La desconfianza sobre España

La crisis actual ha dado al traste con la confianza sobre España en los ámbitos internacionales alcanzada durante el último periodo expansivo. Tras la entrada en la Comunidad Europea y los éxitos conseguidos para cumplir con los criterios de convergencia y formar parte de la Unión Monetaria desde su creación, España pasó de ser un país de segundo nivel a estar bien considerada en Europa. En aquellos momentos se redujo la prima de riesgo y los capitales extranjeros comenzaron a invertir y prestar dinero en España.

Pero la crisis financiera internacional y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria devolvieron a España a su realidad. El intenso crecimiento de la economía española, basado en la construcción, no se aprovechó para poner las bases de un crecimiento estable. La financiación fácil y barata cegó a las instituciones, empresas y familias, que gastaron y/o invirtieron mal y más de lo que era razonable en relación con su capacidad de producción y sus rentas. Esta actitud derivó en un nivel de endeudamiento excesivo del país, especialmente frente al exterior.

La desconfianza en los mercados financieros surge precisamente por considerar que los agentes españoles no serán capaces de devolver la deuda contraída

La desconfianza en los mercados financieros surge precisamente por considerar que los agentes españoles no serán capaces de devolver la deuda contraída. La prima de riesgo se eleva, los capitales extranjeros huyen y los mercados financieros se cierran para todos. Ni el Estado, ni las comunidades autónomas, ni los bancos españoles encuentran facilidades para refinanciar la deuda contraída con el exterior. El Banco Central Europeo (BCE) está dando financiación barata a aquellas entidades financieras que pueden presentar colateral suficiente para asegurar su devolución. Pero los bancos tienen que destinar esta financiación a la compra de deuda pública, una operación que, aunque les aporta beneficios por el diferencial de los tipos de interés, agota su capacidad financiera y el crédito no fluye en el mercado, asfixiando cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica.

De aquí la importancia y prioridad de realizar bien la reestructuración y saneamiento del sistema financiero. La solución está diseñada a partir de la decisión tomada por el Consejo Europeo del mes de julio para prestar al sistema financiero hasta 100.000 millones de euros a través del FROB, si bien estos fondos solo se podrán prestar directamente, sin pasar por el Estado, cuando esté en marcha la unificación de los sistemas financieros con el BCE como principal autoridad de la supervisión del sistema, previsiblemente a comienzos de 2013.

Las condiciones para poder acceder a este préstamo se han explicitado en el memorando de entendimiento que España ha tenido que firmar y que le ha obligado a realizar muchas reformas. Por resaltar la más importante en relación con el sistema financiero, el Gobierno español ha tenido que desarrollar y aprobar un real decreto ley que introduce modificaciones significativas en el FROB, que obliga a crear una sociedad de gestión de activos (conocida por banco malo) y exige la resolución de aquellas entidades que no sean viables.

A los bancos españoles les interesa que las valoraciones de los activos tóxicos sean lo más elevadas posibles, pero a la Eurozona le interesa abaratarlos

El FROB es el organismo que asume la responsabilidad de determinar los instrumentos idóneos para llevar a cabo los procesos de resolución o de reestructuración del sistema financiero de forma ordenada y con el menor coste posible para el contribuyente. No obstante, las competencias supervisoras seguirán correspondiendo al Banco de España. Es importante para entender la evolución del proceso tener en cuenta que tanto en los casos de resolución como los de reestructuración el FROB deberá elaborar un plan y posterior regulación que sean aprobados por el Banco de España.

Exigido por el memorando, el real decreto ley incluye la creación de una sociedad de gestión de activos que será una sociedad anónima que podrá comprar y vender todo tipo de activos y realizar emisiones de deuda a través de obligaciones. El decreto regula las condiciones específicas de esta sociedad. El FROB podrá obligar a las entidades financieras en proceso de reestructuración al traspaso de los activos problemáticos a esta sociedad gestora. Solo se traspasarán los activos de los bancos que necesiten ayuda del FROB. Las entidades que estén bajo el control del Estado transmitirán todos los activos. En las demás, el FROB decidirá cuáles se traspasan y cuáles no.

Ya que será el Banco de España el que determinará el valor económico de los correspondientes activos y pasivos sobre la base de los informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes, el éxito de la gestión de esta sociedad de gestión de activos dependerá en gran medida de esta valoración. En este punto existe un conflicto de intereses. A los bancos españoles les interesa que las valoraciones sean lo más elevadas posibles (efecto menor en sus balances), pero a la Eurozona le interesa abaratar al máximo esos activos. En el decreto se establece que las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada tendrán en cuenta el valor de mercado de los valores de deuda a los que se dirigen, aplicando las primas o descuentos que resulten conformes con la normativa de la Unión Europea de ayudas de Estado.

Si se restaura la confianza y comienza a fluir el crédito veremos una esperanza para la recuperación y posterior creación de empleo

A pesar de la publicación del decreto, la entrega a España de los primeros 30.000 millones de euros acordados se retrasa. Tanto que el Gobierno se ha visto obligado a adelantar a Bankia 4.750 millones de euros. Esto hace pensar que puede quedar algún fleco por lo que la troika europea continúa desconfiando. Para que el proceso continúe será necesario que los plazos se cumplan, tanto en la evaluación de las entidades, la valoración concreta de los activos dudosos y los procesos de reestructuración. Y así se llegará a comienzos de 2013, cuando se conozcan datos provisionales del déficit público y del punto más importante que hay que cumplir con la UE y que cada vez se complica más con la situación de las comunidades autónomas.

Mientras tanto, se sigue hablando de la necesidad de un rescate, esta vez dirigido al Estado español. El Gobierno ya no niega esta posibilidad, aunque lo condiciona al conocimiento de las exigencias que conllevaría su solicitud. Todavía quedan unos meses de incertidumbre en los que la desconfianza de los mercados continuará. A no ser que el BCE se decida, después de recabar los apoyos necesarios, a intervenir directamente con la compra de deuda española. De momento quiere establecer diferencias entre una intervención en el corto y en el largo plazo, pero aunque fuese únicamente en el corto plazo esto daría un respiro para poder ir cumpliendo con las exigencias europeas. Si se restaura en parte la confianza y comienza a fluir el crédito veremos una esperanza para la recuperación económica y posterior creación de empleo.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).