Empleo eleva lo que se paga en cuotas por los sueldos más altos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el miércoles que en 2013 las cuotas sociales bajarán un punto; y en 2014, otro. Lo mismo hizo el viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero en el comunicado posterior que emitió Moncloa, no figuraba este anuncio. Sí que aparecía, en cambio, el aumento de las bases máximas de cotización en un 5% y el de las bases mínimas de los autónomos en un 1% a partir del año que viene. Es decir, lo que pagan estos colectivos a la Seguridad Social de estos colectivos aumenta.

La base máxima de cotización de un trabajador por cuenta ajena es de 3.262,5 euros al mes de los que un 36,25% se paga a la Seguridad Social. Esto quiere decir que empresas y trabajadores pagan por estos salarios o los que están por encima 1.182,6 euros al mes. Al aumentar el tope de la base máxima de cotización en un 5%, el límite sube hasta 3.425,6 euros mensuales. Así que a partir del año que viene, y teniendo en cuenta la prometida rebaja de un punto en las cuotas, esto supone que crecerá lo que se pague a la Seguridad Social hasta los 1.207,9 euros. En total, unos 300 euros más al año.

Apunta empleo, que esta medida afecta al 15% de los trabajadores por cuenta ajenas, unos dos millones, y que obedece a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por lo tanto, la Seguridad Social, de mantenerse esta cifra fija, recaudaría unos 600 millones más el año que viene por esta medida.

Algo similar sucede con las bases mínimas de los trabajadores autónomos, que suben un 1% y pasan de 850,2 euros mensuales a 858,7. Ahora un autónomo de este colectivo con una cuota del 26,5% —lo que se paga sin cotizar por incapacidad temporal— abona a la Seguridad Social cada mes 225 euros. El año que viene tendrá que pagar 227 euros.

Con esta medida, el año que viene se compensa en una parte de la rebaja de las cotizaciones sociales anunciada. La reducción de un punto en las cuotas supone que la Seguridad Social recauda unos 3.200 millones menos al año. Así que si al final se concreta esta rebaja de dos puntos, en 2014, el instituto público dejará de ingresar casi 6.500 millones.

Por lo que respecta al sistema de pensiones, se confirmó la intención del Gobierno de impulsar una nueva reforma en el Congreso de los Diputados en breve. En concreto, lo que pretende el Ejecutivo es adelantar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, un mecanismo que, en funciones de diversas variables (esperanza de vida, situación económica, mercado laboral), ajustará los criterios bajo los que se retirarán los futuros jubilados: edad y periodo de cómputo.

En principio, y según la última reforma de pensiones (la que sancionó el retraso de jubilación a los 67 años), este mecanismo iba a entrar en vigor en 2032.

La mayoría de bonificaciones a la contratación desaparecen

Además del aumento de las bases, también supone un aumento de cotizaciones, aunque por otra vía, la eliminación de las gran mayoría de bonificaciones. Una vez se publique el decreto, solo pervivirán las que van aparejadas al nuevo contrato creado en la reforma laboral (el que permite el despido sin indemnización ni causa durante el primer año en las empresas con menos de 50 trabajadores), en la contratación de minusválidos y víctimas de violencia de género, las de jóvenes autónomos y las sustituciones por bajas de maternidad.

Las bonificaciones son subvenciones a la contratación que implican que el empresario deja de pagar una parte de la cuota a la Seguridad Social. No obstante, para que el instituto público no pierda recursos se hace cargo de esa parte no abonada el Servicio Público de Empleo Estatal, lo que supone un gasto anual de menos de 2.500 millones.

“Las bonificaciones tienden a ser más efectivas cuando se dirigen a colectivos con dificultades objetivas y especiales para acceder al mercado de trabajo”, argumenta el Gobierno para defender la medida, en línea con lo que dicen diversos estudios económicos sobre la materia.

En el Consejo de Ministros también se ratificó la rebaja de lo que perciben los beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo. Una vez se publique decreto, la tasa de reposición de los nuevos parados sobre la base reguladora bajará del 60% al 50%. Se mantiene intacta en el 70% la del primer medio año. De las posibles medidas que hay que se podían adoptar para reducir la prestación por desempleo, esta es una de las que menos dolorosa y la que menos reducen el gasto. El recorte hubiera sido mucho mayor si, como se rumoreaba, se hubiera reducido en seis meses el tiempo máximo de percepción de la prestación contributiva, ahora en dos años. También persigue reducir el gasto en protección por desempleo el endurecimiento de las condiciones para acceder a la renta activa de inserción, un subsidio para los parados en situación más precaria.