Portugal suspende el proyecto del AVE entre Lisboa y Madrid
El nuevo Gobierno de Passos Coelho presenta un amplio paquete de medidas de ajuste para reducir el gasto público
El programa del nuevo Gobierno de centro-derecha portugués, que encabeza Pedro Passos Coelho, contempla la suspensión del proyecto de alta velocidad (AVE) entre Lisboa y Madrid, dentro de un amplio paquete de medidas de ajuste para reducir el gasto público. La decisión "tendrá en cuenta el estatuto jurídico de los contratos ya firmados", precisa el programa que el Ejecutivo ha entregado este martes al Parlamento, y podrá ser reevaluada en el futuro. Durante la reciente campaña electoral, la suspensión del AVE fue uno de los caballos de batalla del nuevo primer ministro. En el mismo apartado de grandes proyectos de obras públicas, el programa de Gobierno de Passos Coelho señala que se analizará "la oportunidad de la construcción de un nuevo aeropuerto en el área metropolitana de Lisboa", que estaba prevista por el anterior Ejecutivo del socialista José Sócrates.
El Gobierno de coalición del Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social (CDS) ha entregado al Parlamento su plan de acción, que sigue las líneas del duro programa de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea, a cambio de un préstamo de 78.000 millones de euros. El listado de medidas incluye la privatización de importantes empresas públicas como la compañía aérea de bandera TAP, la eléctrica EDP, las Redes Energéticas Nacionales (REN) y uno de los dos canales de la televisión público RTP. Asimismo, pondrá fin a los derechos preferenciales (acción de oro) que el Estado mantiene en algunas empresas privatizadas, como Portugal Telecom (PT).
El Gobierno se compromete a reducir sustancialmente lo que denomina "Estado paralelo", y para ello durante los primeros 90 días de su mandato realizará una reevaluación minuciosa de los institutos, fundaciones, entidades públicas empresariales o mixtas, tanto de la Administración central, regional y local. Una de las medidas en este ámbito será la extinción de los cargos de gobernadores civiles. El Tribunal de Cuentas asumirá funciones cada vez más fiscalizadores, a fin de mejorar el control de todos los organismos que reciben fondos públicos.
"Se trata de un programa sobrio y realista por cuatro años, para reducir el peso de la máquina del Estado", asegura el Gobierno, que pretende despolitizar el proceso de reclutamiento de los cargos dirigentes más importantes.
Destaca en educación la evaluación, a través de un examen, de los conocimientos de los candidatos a profesores, una medida que intentó aplicar el anterior Gobierno, y que tropezó con la resistencia de los sindicatos del sector, hasta el punto de que le costó al puesto a la ministra de Educación María Lourdes Rodrigues.

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