Industria quiere ahorrarse a toda costa los 800 millones de la reantenización

Tras el cambio de la televisión analógica a la digital (TDT), el Gobierno debía acometer una limpieza de frecuencias de numerosos canales para dejar libre el espectro radioeléctrico con el objeto de que sea ocupado por la telefonía móvil. Ese proceso implica, entre otras cosas, reorientar 1,4 millones de antenas con un coste de 800 millones, que el Ministerio de Industria se quiere ahorrar a toda costa pese a que el anterior Ejecutivo de comprometió a correr con ese gasto.

 El problema es que las operadoras de telefonía pagaron más de 1.800 millones de euros en las subastas para la asignación, entre otras, de esa franja de frecuencias conocida como dividendo digital bajo el compromiso de que el Estado se hiciera cargo de los gastos de la transición, como figuraba en la Ley de Economía Sostenible. Pero la lucha contra el déficit ha hecho que el nuevo Ejecutivo cambie las reglas sobre la marcha. No habrá tal desembolso, aunque sea frenando el traslado de cadenas a costa de recortar a la mitad el número de canales multiplex (canales múltiples en los que caben hasta 12 canales, tanto de alta definición como de TDT normal).

La propuesta ha desatado la rebelión de las cadenas, tanto las televisiones privadas, a través de Uteca, como las autonómicas de la Forta. Las primeras ya han hablado de expropiación amparándose en que tienen esa concesión administrativa hasta 2024.

Lo que temen ahora las operadoras es que Industria, ante el rechazo de las televisiones (y su poder mediático) tenga la tentación de implementar una solución intermedia que perjudique sus intereses.

“Nosotros ya hemos pagado religiosamente por esas frecuencias en las subastas. Y todo está muy claro sobre quién debe hacerse cargo de la migración. El Gobierno tendrá que implementar una solución pero, desde luego, eso no pasa porque pongamos ni un euro más”, señalan fuentes de un operador.

Y es que los operadores recelan de unas negociaciones en las que están implicadas las televisiones, que tradicionalmente reciben un trato de favor político, como cuando se eliminó la publicidad de RTVE y se cargó con un canon a las compañías de telecomunicaciones para financiar la medida.

De hecho, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, reconoció en el Congreso que el plan del Gobierno anterior “era muy ambicioso y muy caro”, y que renegociará con los sectores implicados para hacer un plan más sencillo y de coste menor. Para contentar a las compañías de móvil, el Ministerio les ha asegurado que el plan para liberar y reubicar frecuencias se adelantará un año, para que estén disponibles el 1 de enero de 2014. Y es que a medida que se generaliza Internet móvil gracias a los teléfonos inteligentes (smartphone) y las tabletas se necesita más ancho de banda o espacio radioeléctrico.