Despilfarro inaceptable

Las magnitudes del mercado de trabajo que reflejan los datos de la EPA del primer trimestre del año muestran rasgos claramente negativos. Primero, una destrucción de empleo a un ritmo del 4% anual, que resulta sencillamente insostenible. En el sector privado, las cifras expresan una situación de intensa depresión económica, cuya tendencia se agudiza notablemente y se traduce en una reducción del empleo asalariado del 5,3%, y en caída acelerada.

La debilidad de la demanda, la falta de crédito, la pérdida de confianza y los mensajes de ajuste desde la política económica están siendo traducidos por las empresas en una intensificación del ajuste del empleo indefinido (-4,3% anual) al que se une un nuevo y rápido ajuste del temporal, cuya caída se eleva al 8,3%. El sector público ya ha iniciado asimismo su propia destrucción de empleo directa (ochenta mil empleos menos en el trimestre). Hay que sumar a ello los efectos depresivos que irán produciendo las primeras medidas de restricción fiscal y los recortes de los PGE. En estas condiciones, cualquier extrapolación produce escalofríos: en este año se podría perder más de un millón de empleos.

Lo cual es inaceptable. Estas cifras de destrucción de empleos y de más de cinco millones y medio de parados son la más nítida expresión de un despilfarro de recursos, y por lo tanto de un error. En el plano económico y en el aspecto social. Si estos son los resultados, la política económica que conduce a ellos está necesariamente equivocada. El Gobierno asegura que no tiene otra opción, pero entonces no se comprende el empeño en defenderla, y los primeros ministros italiano y belga, por fin, acaban de decir lo contrario: han pedido un cambio en las políticas europeas para impulsar el crecimiento.

La reforma laboral aprobada es otro error. Y en este momento une sus efectos favorecedores del despido a las medidas para reducir el gasto público, ocasionando una catástrofe en el empleo.

La situación es ciertamente comprometida y hace inaplazable un cambio de las políticas económicas que se están aplicando en la Unión Europea y, particularmente, en España. Es preciso resolver, en primer lugar, el problema de la crisis de la deuda soberana con la intervención directa del banco central y mutualizar los riesgos como elemento consustancial a la unión política que hemos formado al compartir el euro. Permitir con ello un nuevo calendario de reducción de los déficits públicos, promover un plan europeo de crecimiento, impulsar el crecimiento mayor en las economías menos endeudadas, crecer y crear empleo, y reducir más rápida y menos dolorosamente los déficit.

Es una necesidad social y nadie puede decir que no es económicamente posible porque los economistas sabemos cómo hacerlo. Se trata de una cuestión política que comienza con un cambio en la política económica europea, un cambio en el juego de intereses. Hay más países que están ya en ello. España tendría que apoyarlo. Para parar la destrucción de empleo, recuperar la contratación de las empresas, y las esperanzas de los desempleados.

* Alfonso Prieto, es economista y miembro de Economistas frente a la Crisis.