Bruselas frena la reforma bancaria por discrepancias con Economía
Las pérdidas que sufrirán los titulares de participaciones preferentes en entidades con ayudas públicas, el mayor escollo entre la Comisión y Madrid
El decreto que el Gobierno llevaba semanas anunciando para este viernes tendrá que esperar una semana más. Las exigencias de Bruselas han congelado de momento la reforma que permitirá intervenir bancos de forma urgente y que dota de poderes extraordinarios al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para liquidar entidades inviables. La Comisión Europea quiere estudiar al detalle un texto que recibió hace muy pocos días. En Bruselas consideran que no habrá grandes problemas para sacar adelante una reforma de su agrado, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy debe amoldarse a sus condiciones para asegurarse la ayuda europea a la banca española. Pero detectan un punto de fricción con Madrid: concretar las pérdidas que inevitablemente asumirán los titulares de participaciones preferentes de las entidades que cuenten con ayudas públicas.
La apretada agenda de Rajoy
- El martes 28, el presidente, Mariano Rajoy, recibirá al presidente del Consejo europeo, Herman Van Rompuy, para explicarle la posición de España sobre la unión bancaria y fiscal.
- Rajoy recibirá también el jueves 30 al presidente francés, François Hollande, para tratar las nuevas medidas que los líderes europeos deberían tomar con el fin de atajar la crisis.
- El primer ministro italiano, Mario Monti, se reunirá el miércoles 29 en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, y el 4 de septiembre recibirá en Roma al presidente francés, François Hollande.
- El jueves 6 de septiembre, será Angela Merkel la que visite a Rajoy en Madrid, ya que la canciller alemana clausurará una reunión de inversores hispano alemanes.
Los responsables de la Comisión son conscientes de las dificultades del Gobierno español para imponer a decenas de miles de pequeños ahorradores una pérdida en sus inversiones, algo a lo que el Ejecutivo se oponía antes de que el rescate a la banca le obligara a aceptarlo. “No forma parte del memorándum [del rescate a la banca]”, dijo rotundo el ministro de Economía, Luis de Guindos, pocos días antes de confirmarse que finalmente sí estaría en el contrato firmado a cambio del préstamo europeo de hasta 100.000 millones de euros. Pero en Bruselas aseguran que no hay otra solución: que todo lo que no aporten los accionistas y acreedores tendrá que salir del fondo de rescate, lo que supone en última instancia del bolsillo de los contribuyentes europeos.
La situación que más preocupa al Gobierno es la de los titulares de preferentes de entidases nacionalizadas (Bankia, NovaGalicia Banco o CatalunyaCaixa), a los que no se ofreció canjes —como en el resto del sector— por estar sometidos al régimen europeo de ayuda al Estado. Ese régimen, y el memorándum de rescate, obligaría a una recompra de las preferentes por su valor de mercado, lo que ahora supondría pérdidas de entre el 60% y el 80% para los titulares de esas preferentes.
El Gobierno y la Comisión negocian los detalles de la nueva norma y, de forma paralela, desde hace semanas, el cálculo concreto de las pérdidas que tendrán que asumir acreedores y accionistas de deuda subordinada.
Economía niega el conflicto
En el Ministerio de Economía niegan que haya conflicto con Bruselas. “Lo que hay es un trabajo en conjunto con la Comisión para buscar una solución equilibrada del problema actual y de cara al futuro”, señala la portavoz del departamento que encabeza Guindos. Palabras muy parecidas lanzó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
“La Comisión Europea ha pedido una semana más”, señaló la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros, “no hay puntos de discrepancias, sino la voluntad de trabajar juntos en el diseño de un sistema que no es fácil”. “Si son los europeos los que ponen el dinero, el proceso hay que discutirlo y hablarlo con ellos”, reconoció.
El decreto que el Gobierno ahora ha aplazado establecerá un marco general que incluirá el reparto de la carga de la reestructuración y minimizar el coste para los contribuyentes, un criterio impuesto por Bruselas. Pero habrá que esperar hasta octubre o noviembre para conocer los términos concretos del canje en el caso de las prefentes, que variarán de una entidad a otra.
Primero se conocerán los resultados de las pruebas de resistencia realizados a cada entidad para concretar las necesidades de refinanciación del sector. Una vez conocido cuándo dinero público requerirá cada banco, la Comisión establecerá el descuento que deberán afrontar los inversores.
El Gobierno también debe regular la creación del banco malo o sociedad a la que se traspasarán los activos tóxicos (de difícil cobro) de la banca con problemas, un proyecto que discutieron en Madrid los expertos de la Comisión Europea con las autoridades de españolas.
Una negociación para “compensar las desventajas que tenían las preferentes”
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró el fin de semana pasado que el Banco de España y la Comisión Europea negociaban para canjear las preferentes de las entidades nacionalizadas por un producto “con liquidez, algo que ahora no ocurre con las preferentes” y con unas condiciones “que compensen de alguna manera esas desventajas que tenían”.
Las “desventajas” de las preferentes solo fueron obvias para muchos ahorradores que las compraron creyendo que eran depósitos cuando intentaron recuperar sus ahorros. Porque eran títulos de deuda perpetua, que las entidades manejaban de forma interna y cuyo valor cayó en picado cuando los supervisores obligaron a que se negociaran en mercados transparentes.
Cuando la situación reventó, la mayoría de entidades financieras ofreció a sus clientes algún tipo canje, más o menos desfavorable. Pero las normas europeas apenas dejaban margen a las cajas rescatadas: cualquier recompra debía hacerse a un valor cercano al del mercado, lo que condena a sus clientes a encajar pérdidas de hasta el 80% respecto a la inversión original.
Las negociaciones para mitigar las pérdidas en el caso de los clientes de Bankia, NovaGalicia Banco, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia, —unos 130.000 ahorradores con una inversión conjunta de 4.500 millones— se entremezclan ahora con la reforma financiera que exigía Bruselas como consecuencia del rescate a la banca. Una norma que impone pérdidas a accionistas y acreedores de deuda subordinada (como las preferentes) de entidades que reciban ayudas públicas.
La norma hace posible que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria obligue a una recompra de las preferentes a valor de mercado. Pero también da la opción de que ese canje se haga por “otro producto bancario”. Eso abriría la puerta a una fórmula para mitigar las pérdidas: los clientes sufrirían una quita notable de sus ahorros, pero podrían recuperar el dinero mediante el cobro de tipos de interés si mantiene ese nuevo título unos años.
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