El Gobierno establece reglas para los desalojos que incluyen la dación en pago

Las quejas de los bancos contra el Gobierno van subiendo de tono. Primero por exigirles subir las provisiones contra la morosidad al mismo tiempo que en el extranjero se les pide más capital. Después por obligarles a pagar la reestructuración de las cajas con el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y desde este viernes por tener que aceptar la dación en pago como última posibilidad para los que no puedan hacer frente a los créditos hipotecarios.

Pero están resignados. Sienten que han perdido capacidad de influencia y que no pueden parar a un Gobierno que ha decidido compensar las amargas medidas sociales con la dureza en las exigencias a la banca.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, presentó este viernes el código de buenas prácticas para flexibilizar la situación de los que estando en el umbral de exclusión, no pueden pagar las hipotecas. El objetivo último es evitar los desahucios al aceptar la dación en pago, es decir, devolver la casa al banco como pago del crédito pendiente.

Como aclaró la vicepresidenta al término del Consejo de Ministros, el código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.

Según fuentes judiciales, hay 300.000 procesos abiertos y unos 150.000 desahucios realizados. El Gobierno espera que la mayoría del sector financiero se acoja a este código, “porque todos tenemos que hacer esfuerzos en este momento difícil”, según Sáenz de Santamaría. Las entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que la supuesta “voluntariedad” es en realidad una “obligatoriedad, porque nadie se puede oponer al Gobierno, que es el que manda”, comentaron fuentes del sector que pidieron el anonimato.

Las condiciones para estar incluido en este plan de flexibilización de condiciones es estar en el umbral de exclusión que exige que todos los miembros de la familia estén en paro (hay 1,5 millones); que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. El precio va en una escala que se inicia en los 200.000 euros como máximo en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 habitantes. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5 puntos sobre el tipo aplicado al préstamo. “Los actuales eran exagerados”, recalcó la vicepresidenta.

Esto son normas obligatorias para todas las entidades. Además, si se acogen al código tendrán otras medidas de obligado cumplimiento. Si no lo hacen, tendrán responsabilidades judiciales.

Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no superará los 0,25 puntos sobre el habitual.

Si este plan no es suficiente se aplicará el segundo que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago del préstamo se aplicará la dación en pago. “La familia afectada podrá seguir dos años más, prorrogable, en alquiler”, dijo la vicepresidenta. El precio del alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente. Es decir, si deben 100.000 euros, el alquiler será de 250 euros mensuales.

Santamaría dijo que la acogida del sector había sido “buena”. Pero no fue así, al menos entre los bancos. Las cajas sí se mostraron más favorables, aunque la procesión va por dentro. La Asociación Española de Banca (AEB) afirmó: “Las entidades bancarias están teniendo que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las Administraciones públicas”. La patronal recordó que los bancos ya flexibilizan las hipotecas de los clientes más apurados y añadieron que “una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos”. Las cajas destacaron su vocación social, aunque evitaron valorar la norma “hasta la publicación del texto definitivo”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca criticó la norma porque “la mayoría de las ejecuciones se inician para deudas superiores a 200.000 euros”. También añadieron que los bancos aceptan las daciones en pago cuando la deuda es inferior al precio de las viviendas.