Los órganos supervisores critican el modelo del Ejecutivo para unificarlos

Los supervisores recelan de la influencia que los grandes grupos empresariales han podido ejercer sobre el anteproyecto de ley del Gobierno para unificar todos los reguladores en un único organismo. El pasado 24 de febrero, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la intención del Ejecutivo de centralizar las estructuras de los organismos reguladores en un único gran supervisor. El Gobierno se reservaba muchas de las competencias que hasta ahora ejercían estos organismos encargados de vigilar el funcionamiento de la competencia y regular el comportamiento de los mercados estratégicos.

Cuadros técnicos y consejeros de los supervisores afectados critican el modelo que el Gobierno prevé implantar. Consideran que provocará una pérdida de competencias a favor de los ministerios y eso, sostienen, conllevará a una menor independencia. Las mismas fuentes concluyen que el procedimiento escogido por el Gobierno debilitará la capacidad inspectora de los organismos, que tendrán menos control sobre los mercados. Además, estas censuran la actitud del Gobierno porque consideran que ha asumido las tesis de los grandes operadores para redactar el anteproyecto de ley que regula la unificación de los supervisores.

Solo 10 días antes, del anuncio de la vicepresidenta, la consultora PWC publicó un informe, encargado por Telefónica, sobre el “modelo organizativo de las autoridades nacionales de regulación y competencia en España”. El estudio presenta el modelo organizativo que deben tener los reguladores, entre otros objetivos figura: “simplificar su estructura y funcionamiento”.

La idea del Ejecutivo pasa por crear la Comisión Nacional de Mercado y Competencia (CNMC) donde se integrarán la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)... entre otras.

Fuentes de Competencia consideran que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha satisfecho la posición de las multinacionales españolas, para difuminar sus competencias y las del regulador de las Telecomunicaciones. Las mismas fuentes consideran que el anteproyecto se ha elaborado a toda prisa, de forma “chapucera” y que “restará independencia al organismo”.

En el organismo dudan de que la actividad inspectora mantenga el mismo nivel que hasta ahora. La CNC, con un presupuesto de 12 millones, ingresó el año pasado más de 250 millones por las sanciones. Creen que esa es una de las razones para adelgazarla de competencias.

La decisión del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy ha generado, también, gran malestar en la CMT y la CNE, porque consideran que se les despojará de competencias en sectores esenciales. Ambos organismos han emitido informes muy críticos con el anteproyecto que ha presentado el Gobierno. También lo ha hecho Competencia, quien alertó de que si el Gobierno no acierta con el diseño de la CNMC podría generar “un elevado riesgo de pérdida de eficacia en el desempeño de las importantes funciones que se les encomiendan”.

El expresidente de Competencia, Luis Berenguer, que ahora forma parte en Bruselas del gabinete del comisario europeo de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia, admite que fue idea suya la de unificar los reguladores en un solo organismo. Pero cuestiona que se haya hecho de forma tan apresurada. Lo que, en su opinión, puede provocar que sea poco operativo, improvisado y genere dudas sobre la independencia del supervisor resultante.

Fuentes del consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aseguran que la influencia de las empresas en la reforma de los órganos reguladores es más evidente y clara en el caso de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT) que en el del regulador energético. ¿Quiere ello decir que en el caso de la CNE no han influido las tesis de las empresas? No, precisan las fuentes. Sencillamente es menos evidente. Lo que sí está claro, añaden, es que la rebaja de funciones que conlleva la reforma planteada para la CNE (la supervisión, capacidad de sanción, liquidación de operaciones y apertura de expedientes pasan al ministerio) abre a las empresas todo un nuevo escenario. Su negocio, simplemente, dependerá en buena medida de la buena o mala relación que mantengan con el ministro de turno cada una de ellas.

La vicepresidenta del Gobiernos avanzó que la medida supondría un ahorro de unos cuatro millones de euros, al reducir los consejeros de estos organismos de 52 a 9. El anteproyecto de ley carece de memoria económica y jurídica, pero esta cifra de ahorro coincide con la que aparece en el informe de PWC.

Fuentes del supervisor aseguran que la iniciativa del Gobierno nace en La Moncloa. Y apuntan a la Oficina Económica del Gobierno, como la gran muñidora del anteproyecto. En los órganos supervisores despierta cierta suspicacia la sombra de las grandes compañías sobre el resultado de la operación.