La valoración del grupo de Bankia muestra un agujero de 13.635 millones
La valoración negativa deja a las cajas sin ninguna participación en la entidad El consejo de Banco Financiero y de Ahorros dimite en bloque por la nacionalización
El grupo de Bankia no vale nada. Peor aún, su valoración es negativa, de -13.635 millones de euros. Esa es la tasación realizada de cara a la nacionalización que ha sido presentada hoy al consejo de la entidad, según fuentes de dicho consejo. Eso supone que la conversión de los 4.465 millones de participaciones preferentes en acciones de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) se traduce en la nacionalización del 100% de la matriz e, indirectamente, del 45% de Bankia, aunque la valoración no afecta directamente al banco cotizado. El consejo de administración de BFA ha dimitido en bloque.
Las siete cajas de ahorros que crearon BFA se quedan sin ningún patrimonio en la entidad, lo que las deja sin dividendos futuros que usar para la obra social. Las entidades afectadas son Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Las siete aportaron su negocio financiero a BFA y se quedan ahora sin nada, más allá de los activos de la obra social que quedaron al margen de la integración.
La valoración de BFA es previa a las inyecciones de capital público, tanto los 4.465 millones iniciales como los 19.000 millones adicionales solicitados por el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri. El proceso de nacionalización establecía que debía realizarse una valoración, que es la que ha arrojado esos -13.635 millones y ha propiciado la nacionalización del 100%, como ocurrió en Unnim. CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia conservaron pequeñas participaciones en los bancos nacionalizados. Sin embargo, esos bancos vuelven a necesitar dinero público, por lo que acaben también nacionalizados al 100%.
BFA cerró el ejercicio 2011 con fondos propios y patrimonio neto negativo, según las cuentas aprobadas por su consejo de administración. Eso supone que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri declaró estar en quiebra técnica, con un patrimonio neto negativo de 4.489 millones de euros desde el punto de vista contable. La valoración económica ha sido aún peor, al tenerse en cuenta las pérdidas pendientes de aflorar.
Las cuentas consolidadas del grupo reformuladas a finales de mayo por el consejo de BFA muestran que el resultado consolidado del ejercicio fue de pérdidas de 4.952 millones de euros (incluyendo las que corresponden a minoritarios de Bankia), las mayores de la historia financiera española, por delante de los 3.500 millones que Banesto perdió en 1993. Esa cifra supone 164 veces las pérdidas consolidadas de 30,25 millones declaradas inicialmente.
El consejo de administración de Banco Financiero y de Ahorros ha dimitido en bloque. La alternativa a la que se enfrentaban era ser inmediatamente destituidos. Pese a la reciente salida de Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella y Ángel Acebes, aún quedaban en el Consejo de la entidad personas que han ocupado cargos políticos destacados con el PP como Mercedes de la Merced, José Manuel Serra Peris, Agustín González o Ricardo Romero de Tejada, junto a otros representantes de las cajas fusionadas, principalmente de Caja Madrid y Bancaja.
La reunión del consejo ha sido muy tensa. Al conocer que la valoración de la entidad era negativa por 13.635 millones, los consejeros se quedaron sorprendidos y pidieron explicaciones a Goirigolzarri. Algunos querían conocer los detalles de la valoración y los representantes de Caja Madrid pidieron que se desglosase lo aportado por cada caja a la fusión, pero Goirigolzarri se negó a dar más explicaciones de las necesarias, remitió a la valoración del FROB y aclaró que todo el negocio financiero ya estaba integrado, que no procedía una valoración por partes y que las entidades habían puesto en común todos los activos y pasivos.
Otros consejeros mostraron su inquietud por el futuro de la obra social. Goirigolzarri se mostró receptivo, pero les dejó claro que BFA pasa a ser un banco público con un accionista (el Estado) que tendrá que decidir y que no era el momento de pronunciarse al respecto.
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