El cierre parcial de una siderurgia por sus vertidos tóxicos divide Italia

Ilva, el grupo siderúrgico más grande de Europa, domina la bahía de una sureña ciudad italiana, Tarento. Arrimada al mar Jónico, produce 28.000 toneladas de acero cada año mientras vierte en el cielo y en la tierra toneladas de sustancias tóxicas. Es el precio de sus miles de empleos y lo que la ha puesto en el centro de un áspero enfrentamiento entre magistrados, políticos y trabajadores, que podría llevar la fábrica al cierre. Una parte de la planta está clausurada, ocho directivos están acusados de intoxicar la zona, pero los empleados defienden la instalación y temen perder sus puestos de trabajo. Ilva resume algunos de los peores aspectos de Italia: un entramado de corrupción, silencios y favores que han permitido a las chimeneas escupir veneno.

Ilva, propiedad de la familia Riva desde 1995 (antes era propiedad del Estado), emplea a 12.000 trabajadores de manera directa, genera empleos indirectos para otras 8.000 personas y produce el 90% del acero de origen italiano. Pero de sus máquinas también sale veneno: sustancias cancerígenas como la dioxina y el benzopireno. En Tamburi, un barrio pegado a la planta y que acoge a unas 17.000 personas, los niños tienen prohibido jugar en las zonas verdes y respiran un aire tan contaminado que es “como si fumaran 1.000 cigarrillos cada año”, según advierte un estudio químico citado por Alessandro Marescotti, presidente de Peacelink, que destapó el escándalo hace tiempo.

Un estudio vincula las emisiones de la factoría con 11.000 muertes

A lo largo de los años se han acumulado las denuncias de ciudadanos, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Las emisiones contaminantes de la siderúrgica están vinculadas con unos 11.000 muertos en los últimos siete años, según un estudio realizado por orden de la fiscalía de Tarento. Son muertes relacionadas, sobre todo, con enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Pero las chimeneas han seguido trabajando, casi sin estorbos. Hasta ahora.

Entre empresarios que obviaron los más mínimos criterios de seguridad y una política silenciosa que se lo consintió, surgió un juez de investigación preliminar que, finalmente, ordenó el pasado 26 de julio el cierre parcial de la factoría y la detención de ocho de sus directivos. Les acusa de una larga retahíla de delitos: desde el vertido tóxico y el envenenamiento de sustancias alimentarias a la omisión de precauciones de accidentes laborales. El 7 de agosto otro tribunal confirmó el fallo y decretó el arresto domiciliario para cinco de los acusados y avaló la cárcel solo para el dueño, Emilio Riva, su hijo Nicola y el exdirector Luigi Capogrosso.

Limpiar la zona y modernizar la planta puede costar un billón de euros

El “desastre” causado por Ilva, según la sentencia, “fue determinado por una constante y repetida actividad contaminante realizada con conciencia y voluntad, por deliberada elección de los propietarios y los directivos”. Los dueños deben ahora limpiar el área y actualizar las tecnologías si quieren seguir trabajando. Administradores nombrados por el tribunal deberán establecer los tiempos y las modalidades de la descontaminación y puesta en seguridad. Pero el centro de la cuestión reside en si durante el saneamiento hay que apagar los altos hornos. “Es solo uno de los caminos técnicos posibles”, dijo el tribunal, “pero para mantener la actividad productiva hay que eliminar la fuente de las emisiones contaminantes”, determinó. “Con filtros y la tecnología adecuada, la industria podría llegar a recortar a la mitad sus emisiones nocivas”, coincide Marescotti, de Peacelink.

“La empresa sobornaba a expertos para que edulcoraran los análisis o avisaran con antelación de los controles”, señaló el diario Il Corriere della Sera. “Escuchas y documentos demuestran cómo algunos directivos, sobre todo el jefe de comunicación, Girolamo Archinà, pasaron dinero a públicos oficiales”, aseguró. En este sentido, ha brotado una nueva rama de investigación, que salpica a 13 entre políticos y funcionarios por corrupción en actos judiciales y se mueve en paralelo a la primera, con ocho imputados.

La hipótesis de cierre de Ilva ha causado las protestas de miles de trabajadores, que temen por la pérdida de sus empleos. En las pancartas que llevaban en las diversas manifestaciones que se han sucedido, se podía leer: “El paro también mata”. “Lo único que queremos es trabajar. Por favor, queremos llevar dinero a casa, tenemos deudas e hipotecas”, resumía un obrero de la planta antes los micrófonos de la televisión.

Pocos pasos más allá, se reúnen los vecinos y los ambientalistas. Son pocos metros, pero parecen miles de kilómetros. Un niño en un hospital resume su drama: es Lorenzo Zaratta, de tres años, y con un cáncer cerebral diagnosticado a los pocos días de vida. Su padre, Mauro, sujetaba su foto el viernes pasado para lanzar un mensaje a los ministros de Medio Ambiente, Corrado Clini, y de Industria, Corrado Passera, que visitaron la ciudad. “Todos estamos aquí por el futuro de nuestros hijos”, declaró Zaratta. Los hombres del equipo del primer ministro Mario Monti llegaron para tratar de ejercer de rey Salomón: evitar el cierre, pero obligar a los propietarios a sanear la planta, lo que costaría, según los expertos, cerca de un billón de euros.