración del sector financiero. El resultado ha sido coherente con lo que el Fondo Monetario Internacional había anticipado en su informe publicado en junio de 2012 bajo el título Spain: Financial Stability Assessment: la mayor parte del sistema financiero español está sana y no necesitará fondos públicos para su recapitalización. De hecho, siete entidades ni tan siquiera presentarían necesidades adicionales de capital ni aun en el escenario más adverso dibujado en el informe, que supera de largo las peores previsiones de los analistas nacionales e internacionales.

La publicación de este informe, aunque seguramente obligará a algunas entidades a un cierto esfuerzo de comunicación para poner de manifiesto sus fortalezas en términos de eficiencia y su ya probada capacidad para recapitalizarse sin necesidad de fondos públicos, debería tener el efecto positivo de disipar, de una vez por todas, la injusta sombra de sospecha que se ha proyectado en los últimos meses sobre el conjunto del sector financiero español. Sin embargo, la publicación de este informe no constituye el final, sino más bien el comienzo de la fase definitiva de reestructuración del sistema bancario español.

A partir de ahora, y dejando al margen los bancos que, a la fecha, no presentan necesidades adicionales de capital en ninguno de los escenarios contemplados, las siete entidades examinadas restantes deberán realizar distintas tareas, si bien la situación de unas y de otras será muy distinta.

Los bancos ya controlados por el FROB (grupo 1) habrán de avanzar en sus planes de reestructuración o de resolución de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, con sometimiento a las reglas fijadas por la Comisión Europea en este tipo de procesos.

Las entidades del grupo 2, que son aquellas que, una vez presentados sus planes de recapitalización, necesiten fondos públicos para su recapitalización, habrán de elaborar, igualmente, planes de reestructuración, aunque, al no necesitar una inyección de recursos públicos comparable a las de las entidades del grupo 1, la autorización por parte de la Comisión Europea debería someterse a condiciones más benévolas.

Las entidades del grupo 3 son aquellas que, a partir del 30 de junio de 2013, no necesitarán apoyo público para su recapitalización, distinguiéndose dos subgrupos: las entidades que presentan necesidades adicionales de capital principal inferiores al 2% de sus activos ponderados por riesgo y las que superen este porcentaje. Estas últimas habrán de someterse a una recapitalización cautelar a través de la suscripción de bonos convertibles (cocos).

La distinción entre las entidades que se encuentren encuadradas entre los grupos dos y tres habrá sido, seguramente, una de las operaciones más delicadas y sensibles del ejercicio que acaba de realizarse pues la verdadera frontera será la que, al final, separe a las entidades que necesiten o no recibir fondos públicos.

Mientras todo esto sucede, y siguiendo la hoja de ruta ya trazada por el famoso MoU (Memory of Understanding), las autoridades españolas habrán de completar el diseño y la constitución de la sociedad de gestión de activos (SGA), prevista en el MoU para noviembre próximo. Los detalles de esta nueva institución serán también una variable relevante para el futuro cercano del sistema.

La segregación de los activos problemáticos en las entidades receptoras de fondos públicos para su aportación a la sociedad de gestión de activos será un paso previo a su recapitalización, como también lo será el sacrificio de accionistas y otros titulares de instrumentos financieros, entre otras acciones. Por ello, entre la cifra publicada el viernes y la que finalmente aporte el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, podría haber una diferencia relevante.

Por último, habrán de producirse procesos de consolidación de diversa índole, como resultado de los cuales se conformará definitivamente el nuevo mapa bancario español. Si en ese proceso se produce, además, una adecuada reestructuración, el resultado final será positivo para toda la economía española. Eso esperamos.

Francisco Uría es socio responsable del sector financiero de KPMG en España.