Un testamento con justificaciones

“Debemos estar orgullosos de lo mucho que hemos avanzado estos años”. Con esta optimista frase ha concluido este martes Miguel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, su último discurso ante la comunidad bancaria. Fue un testamento y una justificación de los casi seis años (2006-2012) en los que ha pilotado “una auténtica reconversión industrial del sistema bancario español”, como el mismo definió esta etapa. Su papel actual no puede ser más delicado. Nombrado por el anterior Gobierno socialista, del que fue alto cargo, las desavenencias de Ordóñez con el PP ya casi no se ocultan. Uno de sus mayores críticos –en privado— es el ministro de Economía, Luis de Guindos, según directivos de entidades financieras. Solo el gran peso institucional de su puesto y la mala imagen que provocaría ante los mercados, ha evitado su salida adelantada. En julio cederá el mando a alguien afín a Guindos y a Rajoy. Incluso una parte de los ministros del anterior Gobierno le lanzaron críticas aceradas.

Ordóñez ha leído este martes un texto medido en el que se puso “la venda antes de la herida”. El gobernador ha evitado la autocrítica; ha explicado que la ausencia de leyes le impidió actuar con antelación y rapidez; ha acusado a algunos políticos (probablemente de Galicia) de interferir para torpedear las mejores fusiones de cajas; ha explicado que la reforma ha durado mucho tiempo porque no se ha usado el dinero público para crear un banco malo (algo que él nunca defendió); ha criticado a los gestores de algunas cajas; ha pedido a estas entidades que dejaran de ser accionistas relevantes de los bancos y ha alabado los pasos dados por el PP y el PSOE.

Pero Ordóñez se ha desmarcado del discurso de Guindos. El ministro dice que con la reforma financiera volverá el crédito. El gobernador advirtió que la restructuración es necesaria pero “el crédito no mejorará hasta que no se reduzca el déficit público o se mejore el mercado de trabajo”.

Ordóñez es consciente de que el Gobierno le ha dejado de lado en la última reforma. Ha quedado como un brazo ejecutor de lo que determina Economía. Quizá por eso advirtió ayer que no se puede “interferir en las decisiones de supervisión”. Lo hizo sin acusar a nadie, pero quizá fue una manera de mostrar una factura oculta debajo de la mesa. El gobernador reclamó que le transfirieran poderes de Economía al Banco de España. “Convendría traspasar buena parte de las competencias del régimen sancionador, en línea con lo que pide el FMI”. “El que sanciona tiene la sartén por el mango y pone firmes a los gestores”, recuerdan algunos ejecutivos. También pidió “instrumentos propios de la supervisión que le permitan la corrección temprana de los problemas”, con lo que admitió una carencia fundamental del organismo.

Sus dardos más envenenados fueron para algunos gestores de cajas, que se preocuparon “de mantener el poder, o el nivel de las prejubilaciones o de dónde se colocaban las sedes” antes que evitar pérdidas a la entidad. En el sector algunos valoraron la sinceridad con que explicó “sus limitaciones reales”. Otros criticaron que no hubiera reclamado las competencias antes y apuntaron al error (también del Gobierno) de no inyectar dinero público a la banca en 2008 o 2009 “cuando todos lo hicieron. El daño a la economía hubiera sido menor. No es un balance para estar orgulloso”.