Industria endurecerá los requisitos para acogerse a las tarifas reguladas de la luz
Soria reconoce que parte del coste de la reforma contra el déficit la pagarán los consumidores El Ministerio insiste en que habrá un nuevo impuesto a las nucleares por sus residuos Las centrales hidroeléctricas pagarán por usar el cauce de los ríos
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha diseñado una reforma energética en la que se plantea "disminuir el límite de la Tarifa de Último Recurso (TUR) que pagan los consumidores domésticos", según ha afirmado el jefe de este departamento, José Manuel Soria. Esta medida sacaría a un mayor número de usuarios de la tarifa regulada y les obligaría a contratar el suministro en el mercado libre. En todo caso, el ministro dijo que "se garantizará una tarifa" para los consumidores vulnerables, que son los que ahora se pueden acoger al llamado bono social.
La TUR está reservada para los consumidores que tienen una potencia contratada inferior a 10 KW, segmento en el que se encuentran prácticamente todos los consumidores domésticos con unos 24 millones de usuarios. Frente a esta opción, en el mercado liberalizado hasta ahora contratan, sobre todo, las medianas y grandes empresas. Según los últimos datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), correspondientes a junio de 2012, acudir al mercado libre sale, de media, unos 23 euros más barato al año para los pequeños consumidores.
Por su parte, las condiciones para optar al bono social es tener una potencia inferior a 3KW y que todos los miembros de la familia estén en paro o pensionistas con prestaciones mínimas.
Soria reconoció que, para elevar los ingresos del sistema eléctrico, "una parte tiene que ir con cargo a las tarifas del consumidor", si bien este aspecto depende "del mercado y de las subastas de electricidad que se hacen cada tres meses". En lo que va de 2012, el recibo de la luz ha subido en torno al 13% de media y volverá a hacerlo en septiembre, como mínimo por la entrada en vigor del nuevo IVA, que pasa del 18% al 21%. Además, está por ver cómo resulta la subasta de la materia prima, que fija el 50% del coste de la tarifa.
Además, según ha recordado el ministro en una entrevista a Europa Press, también se prevé un nuevo gravamen a la energía nuclear basado en la producción y almacenamiento de residuos como otro para la hidráulica justificado a partir del uso de cauces fluviales.
El objetivo de la reforma energética, que Soria ya había adelantado a principios de julio, es "equilibrar el sistema eléctrico" y acabar con el déficit de tarifa, que asciende a 24.000 millones en términos acumulados y que "va creciendo a un ritmo de 6.000 ó 7.000 millones al año", afirmó el ministro. "Si no hacemos nada, en pocos años podría ser de 40.000 ó 50.000 millones, y entonces tendríamos un problema financiro", advirtió.
El retraso en la aprobación de esta reforma se debe a su "complejidad", señaló, antes de indicar que "irá al Consejo de Ministros cuando haya consenso en el seno del Gobierno" acerca de su contenido, ya que el proceso ha provocado roces entre Industria y Hacienda. "Dada su casuística, probablemente sea la de mayor complejidad técnica", reconoció Soria, quien ha dedicado a este asunto "una gran parte" de los meses que lleva en el cargo. En este punto, la pasada primavera, el responsable de este departamento anunció la reforma del sector para junio. pero sigue si ver la luz.
La reforma, explicó el ministro, "contiene medidas para reducir gastos y aumentar ingresos", y dentro de este segundo aspecto "se ha planteado" la aplicación de "una tasa o canon para la producción de residuos nucleares y su almacenmiento", así como "un canon por la utilización de los cauces de los ríos donde existen centrales hidroeléctricas", dado que son "recursos públicos".
Tributos a todo tipo de energía
Dentro del capítulo de ingresos del sistema eléctrico, Soria también consideró "obvio que se planteen tributaciones a la generación de todo tipo de energía" sin que "se discrimine entre unas y otras". Para ello, Industria ha propuesto un "impuesto" sobre la facturación, entendida como "el precio al que se vende cada megavatio multiplicado por el número de megavatios producidos".
De esta forma, se dispondría de un "tipo impositivo progresivo y creciente" que grave la generación eléctrica, indicó, antes de recordar que, si bien el precio medio en España es de 50 euros por megavatio hora (MWh), "no todos los productores obtienen lo mismo por su venta", ya que hay tecnologías que reciben los 50 euros por MWh y otras que llegan a 400 euros.
El ministro no aludió de forma concreta a ninguna tecnología, pero advirtió del alto nivel de primas a las renovables que soporta la tarifa eléctrica y recordó que fue esta circunstancia la que motivó la moratoria a estas tecnologías. "Si se ejecutasen todos los proyectos con derechos a esas primas, entre 2012 y 2020 comportarían una suma de 70.000 millones, y el sistema no lo puede soportar", afirmó.
Subastas de CO2
El Gobierno también analiza otro tipo de medidas que eleven los ingresos de la tarifa eléctrica, entre ellas dedicar al sistema eléctrico "una parte" de lo obtenido en las subastas de CO2 cuando empiecen a funcionar en 2013 o aplicar un 'céntimo verde' a otros productos energéticos, indicó.
Durante la entrevista, el ministro consideró "lógica" la aplicación de "un céntimo verde sobre determinados tipos de energía más contaminante", y adelantó que lo que se recaude por esta vía irá destinado a la tarifa eléctrica y no a los Presupuestos Generales del Estado (OGE), "sin perjuicio de que haya otras medidas en los presupuestos para paliar el problema global del déficit público". Según fuentes del sector, el céntimo verde previsto como parte de la reforma energética se aplicará exclusivamente al gas y no afectará a los combustibles de automoción.
En cuanto al malestar expresado por algunas empresas energéticas que han amenazado con desviar sus inversiones fuera de España, Soria calificó de "legítimas" sus reivindicaciones, si bien señaló que "el Gobierno no puede tomar decisiones en base a advertencias ni en base a intereses particulares", sino que "debe defender el interés general", que pasa por "terminar con uno de los grandes desequilibrios", el de la tarifa eléctrica, que "no se percibe muy bien, pero que tiene un impacto tremendo en el día a día de todos los españoles".
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