Los trabajadores del aceite toman el relevo en las protestas de Bolivia con bloqueos y paros

La normalidad en la ciudad boliviana de Sucre, tras la jornada de violencia registrada el martes, contrastó ayer con los conflictos sociales que se desplazaron hacia el este y sur del país, donde se registran bloqueos y huelgas.

Sucre desarrolló sus actividades sin trabas, con el edificio de la prefectura cerrado, aunque vigilado por grupos universitarios y ciudadanos que no desean que el gobernador interino Ariel Iriarte, designado por el Gobierno de Evo Morales, vuelva a su despacho.

Más de 12.000 camioneros del sector aceitero de todo el país impidieron el acceso a recintos aduaneros en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y bloquearon algunos puntos fronterizos, según la prensa local, como medida de presión para que Morales derogue un decreto que prohíbe la exportación de aceite vegetal mientras no se garantice el abastecimiento del mercado interno, que ha visto duplicarse el precio en pocas semanas.

Para vigilar esta suspensión temporal de exportaciones, el Gobierno ha dispuesto una estricta vigilancia militar y policial que evite la fuga del aceite hacia la frontera y la venta a granel a mitad del precio actual (0,85 euros el litro, frente al precio comercial de 1,50 euros), especialmente en los barrios pobres de las principales ciudades bolivianas.

La ministra de Desarrollo Agropecuario, Susana Rivero, exhortó a los agroindustriales a dialogar con el Gobierno para garantizar la provisión de aceite al mercado local.

Las cámaras agropecuarias del Oriente, de Exportadores y de Empresarios de Santa Cruz se reunieron el martes en esa ciudad con los representantes de cerca de 14.000 productores de soja y girasol, de los transportistas y de los fabricantes de aceite para poner en marcha medidas de defensa contra el decreto gubernamental, que, en su opinión, pone en peligro la existencia del sector.

En la reunión se decidió bloquear las carreteras, ocupar los recintos aduaneros y prohibir al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, negociar o acudir a cualquier diálogo convocado por el Gobierno.

"Hay una excesiva intencionalidad política que hace intolerable la situación", dijo el empresario cruceño Mauricio Roca. "Los empresarios cruceños actúan sin visión de patria", replicó el ministro del Interior, Alfredo Rada.

Las medidas gubernamentales han sido interpretadas por los empresarios de Santa Cruz como un intento de impedir a toda costa la convocatoria de un referéndum sobre el estatuto autonómico de Santa Cruz, fijado para el 4 de mayo.

Las exportaciones de los derivados industriales de soja y girasol suponen 200 millones de dólares al año y son el capítulo más importante en las ventas de productos no tradicionales de Bolivia.