El Gobierno exigirá planes de ajuste a las entidades que reciban ayudas

Problemas nuevos, soluciones viejas. El Gobierno del Partido Popular (PP) utilizará una fórmula de hace dos años y medio para desatascar el problema que vive ahora el sector financiero. El Ejecutivo ofrecerá préstamos a las entidades que no puedan cumplir con las nuevas exigencias de provisiones para el ladrillo, que sumarán 50.000 millones en total. Este diseño se creó en junio de 2009: bautizado como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), recibió duras críticas de Cristóbal Montoro, entonces portavoz de Economía del PP, y ahora ministro de Hacienda.

Los grandes banqueros creen que hay que reducir el sector otro 20%

Montoro dudó de la eficacia del FROB 1, que es el nombre con el que se conoce en el sector a este fondo. Algunos expertos financieros consultados ayer sobre estos planes, también creen que esta medida no desatascará los problemas del sector y puede no gustar a los inversores internacionales porque al no ser capital, el Estado no tendrá presencia en los consejos. El problema es que si el Gobierno inyecta capital computa como deuda. Este plan supone que no se utilizará el Fondo de Garantía de Depósitos de la banca, salvo que alguna entidad no devuelva los créditos.

Economía dejará dos años de plazo para cumplir con las provisiones a las entidades que se fusionen. Previsiblemente admitirá como "en proceso de fusión" los nuevos grupos de cajas que están en formación, incluida Bankia, para darles un respiro. No obstante, el éxito dependerá de que la reforma logre fusiones, se refuercen las entidades y regrese el crédito.

El Gobierno del PP quiere condicionar la recepción de estos préstamos, remunerados al 8%, a duros planes de ajustes de oficinas y plantillas. También se condicionó la ayuda en 2009 y las cajas aceleraron sus fusiones y adelgazaron sus estructuras. Se estima que han cerrado alrededor del 15% de las oficinas y una tasa similar en la reducción de plantillas.

Sin embargo, hasta ahora los esfuerzos no han servido para que el sector tenga una dimensión adecuada al negocio. Según los grandes banqueros, como Emilio Botín, presidente del Santander, y Ángel Ron, del Popular, todavía falta una reducción adicional del 20% en sucursales y empleados. Bruselas también condicionará los préstamos a planes de viabilidad.

Además, habrá exigencias nuevas. El Gobierno controlará las remuneraciones de los ejecutivos que reciban estas inyecciones de capital. Esto no se ha hecho hasta ahora y algunos sueldos de cajas ayudadas han provocado escándalos por su enorme cuantía.

El Ministerio de Economía planea exigir a las entidades no solo que aumenten las provisiones sobre los pisos, promociones y solares que se han quedado por el impago de los créditos, sino también que provisionen parte de los préstamos al sector del ladrillo que están al corriente de pago. Se baraja exigir una provisión genérica del 7% por estos créditos. El suelo podría provisionarse al 80% de su valor de adquisición y las promociones inmobiliarias al 60%. No obstante, todavía se están revisando estas tasas en las consultas del Ejecutivo con el sector.