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Dos valoradoras tasarán toda la cartera de créditos de la banca como pide la UE

El Gobierno toma nota de la petición del Eurogrupo para atajar las dudas sobre el sector

El ministro de Economía, Luis de Guindos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos.

El Gobierno ha anunciado hoy que encargará a dos valoradoras independientes y externas la tasación de toda la cartera de créditos de la banca con vistas a atajar las crecientes dudas sobre el sector financiero español, según ha anunciado hoy la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Con esta medida, el Ejecutivo responde a la petición lanzada desde sus socios europeos, que tras la nacionalización de Bankia han instado al Gabinete de Mariano Rajoy a aumentar la transparencia sobre la situación real de las entidades y su exposición al ladrillo.

Este ejercicio de realismo contable, ha defendido el ministro de Economía, Luis de Guindos, es "fundamental" para devolver la "certidumbre" sobre los balances bancarios. Según ha destacado antes de señalar que el objetivo de la medida es alcanzar una "transparencia absoluta", sin confianza en el sector financiero, no habrá forma de superar la crisis. Según fuentes financieras, las firmas que se barajan para llevar a cabo la evaluación son dos sociedades internacionales de prestigio: el banco de inversión Blackrock y la consultora Oliver Wyman.

No obstante, el ministro ha asegurado que aún no decidido cuáles serán. Eso sí, ha garantizado que no deberán tener ningún tipo de conflicto de intereses, como sería el caso de una firma internacional con muchos clientes en España, y que deberán tener capacidad para concluir el proceso en "tres o cuatro meses". A lo largo del mismo, según ha añadido el ministro, contarán con la colaboración del Banco de España, que es quien en realidad ostenta las competencias sobre la supervisión y, más importante, la inspección del sector.

Según explica la analista de IG Markets Soledad Pellón, la clave de estas valoraciones estará en concretar "qué bancos necesitarán dinero público y por qué cuantía". Sin embargo, el análisis, teniendo en cuenta los plazos que maneja el Gobierno de que esté concluido a finales de verano, llegará demasiado tarde para poder contrastarlo con los planes de saneamiento de las entidades, que tienen hasta el 11 de junio para presentarlos ante el Banco de España. El organismo, por su parte, debe concluirá la valoración de estas cuentas en 15 días.

Atentos a la cartera inmobiliaria

Aunque el análisis abarca a toda la cartera de activos, serán las conclusiones sobre el crédito inmobiliario las que centren la mayor expectación, ya que es aquí donde se concentra el principal problema del sector. Según las cifras aportadas por las propias entidades, el sistema financiero español acumula 184.000 millones en activos tóxicos frente a una cartera total de créditos al sector inmobiliario de más de 300.000 millones. Del total, más de 100.000 (entre impagados y los que están en riesgo de acabar como morosos) son créditos problemáticos y unos 85.000 millones son pisos, oficinas, solares, promociones y otros activos recibidos por impago de deudas.

El futuro de estos inmuebles, que en términos bancarios se denominan activos adjudicados, será acabar en sociedades no financieras de nueva creación antes de fin de año, tal y como consta en el decreto sobre la reforma financiera aprobado hoy. No obstante, muchas entidades ya tienen en realidad filiales a través de las que gestionan sus activos inmobiliarios. De hecho, los problemas económicos que han sufrido los promotores y constructores por culpa de la crisis del ladrillo y el incremento de las familias que no pueden pagar sus hipotecas tras quedarse en paro han convertido a los bancos y cajas en las principales inmobiliarias del país, aunque ese, obviamente, no es su negocio.

Por otra parte, para hacer frente a los créditos con problemas, el Gobierno aprobó en febrero un decreto que obligaba al sector a sanear 54.000 millones y ahora ha dado una nueva vuelta de tuerca a la banca. Con la reforma que hoy empieza a andar, espera reforzar la cobertura del conjunto de su cartera inmobiliaria entre 28.000 y 30.000 millones por si la situación sigue deteriorándose en el futuro, según cálculos del Gobierno.

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