La amenaza argentina de expropiar YPF pone en guardia al Gobierno

Los insistentes rumores sobre la posible intervención del Gobierno en YPF, la filial argentina de la petrolera española Repsol, han agriado todavía más las tensas relaciones entre ambos países. La compañía y el Ejecutivo español padecieron durante todo el jueves la misma incertidumbre que viene aquejando a Repsol desde que en enero el Gobierno argentino emprendiera sus ataques contra ella. El diario Clarín afirmó en su página web que el Gobierno había enviado a los diputados oficialistas un proyecto que declaraba “de utilidad pública y sujeta a expropiación” a Repsol ese porcentaje de acciones. Mientras, las acciones de YPF en la Bolsa de Buenos Aires subían por encima del 7%, y las que cotizan en Wall Street se disparaban casi un 13%.

El texto, del que el Gobierno no se ha responsabilizado en ningún momento hasta ahora, indica que “la valuación será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía”. También apunta a que “el Poder ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma” de pago y que, eventualmente, esos acuerdos deberán ser refrendados por el Congreso de la Nación. Además, establece que, si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, “la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo”.

Finalmente, a las siete y media de la tarde, madrugada del viernes en la España peninsular, Fernández compareció desde la Casa Rosada ante las cámaras de televisión, pero solo para hacer algunos anuncios referidos a la industria cárnica. Ni siquiera mencionó a Repsol-YPF. Después de esa comparecencia, la presidenta se reunió con los gobernadores de las 10 provincias petroleras. Había gran expectación por saber si tras esa reunión Argentina se atrevería a dar la estocada definitiva a Repsol-YPF, pero diversas fuentes consultadas por este periódico ya indicaban que no les parecía probable. Así lo confirmó después del encuentro, de una hora de duración, el gobernador de Jujuy Eduardo Fellner. "Todo está en análisis, no hay ningún proyecto de ley para nacionalizar YPF", comentó el mandatario.

Mientras, España dio este jueves un paso decisivo al frente en su defensa por Repsol. "El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera", ha comentado el ministro de Industria este jueves. "Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el Gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el Gobierno de España. El Gobierno lo que sí dice es que si hay gestos de hostilidad estos traerán consecuencias”. Soria se expresó en estos términos en una grabación realizada por los servicios de prensa de La Moncloa a las puertas de la Cancillería polaca, sin que estuvieran presentes, ni pudieran preguntar, los periodistas españoles. Su mensaje era muy parecido al que comunicó a las autoridades argentinas durante un viaje relámpago que efectuó a finales de febrero desde Madrid a Buenos Aires para entrevistarse con los responsables económicos de Argentina. Pero en esta ocasión utilizó un tono que nunca había usado.

El jueves había arrancado en Buenos Aires con una reunión entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, con el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido. Desde la pasada semana en los medios argentinos venía circulando el rumor de que el Gobierno preparaba un proyecto para hacerse con el 50,01% de las acciones de Repsol-YPF. No estaba clara la autoría, nadie se hacía responsable del borrador. Ayer, finalmente lo difundió Clarín. Pero el Gobierno no reclamó su autoría. Y tampoco era el único borrador que había circulado por el país sobre una posible intervención del Estado en Repsol-YPF. Uno de esos informes fijaba una participación estatal inferior al 15%. La compañía lleva más de una semana preparando sus armas jurídicas para responder a cualquiera de esos proyectos. Pero el Gobierno no terminaba de enseñar sus cartas. Y la presidenta no respondía al teléfono.

La falta de comunicación entre Fernández y Brufau ha sido un factor determinante en este conflicto

Ante la imposibilidad de ser recibido por Fernández, el presidente de Repsol le hizo llegar una carta en la que le exponía sus intenciones de aumentar este año las inversiones hasta en 3.500 millones de dólares (2.652 millones de euros). También le indicaba que si se hacían las cosas bien, el gran yacimiento de gas no convencional de Vaca Muerta podría producir en solo diez años un millón de barriles diarios y cubrir toda la demanda del país. Pero las inversiones en Vaca Muerta deberían empezar ya para que ofrezcan sus frutos dentro de diez años, indicaron fuentes próximas a la empresa. Y para que empiecen ya se necesitaría cierta seguridad jurídica. Brufau ofrecía también fórmulas para que las provincias tengan mayor poder en la gestión de la empresa. Pero la presidenta dijo no, que ese dinero era insuficiente.

¿Cuánto habría que poner sobre la mesa, entonces? Fuentes próximas a Repsol calculan que las exigencias del Gobierno para subsanar el déficit energético del país obligarían a Repsol-YPF a desembolsar unos 6.000 o 7.000 millones de dólares, algo “imposible” de defender ante los accionistas de la compañía.

La falta de comunicación entre Fernández y Brufau ha sido un factor determinante en este conflicto. A pesar de que Brufau se ha desplazado en varias ocasiones a Argentina —ahora mismo se encuentra en Buenos Aires—, la presidenta se ha negado en dos ocasiones a recibirlo. La primera, hace más de un mes y la segunda, esta semana. Varios medios locales han criticado la paradoja de que atendiera a artistas como Roger Waters o Sean Penn, pero no se digne darle audiencia al presidente de la mayor empresa española y la mayor de Argentina.

Mientras tanto, los gobernadores continuaban con su estrategia de retirar concesiones de contratos a Repsol. En cinco provincias petroleras se le han rescindido contratos a Repsol en áreas que suponen hasta un 12% de su producción total en Argentina. La mayor de las áreas, la de Los Perales-Las Mesetas les fue retirada ayer por el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.