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La consejera socialista en Novacaixagalicia dimite por el escándalo de las indemnizaciones

Los nuevos directivos de la caja nacionalizada intentarán deshacer los contratos por los que los antiguos altos cargos recibirán 23,6 millones.- Fitch rebaja a la entidad a bono basura y Moody's amenaza con sacar la tijera

El cambio de ejecutivos en las cajas de ahorros está desvelando algunas escandalosas indemnizaciones por despido, sobre todo porque se trata de entidades que han tenido que ser rescatadas con el dinero de todos los ciudadanos. El escándalo de las millonarias cifras que recibieron los ejecutivos de la Caja Mediterráneo (CAM), también intervenida, se repite en Novacaixagalicia, cuyo banco filial ha recibido una inyección de capital de 2.465 millones del Estado, que controla el 93,16%. El escándalo se ha cobrado hoy su primera víctima política con la dimisión como consejera de la entidad de la edil socialista en A Coruña, Mar Barcón, en protesta por las retribuciones pagadas a la antigua directiva.

Ante la llegada de José María Castellano y César González-Bueno, como nuevo presidente y consejero delegado, el anterior equipo ejecutivo pidió su prejubilación. Entre la indemnización y el coste del seguro que cubre el pago del sueldo íntegro hasta el fallecimiento del ejecutivo, la entidad ha destinado 23,6 millones para hacer frente a la salida de tres altos ejecutivos.

Según ha declarado Barcón a Efe, la percepción de estas indemnizaciones es "indecente" y supone un perjuicio enorme para la imagen de la caja". Desde el Gobierno, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, también ha admitido que estas retribuciones son "inadmisibles" y ha abogado por que sean supervisadas. "Personalmente me parece bastante inadmisible, pero legalmente habrá que ver si esas retribuciones se ajustaban a lo que se había dispuesto por parte del consejo y los estatutos", ha afirmado Salgado a su llegada al Ecofin que se celebra hoy en Luxemburgo en declaraciones recogidas por Efe. "Hemos hecho bien en que a partir de ahora las remuneraciones tengan que ser también supervisadas por el Banco de España", ha considerado con vistas al futuro.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que desconocía las retribuciones y las indemnizaciones al tiempo que ha esperado y deseado que Mar Barcón aclare "el porqué y si conocía los detalles de esas indemnizaciones".

Para el principal partido de la oposición, según ha afirmado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, los blindajes suponen una situación "bastante escandalosa". En declaraciones a Antena 3, la también presidente de Castilla-La Macha ha recordado que "eso ha pasado con muchos administraores en muchos ámbitos" y, en el caso de las cajas de ahorro, en CCM que fue "la primera intervenida" y hoy está "denunciada" en la Audiencia Nacional.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que estos pagos "dan vergüenza", pero ha alertado de que "en el fondo hay un compartimiento de dudosa moralidad" de sus directivos, y "también ha habido un gravísimo y escalofriante problema de supervisión". En su opinión, el Banco de España "debería de haber supervisado a las entidades en el pasado, en el presente y tomar decisiones que impidieran que se produjeran un endeudamiento tan brutal y un aumento del riesgo tan brutal"

Por otra parte, Moody's ha asignado a la deuda a largo plazo de Novacaixagalicia una calificación de Baa3, sólo un escalón por encima de la calificación que empieza a ser considerada por la agencia como calidad cuestionable, o lo que es lo mismo, de bono basura. La agencia de medición de riesgos, además, la deja en perspectiva negativa, lo que abre la puerta a nuevos descensos en su nota de solvencia por los "desafíos" que afronta la entidad nacionalizada ante el deterioro de sus activos y recursos y la baja estimación de beneficios. Por la tarde ha sido Fitch quien no se ha andado con medias tintas al asignar un rating de bono basura (BB+) al banco que ha surgido de la integración de las dos cajas gallegas.

Sobre las retribuciones a los antiguos directivos, a José Luis Pego, ex director general de Novacaixagalicia, le ha correspondido una indemnización de 10,8 millones por prejubilarse a los 54 años; al exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, 7,5 millones y al ex director general adjunto, Javier García Paredes, 5,3 millones. A este último directivo le correspondían 10 millones, pero según fuentes próximas a Paredes, renunció a 4,7 millones porque le parecía una cantidad excesiva. Otras fuentes apuntan que Paredes tenía derecho a recibir 12 millones. Estos ejecutivos han pedido todo el dinero en un pago, incluyendo lo que les correspondía por el fondo de pensiones.

Otro responsable, el ex director general adjunto de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, ha percibido 700.000 euros como indemnización, pero además cobrará mensualmente una pensión vitalicia. Se desconoce el coste total que supondrá para la entidad. Estos ejecutivos pueden trabajar en otras empresas.

Pero las indemnizaciones no acaban aquí. Hace un año también abandonó Caixa Galicia José Luis Méndez, el que fuera director general desde 1981 hasta 2010, nada más y nada menos que 29 años. Méndez tuvo que dejar la caja porque el Banco de España no le permitió continuar en la gestión de la entidad fusionada con Caixanova, ya que le hacía responsable de la delicada situación de Caixa Galicia. Se desconoce la indemnización exacta de Méndez, pero fuentes próximas a la entidad comentan que su indemnización es millonaria.

Méndez, que sigue como presidente de la Fundación Caixa Galicia, tiene además derecho a coche, chófer y seguridad privada que también paga la caja gallega. Dos de sus hijos, Yago y José Luis, estaban colocados en la caja como altos ejecutivos y también han abandonado la entidad.

Comisiones Obreras preguntó en el consejo de administración de la caja, celebrado el viernes pasado, por el coste de las indemnizaciones de los altos directivos. La respuesta fue que eran "cuestiones privadas" y no se facilitó la cantidad. UGT y CIG también han insistido en esta cuestión, sin obtener respuesta.

La nueva dirección, que no tiene blindajes en sus contratos, estudia jurídicamente si es posible retrotraer los contratos de estos ejecutivos. Ante el malestar generado, la dirección ratificó la validez de su estrategia, que cuenta con el apoyo del Banco de España. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al igual que en la CAM, investigará los detalles jurídicos de los acuerdos firmados justo antes de la intervención.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas creen muy difícil que devuelvan las cantidades percibidas ya que se ajustarán a contratos aprobados por la comisión de retribuciones y serán legales.