El Tesoro sugiere a los bancos que hagan la vista gorda con la amnistía fiscal

El secretario general del Tesoro y Política Financiera, Íñigo Fernández de Mesa, ha remitido una carta a las entidades financieras aclarándoles algunas "dudas interpretativas" sobre la amnistía fiscal.

El responsable del Tesoro recuerda que "la declaración tributaria especial resulta compatible con la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo". Pero sugiere a las entidades financieras que "al igual que ocurre con las operaciones financieras vinculadas a otras regularizaciones tributarias, no resultará preceptiva ninguna comunicación cuando respondan únicamente a eventuales infracciones tributarias que deban reputarse regularizadas de conformidad con la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 12/2012 [que regula la amnistía fiscal]". Es decir, que hagan la vista gorda con los defraudadores que no sean sospechosos de estar relacionados con el narcotráfico, el terrorismo y otras actividades ilícitas.

Los bancos tienen la obligación de informar sobre los movimientos de capitales de cierta cuantía. El Gobierno ha diseñado la amnistía fiscal para que los contribuyentes con cuentas opacas en paraísos fiscales afloren sus capitales a cambio de pagar tan solo un 10% de impuestos. Una de las controversias de la regularización extraordinaria consiste en que los declarantes podrán ingresar el dinero negro en una cuenta antes de final de noviembre asegurando que lo tenían antes del 31 de diciembre de 2010 para poder regularizarlo. "La amnistía es una inmoralidad, una injusticia y no es bueno para la reputación de España", asegura el diputado socialista, Pedro Saura.

Por otra parte, el Senado aprobó este jueves una enmienda sobre la amnistía fiscal introducida por el Gobierno en el decreto sobre liberalización del comercio, que amplía en año y medio el plazo para que los declarantes que se acojan a la amnistía justifiquen el origen de sus bienes.

El PSOE ha analizado los aspectos jurídicos de la amnistía: "La nueva regulación permite que cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no resida en territorio español y no coincida con el titular real, se pueda considerar titular a este último siempre que ostente la titularidad jurídica de los bienes antes del 31 de diciembre de 2013". "La previsión afecta a aquellos contribuyentes que, además de no cumplir con sus obligaciones tributarias, han acudido a estructuras empresariales complejas para ocultar la titularidad de los bienes", asegura el PSOE. "A estos sofisticados defraudadores, y seguramente porque deshacer precipitadamente organizaciones podría causarles algún perjuicio o incomodidad, se les otorga un plazo adicional para poner a su nombre" los bienes, bastando en este momento que declaren que son "los titulares reales aunque no sea así ni formal ni jurídicamente".