Tribuna
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Las previsiones y el presupuesto

El sentido común apunta en la dirección de aplazar el objetivo de déficit del 3% hasta más allá de 2013

Con la publicación de las previsiones de la Comisión Europea para este año y el que viene, el Gobierno parece haberse decidido a elaborar el Presupuesto para 2012, que lleva ya un retraso considerable. Un primer paso ha sido la publicación del déficit correspondiente a 2011. Es conveniente, desde luego, tomar en consideración los datos de Bruselas, pero no hay que olvidar las otras previsiones que se han publicado desde comienzos de año y que coinciden en pronosticar una fuerte caída del PIB en 2012.

 Las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), elaboradas siempre con profesionalidad bajo la dirección de Ángel Laborda, apuntan a una caída del PIB del 1,7% para este año y coinciden en esta cifra con las que hizo en enero el FMI. Por su parte, el Banco de España pronostica una caída del 1,5%, mientras que la Comisión Europea reduce la caída a un punto de PIB. Hay, pues, una coincidencia general en pronosticar una caída, pero lo importante es analizar los supuestos en los que se basan las previsiones, lo que permite valorar mejor su incidencia sobre dos de los grandes desequilibrios de nuestra economía: el déficit de las Administraciones Públicas y el déficit exterior.

Las previsiones de Funcas y del Banco de España se basan, por lo que se refiere a la demanda interna de la economía, en que el Gobierno llevará a cabo un ajuste de 40.000 millones de euros para intentar alcanzar el objetivo de una reducción del déficit público hasta el 4,4% del PIB. Pero a partir de ahí las consecuencias divergen, ya que el Banco de España considera que este objetivo se alcanzará, mientras que el servicio de estudios de las cajas de ahorros prevé que solo se conseguirá reducir el déficit hasta el 5,8%. El argumento en que se basa esta previsión es convincente: la detracción de 40.000 millones de euros de la demanda interna de la economía llevará consigo una reducción adicional de los ingresos del Estado y un incremento automático de los gastos sociales, especialmente los que se refieren al desempleo. Si el Gobierno quiere alcanzar el 4,4% de déficit público este año, la detracción de la demanda interna tendrá que ser bastante mayor que los 40.000 millones, probablemente superior a 50.000 millones de euros.

Se trata de una cuestión importante que requerirá una explicación clara a la hora de presentar los presupuestos para 2012. En la negociación que, aparentemente, se ha abierto con Bruselas es bastante probable que las autoridades comunitarias quieran mantener el objetivo de alcanzar el 3% de déficit público en 2013. Esta es la cuestión realmente importante, ya que la cifra del 4,4%, acordada para 2012 por el anterior Gobierno, solo adquiere su sentido en esta perspectiva. De ser así, hay que tener en cuenta que cuanto menos se ajuste este año, más habrá que ajustar el que viene. El nuevo punto de partida, es decir, el 8,5% de déficit público, no hace sino complicar aún más las cosas. Queda, de todas maneras, la posibilidad de aplazar el objetivo del 3% hasta más allá de 2013: el sentido común apunta en esta dirección, dada la recesión prevista en la eurozona para este año.

Ante las autoridades de Bruselas, las decisiones y las reformas emprendidas por el nuevo Gobierno son argumentos que justifican la voluntad de llevar a cabo seriamente el ajuste de la economía. A lo cual hay que añadir la elevada cifra de paro. Los 40.000 millones (44.000 después del anuncio del 8,5% de déficit) representan cuatro puntos de PIB; ir más allá en un solo año sería peligroso para la estabilidad de la economía a medio plazo, pues el tejido económico se destruye con bastante más facilidad que se crea.

La segunda cuestión se refiere al desequilibrio exterior. Los supuestos de crecimiento de la economía mundial en las previsiones del Banco de España son ligeramente más optimistas que los del FMI, como también lo son las más recientes previsiones de la Unión Europea para la eurozona, que pronostican una caída del 0,3% para este año en vez del medio punto previsto por el FMI. Lo más probable es que el crecimiento de nuestros mercados a la exportación sea apenas positivo, por lo que las exportaciones de bienes y servicios, aun contando con que sigamos ganando cuotas de mercado, será difícil que superen el 3% de aumento. Sin embargo, la caída de la demanda interna (un mínimo de cuatro puntos) provocará una nueva reducción de las importaciones, por lo que existe la posibilidad de que la balanza de bienes y servicios registre un excedente por primera vez en muchos años. No quiere decir ello que vayamos a conseguir el equilibrio de la balanza por cuenta corriente, pues el excedente en bienes y servicios será inferior al déficit conjunto de transferencias y rentas, estas últimas consecuencia del fuerte endeudamiento exterior de nuestra economía. Estamos, desde este punto de vista, en el buen camino, pero aún queda mucho por recorrer.

Las consecuencias para el empleo serán dramáticas, ya que este año el aumento del número de parados podría situarse en el entorno del medio millón de personas. La reforma laboral ayudará a que la situación del empleo mejore en cuanto se aclaren las perspectivas económicas y vuelva el crecimiento, aunque este sea al principio muy modesto. Es razonable pensar que el efecto principal de la reforma será el de rebajar el dintel de crecimiento necesario para crear empleo. Por el momento, con perspectivas de caída hasta la primera parte del próximo año, lo más que puede esperarse es que se frene su destrucción, al facilitar la reforma la viabilidad de muchas empresas que hasta ahora se han visto abocadas al cierre y que en adelante tendrán al menos la oportunidad de ajustar mejor la producción y las plantillas a la demanda de sus productos.

Estos son, básicamente, los problemas que plantean las últimas previsiones sobre la evolución de nuestra economía a corto plazo. Más allá de este horizonte, es razonable pensar que el esfuerzo que se está llevando a cabo permitirá el saneamiento de nuestras cuentas públicas y privadas y la superación de las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria de mediados de la pasada década. Es posible que la crisis financiera haya oscurecido el debate sobre las causas de aquella burbuja, sobre las decisiones que en su día se adoptaron y sobre sus consecuencias. Las reformas emprendidas por el Gobierno se entenderán mejor si sus responsables las colocan en la perspectiva, más general, de la evolución económica a medio plazo.

Este artículo fue escrito antes de la modificación del objetivo del déficit presupuestario para 2012 anunciada el viernes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

 

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