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Buenos Aires presionó para evitar que la OCDE debata la expropiación de YPF

Las negociaciones con Repsol para fijar un justiprecio por las acciones incautadas parecen lejos de fructificar

Miguel Galuccio, consejero delegado de YPF
Miguel Galuccio, consejero delegado de YPFPisarenko (AP)

Argentina ha presionado al máximo nivel para intentar evitar que el Comité de Inversiones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) debata y, presumiblemente, apruebe un informe muy crítico con la expropiación de las acciones de la firma española Repsol en la petrolera YPF.

El pasado 21 de junio se acordó, a petición de la Comisión Europea, incluir la expropiación de YPF en el orden del día de la reunión que el Comité de Inversiones de la OCDE celebra el próximo 8 de octubre en París. Argentina no forma parte de esta organización —que agrupa a 34 de las economías más industrializadas del mundo—, pero sí tiene el estatuto de país observador, ya que ha suscrito la Declaración sobre Inversiones y Empresas Multinacionales adoptada en 1976 por la OCDE.

El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, visitó el pasado 1 de septiembre al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en su sede parisina, con el propósito de convencerle de que la expropiación de YPF se cayese del orden del día de la reunión. Aunque la OCDE carece de competencias sancionadoras, Timerman le trasladó su gran inquietud por el hecho de que un pronunciamiento de la OCDE en contra de su Gobierno pudiera “interferir” los procesos judiciales en curso. Precisamente en octubre se cumple el plazo de seis meses que —en virtud del acuerdo hispano-argentino sobre protección recíproca de inversiones— debe aguardar Repsol antes de denunciar a Argentina ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión), el organismo de arbitraje del Banco Mundial, que sí tiene poder sancionador. La compañía española ya ha presentado una denuncia ante los tribunales de Nueva York, ya que YPF cotiza en Wall Street.

Los argumentos de Timerman no convencieron a Gurría quien, según las fuentes consultadas, trasladó a su interlocutor la imposibilidad de modificar el orden del día para eliminar el punto relativo a la expropiación de YPF o posponer la reunión, como este pretendía. El secretario general de la OCDE argumentó que el incumplimiento de los compromisos asumidos en materia de inversiones extranjeras es una de las principales preocupaciones de la OCDE, pues de otra forma estos acabarían perdiendo todo valor y credibilidad.

Frente a las quejas del jefe de la diplomacia argentina sobre el supuesto exceso de representación de los países europeos en el Comité de Inversiones, Gurría le recordó que las decisiones se toman por consenso. Y los socios adherentes, como Argentina, pueden participar en la reunión con los mismos derechos que los demás, por lo que le invitó a que así lo haga el día 8 y exponga sus argumentos.

Fuentes diplomáticas se muestran convencidas de que el informe de la OCDE será muy crítico con el Gobierno argentino, ya que este no respetó el derecho de “no discriminación” y expropió solo las acciones de la compañía española. Tras haber intentado una condena a Argentina en la cumbre del G-20 en Los Cabos (México), en junio, la diplomacia española se ha dirigido ahora a la OCDE, donde parece contar con mayores posibilidades de éxito.

La crisis abierta por la expropiación de YPF ha llevado a España a limitar sus importaciones de biodiésel argentino y a Buenos Aires a denunciar el acuerdo bilateral de doble imposición, lo que dejará en una difícil situación a las firmas españolas que sigan en Argentina a partir de enero.

Mientras tanto, las negociaciones con Repsol para fijar un justiprecio por las acciones incautadas parecen lejos de fructificar. YPF ha anunciado un principio de acuerdo con Chevron para invertir en el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta, pero las fuentes consultadas estiman que la petrolera estadounidense no desembolsará un dólar mientras persista la amenaza de Repsol de llevar a los futuros inversores ante los tribunales, incluso norteamericanos.

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