Marsans y el Estado argentino, citados por el juez que lleva la quiebra de Aerolíneas

Los accionistas de Aerolíneas Argentinas, Marsans y el Estado argentino, tendrán que verse cara a cara la semana próxima ante la Justicia argentina para resolver la difícil situación financiera de la línea aérea.

Así lo dispuso ayer el juez a cargo del proceso de suspensión de pagos que inició Aerolíneas en 2001, Jorge Sicoli, después de que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y tres de los siete sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa le pidieran formalmente que designara un interventor en ella.

Tal como había prometido el pasado miércoles a los sindicalistas, la Secretaría de Transporte de Argentina presentó ayer la petición de intervención judicial de Aerolíneas, cuyo 95% pertenece a Marsans y el 5% restante al Estado argentino. Sucede que la línea aérea de bandera de Argentina debe la nómina de junio, cinco meses de contribuciones a la Seguridad Social y acumula una deuda total de 400 millones de dólares.

Frente a la reclamación del Gobierno, el juez convocó para el martes a los directores de Aerolíneas de ambas partes. La petición de intervención judicial de Aerolíneas se produce en momentos en que se complica la concreción de la venta del 36,4% de la compañía de Marsans al naviero argentino Juan Carlos López Mena, una operación impulsada por el Gobierno de Fernández de Kirchner, interesado en la argentinización de empresas extranjeras, como sucedió con parte de la petrolera YPF.

El vicepresidente segundo del Gobierno español y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se refirió el miércoles en Santander al conflicto de Marsans en Aerolíneas: "Estamos hablando de una empresa privada que sé que ha estado negociando con el Gobierno argentino, aunque no sé en qué términos. Si el ingreso de capital argentino es pactado, no tenemos nada que objetar. En general, lo que hemos aprendido es que el inversor privado demanda normas claras y estables. Cuando esto cambia y no se explican las razones, lógicamente los inversores piensan en hacer negocios en otros países con reglas más estables".

Uno de los líderes sindicales que se presentó ayer en los tribunales, Edgardo Llano, expresó el rechazo a Marsans: "No puede estar un minuto más en el país". Cinco de los siete sindicatos se comprometieron el miércoles ante el Gobierno a no realizar huelgas durante los próximos dos meses, el período que puede durar la intervención judicial.

Ayer se cancelaron cinco vuelos nacionales de Aerolíneas y la línea local Austral (100% de Marsans), en tanto que otros siete se demoraron, pero las compañías alegaron problemas de niebla en Buenos Aires y desestimaron la posibilidad de medidas de fuerza.