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Tres años, cuatro reformas y varios cadáveres por el camino

La última normativa española confía al "banco malo" solución definitiva a la crisis financiera

“El sector se sitúa en una buena posición de partida, y además el Banco de España cuenta con la capacidad y tradición de saber resolver las situaciones más complejas sin traumas para los ahorradores, ni para la economía en su conjunto”. Era octubre de 2008, ya había caído la gran banca americana y Reino Unido, Alemania o Bélgica habían tenido ya que intervenir, rescatar o inyectar dinero público a sus principales bancos. Miguel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, explicaba en una conferencia en Barcelona las virtudes del sistema financiero español, aunque también advertía que estaban llegando “unas mayores necesidades de saneamientos crediticios que han de pasar por las cuentas de resultados, siendo éste el tercer factor por el que los beneficios se verán presionados a la baja en el sector bancario”.

Las autopsias de la economía son más sencillas que los diagnósticos. Los análisis resultan más certeros sobre el pasado que sobre el futuro. Pero más de tres años después, el gran pero del análisis aparece al final de aquel discurso del gobernador: “Estoy convencido de que nuestras entidades, que supieron gestionar la expansión, sabrán también adoptar las medidas de gestión y las estrategias adecuadas que les permitan afrontar esas dificultades con éxito”.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez
Miguel Ángel Fernández Ordóñez

No supieron. El Gobierno del PSOE tampoco: hizo corto en cada uno de los decretos. Y el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy también ha fallado a la primera, su gran reforma financiera ha quedado pequeña en apenas tres meses.Hoy se ha aprobado otra normativa: crea una sociedad inmobiliaria (o banco malo, según la jerga del sector) que agrupe los activos inmobiliarios tóxicos, una opción descartada hasta ahora. Cuatro días antes, la crisis bancaria española conoció su último cadáver: la nacionalización de Bankia.

 España ha aprobado cuatro reformas financieras en tres años. Ha vivido dos olas de fusiones y va por la tercera. Se ha acabado el tiempo de los ensayos.

JUNIO DE 2009

Nace el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) y las primeras fusiones frías

El Gobierno aprueba este fondo dotado de 9.000 millones para sanear las cuentas de las entidades más empachadas de activos inmobiliarios de dudoso cobro y ayudar a financiar una ola de fusiones que lograse entidades más fuertes ante la crisis. El FROB, pilotado por el Banco de España pero controlado por el Gobierno y el Congreso, entregaba recursos a cambio de participaciones preferentes (como las que ahora Bankia ha convertido en capital) a devolver en cinco años. Siete grupos de cajas fusionadas piden ayudas en esta primera fase, con Bankia (4.465 millones) y CatalunyaCaixa (1.250 millones) a la cabeza.

Más de una treintena de cajas se involucraron en una docena de operaciones de fusión. Esta primera ola de concentraciones redujo el número de cajas de ahorros de 45 a 22. En aquel momento era tal la resistencia que presentaban la cajas -con una gestión muy politizada- a perder su independencia que se buscó una manera de convencerlas de que no perderían su poder o arraigo al territorio. Es entonces cuando se lanzan aquellas fusiones frías o virtuales o, técnicamente, Sistemas Institucionales del Protección (SIP): mantienen elementos sensibles que dificultaban las alianzas (los consejos de administración, la obra social y las oficinas con la marca comercial), pero se une en un banco el corazón del negocio (los riesgos y al menos el 40% de los beneficios), con un compromiso de permanencia mínimo de 10 años. Significó un punto de inflexión en la historia de las cajas de ahorros, la bancarización de las cajas, la privatización de su negocio.

FEBRERO DE 2011

Hace falta más capital

El Gobierno aprueba un decreto que eleva hasta el 10% las necesidades de capital (por un máximo de 20.000 millones, según sostiene el Gobierno en ese momento) para todas las entidades que superan el 20% de su financiación en el mercado y no hayan sacado al menos un 20% de sus títulos entre inversores privados. el mínimo será el 8% para el resto. España se está anticipando a la normativa internacional de Basilea III, que establece estos requisitos, debido a las presiones de los mercados, ya muy recelosos de la salud financiera española y de que aquella primera reforma hubiese surtido efecto.

Las exigencias entraban en vigor en marzo y las entidades que no cumplían tenían dos semanas para presentar al Banco de España un plan de capitalización: o lograban socios inversores o debían salir a bolsa. Y entonces, el sector asistió a otros giro histórico: cajas de ahorros saliendo a Bolsa (en realidad, los bancos que agrupaban su negocios). En julio, Bankia y Banca Cívica debutan en el parqué, en un entorno financiero tremendamente hostil, pero la primera ha acabado nacionalizada esta semana y la segundo fue absorbida por Caixabank (La Caixa) en marzo.  Es fruto de este proceso cuando se produce una segunda ola de fusiones y la intervención o nacionalización de la CAM (que acaba en manos del Banco Sabadell), Unnim (ahora absorbida por BBVA) y Catalunyacaixa y Novacaixa Galicia, en proceso de subasta. Estos tres grupos toman 4.700 millones del FROB, que se hace con el control de las entidades. El número de cajas se reduce ya a nueve.

Elena Salgado, ex ministra de Economía
Elena Salgado, ex ministra de Economía

FEBRERO 2012

La reforma del PP

El decreto del nuevo Gobierno exigía unas provisiones adicionales de 50.000 millones teóricos para sanear la cartera de activos inmobiliarios tóxicos (el Banco de España calcula que el sector acumula 184.000 millones en estos activos).  Es la cifra resultante de elevar hasta el 80%, el porcentaje de crédito de suelo cubiertos ante un posible impago, hasta el 65% los de viviendas por terminar y el 35% para las finalizadas. El Ejecutivo, que daba de plazo hasta el final de este año, buscaba acelerar los procesos de fusión.

Varios bancos de inversión y firmas de análisis calculan de esos 50.000 millones son una cifra corta. Además, parte de este montante ya se había provisionado bajo otros epígrafes. También reforzó el FROB los 9.000 a los 15.000 millones y acotó a 600.000 euros el sueldo máximo de los directivos de entidades que habían recibido ayudas y en 300.000 de los aquellos grupos controlados por el FROB.

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