“Los precios de la electricidad tienen una justificación complicada”

Alberto Lafuente (Zaragoza, 1954) va a cumplir un año como presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Economista, catedrático en la Universidad de Zaragoza, Lafuente llegó a la CNE desde la presidencia de Correos, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y sin apoyo del PP. El nuevo Gobierno impulsa la fusión del organismo con otros reguladores en una Comisión de Competencia única.

Pregunta. El Gobierno está a punto de aprobar una reforma de un mercado energético atenazado por los 24.000 millones de déficit eléctrico, sin competencia y en plena crisis. ¿Cómo ve usted la situación?

Respuesta. Diría que se ha hecho un esfuerzo considerable en seguridad de suministro y sostenibilidad y se ha prestado menos atención a la competitividad. Tenemos un exceso de capacidad [de generación] de más del 30%, en un escenario financiero complejo, con costes muy elevados y estancamiento económico. Y ese exceso de capacidad, junto a la penetración de renovables con subvenciones muy generosas, ha provocado una pérdida de competitividad.

P. ¿Quién se ha equivocado?

R. Han jugado varios factores: una cierta miopía acerca de la duración del ciclo económico y escenarios financieros muy cómodos que facilitaban el endeudamiento a costes reducidos. Añadiría que ni el Gobierno ni las empresas supieron anticipar la crisis económica.

P. No solo eso, sino que las empresas se lanzaron a construir centrales que hoy sobran y que tenemos que pagar…

“Aquí se considera vulnerables a todos los usuarios domésticos”

R. Hay un exceso de capacidad muy notable en ciclos combinados [centrales de generación que funcionan con gas natural]. Las horas de funcionamiento de estas centrales están muy por debajo de lo previsto, aproximadamente unas 5.000 horas. Miopía pública, pero también miopía privada.

P. Miopía o no, las empresas reclaman que se retribuya el exceso de potencia porque garantiza el funcionamiento del sistema…

R. En España, la generación de electricidad está liberalizada, no sujeta a planificación. Hay un punto en el que pueden tener algo de razón (las empresas) y es que dado el grado de penetración de las renovables se requiere un back up térmico y esa es una decisión de carácter regulatorio, no es una decisión que responda al libre mercado.

P. Y todo gravita sobre los precios que pagamos todos…

R. Los precios antes de impuestos en España, en electricidad, se sitúan entre los más altos, a niveles de Malta y Chipre, lo que tiene una justificación complicada. Esto es especialmente grave en el sector industrial, especialmente en el segmento pymes, donde el gap que nos separa del promedio europeo en precios antes de impuestos está en torno al 20%. Así que la política energética en los próximos años, tendrá que prestar especial atención a la competitividad.

P. Parece más fácil de decir que de hacer, ¿no cree?

R. Sí, no va a ser un proceso muy rápido de convergencia de precios. Va a ser un proceso de medio plazo. Porque en general se ignora que las decisiones de política energética tienen un impacto a muy largo plazo y generalmente son irreversibles. Un ejemplo: la moratoria nuclear. Se aprobó en 1983 por el Gobierno socialista para ajustar los excesos de capacidad por los planes de UCD. Pues terminaremos de pagar la moratoria, que supone un 3% del recibo en 2015, 35 años después.

P. Tropezamos en las mismas piedras. Eso es lo que está pasando con el déficit de tarifa acumulado en el sistema eléctrico, ¿no?

R. El déficit tarifario equivale aproximadamente a cinco moratorias nucleares. Quien piense que el déficit tarifario acumulado se va a absorber en pocos años, pues se equivoca. Va a constituir una restricción de la política energética durante bastantes años. En estas fechas cabe prever que el déficit tarifario incurrido en 2012 se sitúe en más de 3.000 millones de euros, cuando el límite legal es de 1.500 millones.

P. La gran reforma que se anuncia es, precisamente, para acabar con el problema…

R. Los 24.000 millones acumulados de déficit ya no tienen corrección. Lo que podría tener alguna corrección y es lo que se anuncia, es el déficit que se podría originar en el futuro.

P. Es difícil explicar al ciudadano: mire, usted paga precios entre los más caros de Europa por la luz, pero al mismo tiempo, junto a sus conciudadanos debe 24.000 millones porque esos precios deberían ser aún más caros. ¿Qué falla?, ¿quién es responsable?

R. Hay varias razones… exceso de capacidad y los costes a pagar que eso supone y que pesan en los peajes (la parte regulada de la tarifa que decide el Gobierno). Además, entre el año 2006 y el año 2010, las primas a las renovables y la anualidad del déficit tarifario se multiplicaron por cinco. La demanda no se multiplicó por cinco. Ha habido algo positivo. España se ha adelantado en la carrera de las renovables, ha tenido retornos industriales, pero tiene un coste a corto y medio plazo notable. Y ha generado un déficit porque no se ha querido trasladar a los precios la totalidad de los costes regulados. Si se hubiera hecho, tendríamos los precios más elevados de Europa, por encima de Malta y de Chipre.

P. Describe usted un mercado energético con graves carencias y mal funcionamiento.

“Las tarifas reguladas suponen una barrera a la competencia”

R. España optó por un modelo liberalizado para el sector eléctrico. Si examinamos lo que ha pasado en los últimos años, se han creado mercados organizados de electricidad, no se ha creado un mercado estructurado de gas, lo cual es una carencia importante que no tiene explicación y no se ha avanzado lo suficiente en la introducción de competencia en los mercados minoristas. Los niveles de competencia que nos muestran los datos de cambio de compañía son bajos.

P. Y para aumentar la competencia se estudia sacar a buena parte o a todos los consumidores del paraguas de la tarifa de último recurso (TUR)...

R. El espíritu de las directivas europeas es claro. La TUR es una herramienta para proteger a los consumidores vulnerables. En España se entiende por consumidores vulnerables a todos los consumidores domésticos...

P. A la vista de la falta de competencia, quizá esa protección tiene sentido…

R. Esta es la cuestión. A mí me parece que hay que adoptar las medidas necesarias para que sea posible en un horizonte temporal determinado la eliminación o por lo menos la reducción del perímetro de la TUR. Es imprescindible. Porque la existencia de un precio regulado, fijado en ocasiones con criterios políticos hace imposible la competencia. La propia existencia de la TUR es una barrera a la competencia.

P. Para competir tiene que haber transparencia y reglas claras. La Comisión que preside abrió un expediente informativo el pasado año para examinar el funcionamiento de las subastas de energía… Meses después no hay noticias

R. Se está trabajando con la colaboración de la CNMV. Espero que más pronto que tarde se apruebe un informe, que sin duda se hará público.

P. Estamos casi en julio. Toca revisión de tarifas. Qué cree usted, ¿debemos prepararnos para otra subida fuerte?

R. Aquí tengo un problema. El supervisor de la subasta nunca debe hacer una previsión sobre lo que va suceder en la subasta.

P. Y sobre el temor que se extiende entre las empresas de renovables a nuevos recortes, incluso con carácter retroactivo, ¿tiene opinión?, ¿cree que está fundado?

R. Creo que es un error tratar a las energías renovables como conjunto. Cada fuente renovable es distinta. La eólica está muy cerca del mercado. En fotovoltaica y termosolar, las primas previstas para los próximos años son muy elevadas y van a pesar bastante sobre los costes regulados.

P. Usted ha abogado, con voto particular a informes de la Comisión por buscar más equidad en la solución de los problemas...

R. El éxito de las reformas estructurales es que estén planteadas con criterios de equidad. En mi voto particular, me parecía que el conjunto de propuestas [de la CNE] eran insuficientes para hacer frente al déficit proyectado en aquel momento y consideraba que debía haber ido más lejos.

P. ¿Tanto como para imponer nuevos impuestos a nucleares e hidroeléctricas?

R. Yo he defendido que los impuestos que se barajan en Europa y que podrían ser aplicables en nuestro país, no deberían distorsionar el funcionamiento de los mercados y su naturaleza debería ser tal que no se trasladaran a los costes finales.

P. Detalle por favor…

R. Bueno, la aplicación de un recargo a los hidrocarburos, el llamado céntimo verde, que no sería un céntimo, sino seis o siete… pues creo que tendría bastante sentido.

P. Y nos olvidamos de tasas a nucleares e hidráulicas

R. Ahí el problema estriba en la justificación. Un impuesto no debe ser discriminatorio. Podría distorsionar el mercado.

P. Debo preguntarle en estos momentos por la polémica del carbón y el cierre de minas.

R. La CNE no tiene competencias en este asunto. El sector no puede quedar al margen de las dificultades. Pero, según mi experiencia, no es imposible llegar a acuerdos con los sindicatos mineros.