El Estado supera en seis meses el déficit de todo el año por el gasto del paro

El presupuesto del Gobierno central se estira para parchear lo que la recesión y la falta de crédito rasgan en las cuentas de otras administraciones y organismos públicos. Y su déficit, el único que todavía se puede financiar en los mercados —aunque sea a un coste muy elevado—, hinchado por ese adelanto de transferencias, no para de crecer. A mitad de año, según las cuentas difundidas por Hacienda, está ya en el 4,04% del PIB, cuando el objetivo al que aspira la Administración central es el 3,5%.

“Una de nuestras prioridades es que la crisis de liquidez no afecte ni a los ciudadanos ni a otros niveles de la Administración”, ha explicado en conferencia de prensa la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás. De la teoría a la práctica, eso se traduce en que el Gobierno central ha adelantado el pago de 14.500 millones, casi 5.500 millones más que en mayo. Un aumento que explica en gran medida el alza del déficit (de 36.364 millones, el 3,4%, en mayo a 43.078 millones en junio). Y que se debe, también en gran medida, al anticipo de dinero al Servicio Público de Empleo para que pueda atender sus obligaciones, acrecentadas por una tasa de paro (24,6%) en niveles récord.

La partida por intereses y el recorte del gasto en personal no cumplen con los objetivos previsto

Con el acelerón de las transferencias en junio, el Servicio Público de Empleo ha recibido 4.407 millones más de lo que le había ingresado el Gobierno central por estas fechas en 2011. La mayoría de los expertos advirtió de que el dinero presupuestado para este organismo público era insuficiente, que las prestaciones por desempleo desbordarían las previsiones. Y el anticipo es un primer indicio de las tensiones de tesorería que sufre.

El Servicio Público de Empleo se suma así a otros niveles de la Administración, como las Comunidades Autónomas (5.476 millones adelantados), la Seguridad Social (2.575 millones) o los Ayuntamientos (865 millones), con enormes problemas de liquidez, a los que el Ejecutivo central auxilia con el anticipo de pagos —por otras razones, las transferencias a la UE también van adelantadas, en 1.093 millones—. Una situación que sintetizó la semana pasada, el consejero de Economía de la Generalitat catalana, Andreu Mas-Collel: “Cataluña no tiene otro banco que el Gobierno de España”.

Hacienda da por hecho que apenas serán necesarios más adelantos, que el aumento del gasto en transferencias (un 38% más que en 2011) es temporal y se reconducirá a lo largo del año. De ahí que insista en presentar el resultado presupuestario en “términos homogéneos”, un cálculo en el que excluye tanto los anticipos en transferencias como el mayor ritmo en la devolución de impuestos (1.356 millones más que en 2011). Con esa premisa, el saldo negativo se quedaría en el 2,56% del PIB. “Así comprobamos hasta qué medida se están cumpliendo las previsiones que hicimos en los presupuestos”, argumentó la secretaria de Estado.

En el examen a medio ejercicio de esas previsiones sale muy mal parada la estimación presupuestaria del gasto por intereses de la deuda pública, que registra ya un aumento del 33% respecto a 2011, en sintonía con el enorme repunte de los costes de financiación para el Gobierno español en los últimos meses. El recorte en salarios de los empleados públicos (-1,4%) está por debajo de lo previsto, aunque a final de año se dejará notar la supresión de la paga de diciembre recién aprobada por el Ejecutivo de Rajoy. El tijeretazo al gasto corriente (un 25% menos) y a la inversión (un 33% menos que en 2011) es elocuente.

El análisis de los ingresos —incluido lo que luego se distribuye a comunidades y Ayuntamientos— deja pocas novedades respecto a mayo, con una mínima mejora en la recaudación impositiva, atribuible al IRPF. El descenso acumulado en el IVA (se recauda un 10% menos que en 2011), el reflejo más fiel de la caída de la demanda interna, es casi idéntico al del mes anterior. Hacienda mantiene que el alto ritmo de devoluciones en el impuesto de sociedades impide ver todavía los resultados de la reforma, que restringe deducciones y otros beneficios fiscales a las empresas: sin esas devoluciones, calcula, la recaudación habría aumentado un 25%, y no apenas un 4%, como refleja la ejecución presupuestaria. “En el segundo semestre se verá cuál es el impacto real”, mantuvo Fernández Currás.

Lo que sí ha empezado a coger tracción es la recaudación del impuesto sobre la renta, beneficiada por el “recargo temporal” en los tipos que decretó el Gobierno para este ejercicio. Hacienda estima que esa reforma ha permitido recaudar 1.500 millones más hasta junio (la prevision para 2012 ronda los 4.000 millones), factor determinante para que los ingresos por IRPF aumenten un 2% respecto al año pasado.

Fernández Currás se refirió en varias ocasiones a la supresión de una paga a los empleados públicos, o al aumento del IVA previsto para septiembre, como decisiones “derivadas” del reciente acuerdo europeo que da a España un año más, hasta 2014, para ajustar el déficit público. Y mantuvo que, con esas medidas, y con la normalización en las transferencias, se salvarán las desviaciones que reflejan los datos presupuestarios a mitad de año.